Cataluña, república invalida

Miles de manifestantes colmaron las calles de Barcelona, en protesta por la acción de los uniformados enviados por el gobierno central para reprimir la celebración del referéndum del domingo pasado. Pero esa aparente unanimidad no cambia el hecho de que la declaración de independencia unilateral de Cataluña no tendría validez porque las leyes catalanas que la soportan fueron suspendidas por la Corte Constitucional de España. El pulso entre los independentistas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy sigue lanzando chispas y exacerbando los odios. Y solo hay acuerdo en que esta es la mayor amenaza a la democracia española en sus 39 años de historia.

Los enfrentamientos televisados entre policías y ciudadanos causaron repudio dentro y fuera de España y elevaron el conflicto regional al plano internacional. Así los independentistas lograron presentarse ante el mundo como víctimas de un “Estado opresor”.

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Pero las cifras no son claras. El gobierno catalán aseguró que las cargas policiales el día del referéndum dejaron 893 personas heridas, y el de Madrid sostuvo que 431 agentes fueron agredidos con violencia. Pero como SEMANA pudo confirmar el jueves, solo cuatro civiles estaban hospitalizados en Cataluña (dos de ellos graves) y ningún policía había recibido heridas considerables, si bien algunos de ellos sufrieron golpes, arañazos e incluso mordiscos.

El problema se agravó en los últimos días con la fuga de empresas catalanas hacia otros lugares del país debido a la inseguridad jurídica que rige en Cataluña. El Banco Sabadell cambió su domicilio social a Alicante y el grupo de biotecnología Oryzon se mudó a Madrid. Ambas empresas resultaron premiadas por las bolsas de valores con grandes subidas en el precio de sus acciones.

El delirio

El gobierno catalán, dominado desde 2015 por los partidos separatistas, ha convertido el tema de su independencia en un delirio colectivo a fuerza de desatar emociones en todos los estamentos. El referéndum del 1 de octubre no podía realizarse porque la Corte Constitucional de España dejó sin efecto, por varias causales comprobadas, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (de Cataluña), pero el presidente Carles Puigdemont y los suyos siguieron adelante. Ignoraron el fallo vinculante y utilizaron los medios de comunicación para alentar a los ciudadanos a participar en unos comicios que sabían inválidos, y esto derivó en los enfrentamientos.

“Puigdemont y los independentistas han prometido algo que no pueden cumplir. Lo saben desde el principio, pero siguen alentando a los catalanes a luchar por la ‘libertad’ y continúan saltándose las leyes sin importarles más que su propio delirio”, dijo a SEMANA Javier Robles, sociólogo de la Uned, la universidad más grande de España. “Ahora las calles de Cataluña están tomadas por este clima de delirio, pero tarde o temprano algunos despertarán a la realidad y esto producirá una enorme frustración cuyas consecuencias podrían ser imprevisibles si tomamos en cuenta que Cataluña ha sido la mayor cuna de anarquistas de España”, sostuvo.

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El sueño de la república de Cataluña que aviva el fuego de este conflicto es antiguo. En 1641 el presidente regional, Pau Claris, proclamó la República Catalana, pero solo duró una semana. En 1931, el gobierno regional de Francesc Macià hizo lo mismo, pero su Estado duró solo tres días. Ahora Puigdemont quiere pasar a la historia, pero una república independiente sin ejército, sin moneda y sin presupuesto propio no es más que una falacia.

“El mayor éxito de Puigdemont y de Arthur Mas (líderes del Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT) con toda esta soflama independentista es hacer olvidar los casos demostrados de corrupción de su partido”, aseguró la politóloga Olivia Granados, de la Universidad Complutense de Madrid. El PDeCAT es el nombre nuevo del partido conservador CiU (Convergència i Unió), que ha gobernado Cataluña durante los 39 años de democracia, bajo el control de la familia de Jordi Pujol, algunos de cuyos miembros están hoy en la cárcel por corrupción. Pujol cobraba el 3 por ciento a todas las empresas que contrataba el gobierno de Cataluña. “Puigdemont y Mas, aunque tienen rabo de paja, quieren pasar a la historia como ‘libertarios’ y no como corruptos como le sucedió a la familia Pujol”, enfatizó Granados a SEMANA.

