Invierno en Bolivia deja 13 muertos y más de mil familias damnificadas

Las intensas lluvias que azotan gran parte de Bolivia dejan hasta el momento más de 13 fallecidos y 1.000 familias damnificadas, según cifras oficiales publicadas este domingo.

“Hay más de 1.000 familias damnificadas, tenemos el reporte de 13 personas fallecidas y de más de 3.000 hectáreas con afectación de consideración”, declaró el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, a la red de emisoras estatales.

Calvimontes detalló que la situación en el departamento de Santa Cruz es “muy crítica” por las crecidas de los ríos Ichilo, Grande y Piraí que inundaron zonas pobladas y áreas de cultivos de granos y oleaginosas.

En cuatro poblaciones del municipio cruceño de San Julián hay 32 personas que quedaron incomunicadas y que serán evacuadas en las próximas horas en un operativo aéreo, agregó Calvimontes.

Los partes meteorológicos alertaron sobre lluvias intensas en los departamentos del sur del país: Potosí, Chuquisaca y Tarija.

Los noticieros de televisión han difundido imágenes de desbordes de ríos en las ciudades La Paz y Cochabamba. Algunas rutas en todo el país fueron parcialmente interrumpidas a causa de derrumbes que obstruyeron las plataformas.

La época de lluvias en Bolivia se extiende desde noviembre hasta marzo.

Lluvias también azotan a Brasil

Más de 11.000 personas fueron desplazadas y casi 4.200 necesitaron refugio a causa de inundaciones causadas por intensas lluvias en 19 municipios del estado brasileño de Bahía (noreste), informaron las autoridades locales.

Las fuertes lluvias en la región desde el inicio de noviembre han causado 17 muertes, la última registrada el jueves pasado, según un balance de la Superintendencia de Protección y Defensa Civil de Bahía (Sudec).

Un total de 66 municipios se encontraban en situación de emergencia por las tormentas en las últimas horas, según Sudec.

En la veintena de ciudades golpeadas por el fenómeno climático en las últimas horas, entre ellas Guaratinga, Itororó y Coaraci, el número de desalojados llegó a 11.260 y el de personas que necesitaron refugio de las autoridades ascendió a 4.185, según los datos de Sudec del viernes de noche.

Los gobiernos federal y estatal montaron el sábado una operación conjunta, con la colaboración de otros estados, para movilizar personal, aeronaves y equipamiento, y brindar socorro a los habitantes en las zonas inundadas.

“Estamos totalmente movilizados, tomando todas las medidas, para asegurar el apoyo necesario a las víctimas de las fuertes lluvias que golpearon a Bahía esta Navidad”, dijo el sábado en un mensaje de video el gobernador de Bahía, Rui Costa, al anunciar la creación de una base de apoyo en Ilhéus, en el sur del estado.

Además, se registraron anegamientos e interrupciones de tráfico en 17 carreteras, algunos con deslizamientos de tierra o derrumbes de piedras, informó la Secretaría de Infraestructura estatal.

En una muestra de la gravedad de la situación, Salvador, la capital de Bahía, acumuló hasta el viernes 250 mm de lluvia en el mes, cifra que representa cerca de cinco veces más que la media histórica de 58 mm para diciembre, indicó la Defensa Civil de la ciudad.

Pero el problema con el cambio del clima no es lo único preocupante en este país, pues durante este año la deforestación en la Amazonia brasileña aumentó casi un 22 % entre agosto de 2020 y julio de 2021, marcando un récord en los últimos 15 años, según datos oficiales, una tendencia que el gobierno de Jair Bolsonaro promete revertir con acciones más “contundentes”.

La tala en la mayor selva tropical del planeta totalizó 13.235 km² en el período 2020-2021, el mayor valor desde 2005-2006 (14.286 km²), según registros del sistema de vigilancia de deforestación Prodes, del brasileño Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Es el tercer aumento anual bajo mandato del presidente Bolsonaro, quien busca combatir las críticas internacionales que lo responsabilizan de promover estas alzas con políticas que debilitaron la fiscalización en el bioma y su discurso favorable a las actividades extractivas en áreas protegidas.

Las cifras suponen “un desafío para nosotros y tendremos que ser más contundentes en relación con los delitos ambientales. Ciertamente, ampliaremos nuestra actuación” en la región, admitió el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite, en una rueda de prensa en Brasilia a finales de noviembre.