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Coronavirus
Jair Bolsonaro será acusado por el delito de lesa humanidad por su manejo de la pandemia
Así mismo, deberá responder por otros ocho delitos por presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia del coronavirus.
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La comisión especial instaurada en el Senado de Brasil para investigar la gestión de la pandemia de covid-19 acusará al presidente, Jair Bolsonaro, de nueve delitos, entre los que destaca crímenes de lesa humanidad.
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Según el informe final, recogido por la prensa brasileña, la comisión también le acusará de la presunta comisión de un delito epidémico; de violación de medidas sanitarias preventivas, charlatanería y publicitar una curación por medios secretos o infalibles según el Código Penal brasileño.
Así mismo, será procesado por prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delito de responsabilidad, y delitos de lesa humanidad, juzgados por el Tribunal Penal Internacional (TPI).
El texto final de la comisión pide 68 acusaciones, entre particulares y empresas. Además de Bolsonaro, la comisión del Senado pide acusar a tres de sus hijos, a ministros, exministros, diputados y empresarios.
De acuerdo con el relator en su informe final, el gobierno federal expuso “deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa”, por lo que pidió la inculpación de Bolsonaro y las demás personas que serían procesadas.
Además de un “deliberado atraso” en la compra de vacunas, “se comprobó la existencia de un gabinete paralelo [que asesoraba al gobierno], la intención de inmunizar la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimularon las medidas no farmacológicas”, como uso de mascarilla (tapabocas) y distanciamiento, indicó el senador opositor Renan Calheiros, responsable de la elaboración del informe.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y que está entre los acusados de difundir informaciones falsas sobre la pandemia, aseguró que se trata de un informe “político”.
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“Es un instrumento de venganza contra Bolsonaro y su familia. Ni mis hermanos ni yo cometimos ningún delito, mucho menos el presidente de la República”, defendió poco antes de la reunión de la comisión.
Está previsto que la comisión vote el informe el próximo martes.
Brasil es uno de los países del mundo más castigados por la pandemia de covid-19, con más de 21,6 millones de personas contagiadas y más de 600.000 fallecidos a causa de la enfermedad.
Bolsonaro ha minimizado repetidamente la gravedad de la pandemia, se ha mostrado crítico con la imposición de medidas restrictivas y ha abogado por el tratamiento de la enfermedad con fármacos cuya ineficacia está demostrada por la ciencia.
“No tenemos culpa de nada”: Bolsonaro
Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro, señalado por una comisión parlamentaria de cometer varios delitos durante la gestión de la pandemia, incluido “crímenes contra la humanidad”, aseguró este miércoles que no tiene “culpa de nada” y que hizo “lo correcto” desde el inicio.
“Sería bueno que la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado) hubiese hecho algo productivo para nuestro país. Pero ocuparon el tiempo de nuestro ministro de Salud, de funcionarios públicos, de personas humildes y empresarios, y no produjeron nada salvo odio y rencor entre algunos de nosotros”, dijo el mandatario durante un acto oficial en el estado de Ceará (norte) pocas horas después de la presentación del informe que lo responsabiliza.
![Un manifestante sostiene el mensaje portugués "Fuera ahora Bolsonaro" durante una protesta contra el manejo del presidente brasileño Jair Bolsonaro de la pandemia de COVID-19, la economía y la corrupción, en el Día de la Independencia en Río de Janeiro, Brasil, el martes, sept. 7, 2021. (AP Photo/Silvia Izquierdo)](https://www.semana.com/resizer/v2/YYOSJEU6YZFENERCITDSTURAQU.jpg?auth=2cb6ca2aa353e9d967984202f071185eebbf755d8e487408e2b38cca30267b62&smart=true&quality=75&width=1280&fitfill=false)
“Sabemos que no tenemos culpa de absolutamente nada. Sabemos que hicimos lo correcto desde el principio”, añadió Bolsonaro, un escéptico de las vacunas que ha criticado reiteradamente el uso de máscaras y las medidas de distanciamiento.
La CPI escudriñó durante seis meses la gestión oficial de la pandemia que dejó más de 600.000 muertos en Brasil, el segundo país más enlutado después de Estados Unidos.
Aunque la Comisión no tiene el poder de hacer denuncias formales, pero el informe será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General o una corte internacional.
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Impacto “simbólico”
Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será “simbólico”, porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un ‘impeachment’ y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.
La popularidad de Bolsonaro se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia, y las encuestas para 2022 lo muestran detrás del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Tras meses de interrogatorios a ministros, funcionarios de gobierno, directores de hospitales y empresarios, la CPI culminó sus sesiones esta semana en un tono más humano al oír a familiares de víctimas del coronavirus.
“Merecemos un pedido de disculpas por parte de la máxima autoridad del país. No es una cuestión de política, estamos hablando de vidas”, dijo entre lágrimas el taxista Márcio Silva, que perdió a su hijo de 25 años.
“Castigar a los responsables”
En un principio, la comisión hurgó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del gobierno para comprar vacunas, o la existencia de un “gabinete paralelo” de médicos y empresarios defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.
En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por “prevaricación” al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, ante la Policía Federal.
O las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el “tratamiento precoz” del coronavirus.
Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad señalada de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus, un escándalo que ha impactado el país.
Con información de Europa Press y AFP