Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, iría a juicio por dos masacres

Una comisión especial del Parlamento de Bolivia sugirió la apertura de un juicio en contra de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, tras presentar su informe final sobre las masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre del año pasado, en medio del revuelo político ante la dimisión del entonces presidente Evo Morales.

“Se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictuosa, por los hechos en Sacaba y Senkata”, indicó el diputado Víctor Borda.

La comisión especial del Parlamento además propuso que se adelante un juicio ordinario en contra del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, del de Defensa, Luis Fernando López, y del excomandante de la Policía, Yuri Calderón, también por los delitos de genocidio y asesinato.

De esta manera, Áñez debería responder por la firma del Decreto Supremo 4078, por medio del cual autorizó a las Fuerzas Armadas a adelantar operativos de orden público, eximiendo a sus miembros de cualquier responsabilidad penal.

En los próximos días, la comisión presentará el informe al pleno de la Asamblea Legislativa para que el juicio siga su curso.

Al enterarse de la decisión de la comisión, Áñez escribió en su cuenta de Twitter: “El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no solo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad”.

La comisión parlamentaria destacó que, en las operaciones policiales y militares después de la renuncia de Morales, fallecieron 37 personas, de las cuales 27 perecieron por disparos.

La situación en Bolivia es tensa pues cientos de manifestantes piden que “una junta militar” asuma el poder tras la reciente victoria electoral del delfín del exmandatario Evo Morales, Luis Arce.

Ante esto, el expresidente Morales pidió desde Argentina, donde se encuentra exiliado, que se respete la Constitución de su país.

“La Constitución es muy clara sobre el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; nosotros, como lo hicimos siempre, respetaremos su institucionalidad”, escribió Morales en Twitter.

“Todas y todos debemos actuar con tranquilidad y en el marco constitucional”, remató.

Cientos de manifestantes marcharon el lunes hasta el cuartel de la Octava División de Ejército en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde pidieron a gritos “auxilio militar” para evitar que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales vuelva al poder.

“No quiero un país comunista”, decía una pancarta, según el diario El Deber de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, 900 km al este de La Paz.

“Yo apoyo la transición constitucional del poder a una junta militar para evitar que se consume un segundo fraude electoral”, decía otro cartel.

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, así como la presidenta interina derechista, Jeanine Áñez, y cuatro misiones de observadores internacionales destacaron que los comicios del 18 de octubre fueron limpios y pacíficos, y que es legítimo el triunfo de Arce, con el 55,11% de los votos.

La semana pasada también hubo otras manifestaciones en Santa Cruz, bastión electoral de la derecha boliviana, y en Cochabamba (centro) para denunciar un supuesto fraude electoral.

En los comicios, el líder cívico derechista de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quedó en tercer lugar con 14%, por debajo del centrista Carlos Mesa, que obtuvo 28,83%, según el conteo final. Morales fue vetado de participar en estos comicios.

Tras las elecciones de octubre de 2019, en la que un cuestionado conteo otorgaba a Morales un cuarto mandato consecutivo, hubo protestas para denunciar un fraude que condujeron a su renuncia tres semanas después. Estos comicios fueron anulados.

Con información de agencias Anadolu y AFP.