Indígenas de América Latina exigen el fin de la criminalización de sus protestas

Suscrito en 2018 por 24 países, el acuerdo estipula que los gobiernos deben garantizar que los defensores del medioambiente “puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”, pero América Latina es la región más peligrosa para la defensa del planeta.

“Los indígenas amazónicos somos perseguidos” en Perú, dijo a la AFP la dirigente Elaine Shajian Shawit, de la región selvática de Loreto. “La gente sale a las calles a protestar para que sean protegidos sus territorios, sus ríos, pero son denunciados penalmente”, agregó en un foro regional sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

La líder maya guatemalteca Kelidy Sacbá Coc también se quejó de que en su región natal, Alta Verapaz, las manifestaciones contra las centrales hidroeléctricas son reprimidas. “Se sufre mucho con las hidroeléctricas”, expresó a la AFP.

Quejas similares expusieron indígenas de diversos países en este foro organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) en seguimiento al Acuerdo de Escazú, ratificado hasta ahora por 15 países.

“Trajimos las voces indígenas de Perú, los indígenas por lo general sufren de actividades ilícitas, como el cultivo de coca, minería ilegal, tala ilegal”, dijo Cussi Alegría, de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

“En algunas zonas hay mayor actividad de empresas mineras y en otras petroleras, que causan estos impactos en el ambiente y en algunos casos la protesta ha sido criminalizada”, indicó Alegría a la AFP.

Mapa de conflicto

Carlos de Miguel, miembro destacado de la Secretaría del Acuerdo de Escazú en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), resaltó con preocupación la situación en 2022, que reveló un inquietante patrón de violencia contra defensores del medio ambiente, con un alarmante 90% de los asesinatos a nivel global ocurriendo en América Latina. Estas cifras alarmantes se basan en un informe impactante proporcionado por la organización no gubernamental Global Witness.

“Si observamos detenidamente el mapa de América Latina, se convierte en un mapa delineado por conflictos socioambientales. Además, cuando evaluamos los informes más recientes sobre defensores de los derechos humanos en cuestiones ambientales, nos encontramos con una estadística impactante: el 88% de los asesinatos a nivel mundial tienen lugar en la región de América Latina y el Caribe”, enfatizó De Miguel.

El informe de Global Witness destaca que Colombia se erige como el país más peligroso, registrando la desgarradora cifra de 60 de los 177 asesinatos documentados en todo el mundo durante el año 2022.

De Miguel subrayó que las víctimas no se limitan únicamente a indígenas comprometidos con la protección ambiental, sino que también incluyen a guardaparques, funcionarios y empresarios que han pagado un alto precio por defender el entorno natural en la región. La situación es crítica y exige una respuesta global para abordar esta crisis de violencia contra aquellos que trabajan incansablemente por un futuro más sostenible en América Latina y el Caribe.

Al foro asistieron indígenas de Chile, México, El Salvador, Colombia, Perú, Guatemala, entre otros, así como de varias naciones caribeñas.

Historia de derrotas

En el plenario entregó su testimonio el abogado chileno Carlos Baraona, quien vivió un calvario tras denunciar la tala ilegal de árboles en el sur de su país. “Yo no era activista, el caso mío es bien atípico, pues yo era un abogado independiente que trabajaba con el mundo privado”, contó Baraona a la AFP.

Mientras hacía un estudio de títulos de un predio forestal en 2004, Baraona descubrió tráfico ilegal de alerce, un árbol protegido, manejado por funcionarios forestales que “seguían las instrucciones de un senador”. El abogado denunció el hecho en una entrevista de televisión, pero se ganó una querella del senador. Fue condenado por injurias a 360 días de prisión, aunque cumplió la pena en libertad.

“Pasé por tres juicios penales y un juicio civil con demanda millonaria”, recordó el abogado de 56 años. Su caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, que condenó a Chile en 2022 al invocar que el Acuerdo de Escazú protege a los defensores del ambiente.

“Para mí esto es una larga historia de derrotas, pues fracasé en todos los juicios, hasta que la Corte consideró que soy una víctima y que Chile es culpable”, señaló Baraona.

Líder inspiradora

Los asistentes al foro vieron el documental “La ilusión de la abundancia”, de la documentalista colombiana Érika González, sobre tres ambientalistas latinoamericanas, entre ellas la hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016.

En junio de 2022, un tribunal hondureño condenó a 22 años y seis meses de cárcel a un directivo de una hidroeléctrica por el asesinato de Cáceres, férrea opositora del proyecto que esa empresa desarrollaba en territorio indígena.

“Berta Cáceres ha sido una defensora ambiental muy inspiradora. Berta no se murió, se multiplicó. De hecho, yo me siento una semilla de ella”, dijo González a la AFP. Aunque promovió el Acuerdo de Escazú, Costa Rica ha desestimado ratificarlo. Chile, que también lo impulsó, lo hizo en 2022.

*Con información de AFP.