Inicia el juicio en Nueva York contra el expresidente de Honduras, acusado por proteger narcotraficantes

Después de conformarse el jurado que determinará el destino del exmandatario (2014-2022), tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus argumentos antes de iniciar los testimonios. El primer testigo, un excontable de una planta arrocera que ya había declarado en los juicios del hermano del expresidente, Tony Hernández, y su socio Geovanny Fuentes, ambos sentenciados a cadena perpetua, fue llamado a declarar.

El fiscal David Robles se dirigió al jurado, compuesto en su mayoría por personas con educación superior, advirtiéndoles que el caso trata sobre “poder, corrupción y tráfico masivo de cocaína”.

“Este poderoso político mantenía en público un discurso en el que decía que combatía el tráfico de droga y por la puerta de atrás se asociaba con los narcotraficantes” para proteger el envío de droga a Estados Unidos, recalcó, “abusando” del apoyo del ejército, la policía y la justicia, a cambio de “millones de dólares en sobornos”, afirmó.

El cartel mexicano de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, contribuyó con “millones de dólares” a su cuestionada segunda campaña para la reelección en 2017, según la fiscalía neoyorquina.

Así mismo, el fiscal recordó que Honduras es un lugar de paso fundamental para la droga que se produce en Sudamérica, sobre todo en Colombia, antes de transitar por México con destino final a territorio estadounidense.

La fiscalía acusa al abogado y político de 55 años, que se convirtió en el primer presidente reelecto desde el regreso de la democracia en 1981 por el Partido Nacional de Honduras, de haber protegido a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Empezó cuando presidía el Congreso.

Se imputan al exmandatario tres cargos específicos: conspiración para el tráfico de drogas y armas, así como posesión de armas. En caso de ser declarado culpable de todas las acusaciones, podría enfrentar una condena de cadena perpetua más 30 años, siguiendo la senda de Tony Hernández y Fuentes. El fiscal subrayó la lucratividad del negocio de facilitar la entrada y salida de cocaína en Honduras.

En contraposición, la defensa instó al jurado a no aceptar de manera indiscriminada las afirmaciones de la fiscalía, especialmente las provenientes de los principales testigos, muchos de los cuales han sido condenados y recibirán reducciones de pena a cambio de su colaboración. Argumentaron que estas declaraciones podrían estar motivadas por la “venganza” hacia la persona que selló su destino.

Sobre todo, que se atengan a un hecho: cuando Hernández asumió la presidencia, Honduras era “la capital” mundial de los homicidios y el 87% de las drogas que llegaban a Estados Unidos pasaba por ese país centroamericano, eso disminuyó en un 50% y un 80%, respectivamente, durante su gobierno, que promovió “docenas de leyes”, como la legislación contra el lavado de dinero o permitir la extradición, que ha facilitado el envío de 38 personas a Estados Unidos desde 2014 acusadas de narcotráfico, según sus abogados.

También, continuaron, la creación de una fuerza especial en la policía para luchar contra el tráfico de estupefacientes, política que le valió incluso los elogios de Washington durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021).

“No verán ningún video de recepción de dinero, ni correos electrónicos, ni mensajes, ni ninguna señal de riqueza personal” que confirme las acusaciones de la fiscalía, señaló su defensa.

El primer testigo de la fiscalía, José Sánchez, que durante 15 años fue contable de la empresa Graneros Nacionales, situada cerca de Puerto Cortés, el principal muelle de Honduras, recordó haber visto al entonces mandatario y a Fuentes reunidos en dos ocasiones en la sede de dicha empresa para hablar de droga y de proteger a “quien la proporcionaba”.

Repitió lo que había dicho en juicios previos, que el acusado le dijo a Fuentes: “Le vamos a meter la droga en sus narices (a los estadounidenses) y no se van a dar ni cuenta”. Aunque no está obligado a hacerlo, la defensa, en un intento de jugarse el todo por el todo, prevé que el expresidente suba al estrado. “No hay obligación de tomar esta decisión ahora”, aconsejó el juez Kevin Castel, que instruye el caso.