Israel: continúan la protestas contra la reforma judicial por decimotercera semana consecutiva

Miles de israelíes salieron a las calles este sábado 1 de abril en Tel Aviv por décimotercera semana consecutiva para protestar contra el proyecto del gobierno de reformar la justicia, pese a la “pausa” en el proceso legislativo decidida por el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Desde el anuncio del cambio legislativo a principios de enero, decenas de miles de ciudadanos se manifiestan todas las semanas para denunciar el proyecto de ley y protestar contra el gobierno de Netanyahu, uno de los más derechistas de la historia de Israel.

El primer ministro anunció el pasado lunes 27 de marzo una “pausa” legislativa para dar una “oportunidad (…) al diálogo” luego de una jornada de intensificación de las protestas, el inicio de una huelga general y la aparición de tensiones en el seno de la mayoría parlamentaria, a raíz del cese del Ministro de Defensa, Yoav Galant, después de que este sugiriera una detención temporal de la reforma.

El 28 de marzo, tuvo lugar una reunión entre representantes de la mayoría y de dos de los principales partidos de oposición, pero varios analistas ven con escepticismo las posibilidades de llegar a un acuerdo.

Las tres propuestas de Benjamín Netanyahu que motivaron las multitudinarias protestas

Una parte significativa de la población considera que la justicia israelí se encarga más de las minorías que del propio pueblo judío o que sus sentencias son una amenaza para la seguridad nacional. Es esta parte la que ha conformado la mayoría parlamentaria que ha inspirado la reforma de la justicia.

Podemos destacar tres grandes bloques que conforman la parte sustancial del proyecto:

1. La Cláusula de Anulación

Israel es una nación que no cuenta con una constitución escrita, pero tiene lo que se conoce como las leyes básicas. La explicación a esta particularidad la tenemos que buscar en el momento de creación del Estado. Concretamente, cuando David Ben Gurión llegó a un acuerdo (status quo) con los Haredim (ultraortodoxos) para evitar que hubiera una ley civil que estuviera por encima de la divina (Halajá). Por esta particularidad, la Corte Suprema se ha convertido en un verdadero garante de la legalidad en Israel, un hecho que con la reforma quedaría en entredicho, ya que la Knesset tendría capacidad para revocar el veto que la Corte Suprema pone a la legislación cuando esta vulnera los derechos fundamentales o no es conforme a la legalidad. En otras palabras, la reforma propuesta por Netanyahu elimina la función de constitucionalidad de la Corte Suprema.

2. Los cambios en el Comité de Nombramiento Judicial

Desde el año 1953 los jueces son nombrados por un comité compuesto por nueve personas procedentes de diferentes colectivos (Knesset, Corte Suprema, Gobierno y Colegio de abogados). Con la propuesta de Netanyahu, el número se eleva a once miembros, de los cuales 6, es decir, la mayoría, son designados directamente por el gobierno. Los otros cinco saldrían de legisladores independientes (dos) y de los propios jueces (tres). Si la reforma se llevara a cabo, el gobierno, con independencia de su color político, tendría control absoluto sobre el poder judicial, un hecho que si bien siempre es grave, en un país con las particularidades legislativas de Israel es especialmente peligroso.

3. Eliminación del veto sobre los nombramientos ejecutivos

Hasta la fecha, en Israel rige el principio de racionalidad por el que se pueden revocar los nombramientos si existen indicios razonables sobre su legalidad. El caso más famoso ha sido el del líder del partido Shas, Aryeh Deri quien, a pesar de estar inhabilitado para ejercer cargo público por corrupción, había sido nombrado por Netanyahu viceprimer ministro y ministro de sanidad. Algo similar ha ocurrido con el propio Netanyahu, quien está encausado por tres supuestos delitos de corrupción y que en los próximos meses podría afrontar una situación similar a la de Aryeh Deri. De hecho, Netanyahu, si bien no se declaró culpable, sí que aceptó la existencia de un conflicto de intereses y por ello se comprometió a no implicarse en reformas judiciales que pudieran afectarle directamente, algo que ha incumplido.

*Con información de AFP y The Conversation.