Iniciativa Democrática de España y las Américas reprocha a Venezuela por “instigar” protestas en Colombia

Los exjefes de Estado y de Gobierno agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) rechazaron la supuesta injerencia del gobierno de Venezuela y de grupos armados al margen de la ley en las jornadas de protesta que se han adelantado en Colombia desde hace un par de semanas.

Los exmandatarios defendieron el derecho a la protesta “como clara expresión de la vocación asociativa de toda persona”, que “es parte inherente a la dignidad humana y concreta el reconocimiento del pluralismo dentro de una sociedad democrática. La manifestación como modalidad de ese derecho se encuentra íntimamente vinculada con los derechos a la expresión y a la participación y asociación políticas”.

“De tal modo que, sin ser un derecho absoluto, su tutela por un Estado de derecho se sostiene mientras la finalidad sea lícita, al igual que los medios con los que pretenda alcanzarse, dentro de las justas exigencias del bien común en la democracia”, indicaron en una declaración conocida este miércoles.

“Las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar en Colombia han de favorecerse y no reprimirse, pues son parte del diálogo democrático necesario. Pero tratándose de las manifestaciones violentas y de bloqueo de vías en curso que afectan los derechos humanos de terceros, atentatorias contra el orden público, la misma democracia y el imperio del Estado de derecho, han de ser limitadas y, de ser el caso, cuando median objetivas amenazas del derecho a la vida e integridad personal de terceros, han de ser contenidas en la medida proporcional que autorizan los tratados internacionales sobre derechos humanos”, señalaron.

Los exjefes de Estado y de Gobierno indicaron que “acompañan” al “pueblo colombiano es su reclamo de paz y del cese de la violencia por los sectores minoritarios, que vandalizan bienes públicos y privados e incluso intentan cegar la vida de los funcionarios responsables del mantenimiento del orden público”.

“Esperamos que los órganos de Administración de Justicia ponderen con independencia e imparcialidad las violaciones convencionales de derechos humanos ocurridas y en las que hayan incurrido sean los manifestantes violentos, sean las autoridades que hayan hecho un uso ilegítimo y desproporcionado de fuerza, en contravención de los Principios de Naciones Unidas”, indicaron.

Al referirse a la supuesta injerencia de grupos armados ilegales y de gobiernos extranjeros en estas protestas, aseguraron que “condenan” a los “actores internos que, dentro de Colombia, aliados de los grupos narcoguerrilleros aún en insurgencia contra el orden constitucional y democrático, se han dicho patrocinadores de las manifestaciones violentas ocurridas”.

Tal y “como lo hacemos con relación a las autoridades del gobierno dictatorial de Venezuela que, públicamente, vienen instigando la violencia insurreccional contra el gobierno democrático, constitucional y legítimo de Colombia, presidido por Iván Duque”.

“Instamos a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al sostenimiento estricto, en ejercicio de sus competencias, de la tríada inseparable que forman la protección de derechos humanos, las instituciones de la democracia, y el Estado de derecho, en cuyo defecto las víctimas de violaciones quedan inermes y sujetas al huracán de la violencia socialmente disolvente e insurreccional”, puntualizaron en el documento.

El comunicado está suscrito por los expresidentes y exjefes de gobierno Oscar Arias, de Costa Rica; José María Aznar, de España; Nicolás Ardito Barletta, de Panamá; Enrique Bolaños, de Nicaragua; Felipe Calderón H., de México; Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica; Alfredo Cristiani, de El Salvador; Vicente Fox Q., de México, y Eduardo Frei T., de Chile.

Así mismo, por Osvaldo Hurtado, de Ecuador; Luis Alberto Lacalle H., de Uruguay; Jamil Mahuad, de Ecuador; Mauricio Macri, de Argentina; Mireya Moscoso, de Panamá; Andrés Pastrana A., de Colombia; Ernesto Pérez Balladares, de Panamá; Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Álvaro Uribe V., de Colombia, y Juan Carlos Wasmosy, de Paraguay.