Investigan ejecuciones extrajudiciales en México

Siete militares fueron acusados ante un juez civil por delitos ligados a la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, en el suroeste de México, el pasado 30 de junio, informaron autoridades.

El Consejo de la Judicatura Federal informó el domingo en un comunicado que la presentación ante el juez tuvo lugar ceca de la medianoche del viernes.

A todos se les acusa de "ejercicio indebido del servicio público", pero solo a tres, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, se les imputa "homicidio calificado en agravio de ocho personas", abuso de autoridad y "alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo".

A otro de sus compañeros, Ezequiel Rodríguez Martínez, se le acusa de encubrimiento "en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito".

Los tres militares que quedan solo con la acusación más leve son Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz y Samuel Torres López.

Los siete miembros del ejército mexicano permanecerán en la prisión militar de ciudad de México, donde están encarcelados desde el pasado 25 de septiembre.

Las autoridades habían sostenido que en el incidente tachado en un primer momento de "enfrentamiento", participaron siete soldados y un teniente, pero en el comunicado del poder judicial del domingo solo se hace mención a siete personas y no a ocho, y por primera vez se hicieron públicos sus nombres.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, al dar a conocer los resultados de una investigación propia el pasado 21 de octubre, dijo que al menos 15 personas, de las 22 que murieron ese día, habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por soldados tras un enfrentamiento en una bodega de San Pedro Limón, una comunidad de la municipalidad de Tlatlaya, en el Estado de México, y a más de 200 kilómetros al suroeste de la capital del país.

Sin embargo, sólo en las acusaciones presentadas ante el juez se especificó que quienes murieron víctimas de homicidio fueron sólo ocho personas.

La comisión, un organismo oficial, también constató intentos de autoridades civiles y castrenses de encubrir los hechos.

"(Es) una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se pueden cometer", dijo su presidente, Raúl Plascencia, cuyo informe contradice afirmaciones previas sobre lo que ocurrió ese 30 de junio y revela que funcionarios de la fiscalía del Estado de México, que inicialmente investigó los hechos, también incurrieron en torturas y agresiones sexuales contra al menos dos de tres mujeres que sobrevivieron.

Una de las sobrevivientes dijo hace algunas semanas que solo un individuo había muerto en un tiroteo inicial, y que los 21 restantes, incluida su hija de 15 años, habían sido asesinados por soldados cuando ya se habían rendido.

El caso Tlatlaya fue el primero de una serie de sucesos que han puesto en entredicho el compromiso de México con los derechos humanos. EE. UU., Naciones Unidas, la Unión Europea y numerosas organizaciones nacionales e internacionales han exigido al gobierno mexicano una investigación rápida e independiente para esclarecer los hechos.