Diálogo y mediación

La Unión Europea y el Parlamento Europeo han pedido diálogo entre Puigdemont y el presidente Mariano Rajoy, y se han negado a mediar en el conflicto porque consideran que el gobierno catalán se saltó las leyes constitucionales de España al convocar el referéndum. En el Parlamento Europeo solo los partidos nacionalistas de ultraderecha apoyan a los independentistas catalanes. Los demás partidos piden a Puigdemont volver a los cauces legales como paso indispensable para establecer un diálogo que ponga fin al conflicto.

El rey Felipe VI intervino sorpresivamente con una alocución televisada para pedir al gobierno catalán acatar las leyes constitucionales. Puigdemont, en respuesta, lo acusó de ponerse del lado de Rajoy y de negar el derecho a decidir al pueblo catalán. Puigdemont y los independentistas insisten en magnificar su papel de víctimas de un Estado español injusto.

El impacto del desafío separatista no solo afecta a la política, sino también a la economía. El gremio de empresarios de Cataluña cifra en más de 8.000 las compañías que han huido en el último lustro en busca de seguridad jurídica en otros lugares de España. El presidente del gremio Empresaris de Catalunya, Josep Bou, enfatizó que los empresarios necesitan una negociación urgente y un acuerdo. “En estos momentos no se puede hacer nada. Los nacionalistas quieren llegar a acuerdos por fuera de la ley y eso no es posible. El gobierno catalán tiene que volver a la senda del Estatuto de Cataluña y de la Constitución española vigentes”, señaló Bou.

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Desde Madrid y las instituciones de la UE, todos demandan a Puigdemont regresar a la legalidad y a la Constitución como paso previo al inicio del diálogo. Pero el concepto de diálogo de los independentistas difiere del habitual. “Puigdemont no se ha movido y parece que no se moverá, pues esa es su posición de mayor fuerza”, indicó a SEMANA Sergi Puig, politólogo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. “Él sabe que cuanto más firme se muestre, más obtendrá, y por eso se sigue saltando las leyes con el fin de elevar su posición de fuerza. Su delirio y el de los que lo acompañan ha causado mucho daño y causará aún más daño al pueblo catalán”, precisó.

La última opción, y la peor, que tiene Rajoy para resolver este problema es aplicar el artículo 155 de la Constitución que le permite al gobierno central suspender la autonomía de las regiones que salgan de la legalidad. Así, la Comunidad Autonómoma de Cataluña quedaría suspendida y Puigdemont y los demás líderes independentistas terminarían en la cárcel. Pero esta medida sería aún más salvaje y humillante que las cargas policiales, y generaría un clima más enrevesado y hostil.

“El orden público en Cataluña está alterado y las calles se han convertido en trincheras de odio a todo aquel que no piensa como tú”, señaló a SEMANA el analista Joan Laport, de la Universidad de Barcelona. “Esto solo se cura con tiempo, mucha democracia, diálogo y, al final, un acuerdo que permita a los catalanes expresarse sobre su pertenencia a España. Y esa consulta no tiene por qué celebrarse mañana, ni pasado, sino en un plazo de uno o más años, cuando el río esté más sosegado y las personas puedan votar con absoluta libertad”, dijo.

Los analistas entrevistados por SEMANA coinciden en afirmar que el conflicto de Cataluña se ha agravado porque en ambas partes rigen “políticos de bajo nivel”. Puigdemont y Arthur Mas están obsesionados con su delirio de independencia “sea como sea”, mientras Rajoy se refugia en el inmovilismo, creyendo que el tiempo y la inacción lo sanan todo. Ambas partes solo toman en cuenta el corto plazo y piensan en las siguientes elecciones, donde esperan ganar más votos. Pero un fenómeno tan profundo e histórico como el nacionalismo catalán no puede resolverse en el corto plazo.