Venezuela: Grito de libertad

Venezuela transita por senderos inexplorados. Juan Guaidó empezó a dar los primeros pasos de su autoproclamada presidencia. El mandatario interino ha designado representantes en el exterior, se ha convertido en interlocutor de otros jefes de Estado y ha tomado decisiones como jefe del Gobierno. En su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, asumió como encargado de la Presidencia de la República al considerar que Nicolás Maduro es un usurpador del Ejecutivo.

Así, el país vecino se convirtió en un territorio con dos presidentes, uno de facto y uno “interino” que clama legitimidad, como se la reconocen Estados Unidos y el Grupo de Lima –13 países del continente, incluyendo Colombia– además del Parlamento Europeo y otras naciones occidentales. Aun así, la interinidad de Juan Guaidó avanza con discreción.

Cautela ante todo

Por una parte, el diputado firma documentos como presidente (e) de la república, y así se relaciona con otros Gobiernos. Por otra, se aferra a las competencias de la Asamblea Nacional para hacer nombramientos sin salirse de las líneas de lo que se puede hacer desde esa instancia. Por eso las primeras acciones incluyeron la designación de representantes diplomáticos ante países que reconocen su autoridad, con el aval de los diputados. Así se nombraron representantes –que no embajadores– ante Estados Unidos, Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y Estados Unidos.

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En esos países el régimen de Nicolás Maduro no tenía embajador, sino encargado de negocios, que, en lenguaje diplomático, significa embajadores encargados, pero de menor jerarquía en el mejor de los casos. Pero ninguno de los nombrados por la Asamblea Nacional ocupa aún las sedes de las embajadas. Han optado por operar en otros espacios, pues “ya llegará el momento de tocar esa puerta y sentarse en esos despachos”, dijo a SEMANA una fuente cercana al presidente encargado.

Foto:El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibió en la Casa Blanca a los representantes del Gobierno de Guaidó, Carlos Vecchio y Julio Borges. 

En varios consulados de Estados Unidos los funcionarios se han puesto a la orden del nuevo Gobierno y desertaron de los lineamientos de Maduro, quien ordenó al cuerpo diplomático acreditado en ese país regresar a Caracas. Pero volver a un país en hiperinflación, sin servicios públicos que funcionen y en medio de una inestabilidad política abrumadora no parece una opción. En esas oficinas, los trabajadores están a la expectativa de que llegue “el que nombren ahora”.

Es el único paso formal que ha tomado como Gobierno interino. No hay, por ahora, nombramiento de ministros ni gabinete en la luz o en la sombra. Consultado por SEMANA sobre el particular, Juan Guaidó esquivó responder cuándo dará los nombres de su equipo de gobierno. “Pero tenemos venezolanos excelentes y preparados para asumir esos roles cuando llegue el momento”, aseguró.

Buscan tomar la decisión más inteligente frente a la amenaza de que un nombramiento temprano pueda conducir a prisión al señalado, pues el régimen de Maduro podría activar protocolos para encarcelar a quien “usurpe” un alto cargo. Algo que no ha ocurrido con el propio Guaidó, que por ahora sigue libre a pesar de las intimidaciones que denunció en las últimas horas.

Además, tampoco hay una ruta clara para un Gobierno encargado. De hecho, la oposición venezolana ampara sus actuaciones en el artículo 333 de la Carta Magna, que reza: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Es, a todas luces, un dibujo libre. De allí que el Parlamento vaya a otro ritmo. Por ejemplo, elaborando un estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobado en primera discusión por los diputados esta semana en Caracas. El documento requiere de una nueva discusión, posterior aprobación final y publicación en Gaceta Oficial –en este caso una Gaceta Parlamentaria, pues la otra la controla la burocracia chavista–.

“A efectos del presente Estatuto se entiende por transición el itinerario de democratización y reinstitucionalización que incluye las siguientes etapas: liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela, conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional y celebración de elecciones libres”, comienza el escrito. Su contenido detalla entre sus objetivos regular la actuación de las diferentes ramas del poder público durante un proceso de transición, establecer los lineamientos conforme a los cuales la Asamblea Nacional tutelará los derechos del Estado hasta que se conforme un Gobierno provisional, fijar los que guíen la conformación de ese Gobierno y definir criterios para la designación o ratificación de los titulares del poder ciudadano, el poder electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros puntos.

La burocracia del poder en Venezuela está plegada al chavismo. El oficialismo controla el Poder Judicial a su antojo –la sentencia que admitió una investigación contra Guaidó para prohibir su salida del país y congelar sus cuentas bancarias fue redactada en la sede del Ejecutivo sin discusión de los magistrados– y nombró activistas del partido de gobierno en la Contraloría General y la Fiscalía General de la República. Además, el Consejo Nacional Electoral se comporta como un ‘ministerio de elecciones’ más que como un árbitro independiente.

Ya en 2017 la Asamblea Nacional nombró magistrados del Tribunal Supremo para sustituir a unos designados de manera irregular por el Parlamento cuando lo controlaba el chavismo. Pero los 13 juristas terminaron exiliados –ahora constituidos en lo que se ha llamado el ‘TSJ en el exilio’– y dos de ellos encarcelados. Además, el Parlamento ratificó su reconocimiento a Luisa Ortega Díaz como fiscal general ese mismo año, cuando la aliada de Hugo Chávez se decantó por denunciar un golpe de Estado contra el Poder Legislativo y asumirse opositora. También fue perseguida y está fuera del país.

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El peligro de una represión institucional a un gobierno de transición es real. Por eso, la Asamblea Nacional, con Guaidó al frente, busca dar pasos respaldados por leyes para blindar sus actuaciones. De allí que el estatuto de la transición sea claro: primero se debe liberar al país “del régimen dictatorial, que ocurrirá con el cese de los poderes ‘de facto’ que ejerce Nicolás Maduro Moros”; y solo después vendrá “la conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional que asegure restablecer el sistema democrático y convocar elecciones libres”. Convocarán los comicios como tercer paso de la ruta, “en el menor tiempo posible”.

Es previsible, por tanto, que el nombramiento de un gabinete ejecutivo espere a que Nicolás Maduro ya no ocupe la silla presidencial en Miraflores. “Hemos sido responsables con todos estos elementos. Estamos asumiendo las competencias para poder ejercer, no solamente decir cosas que no se puedan realizar. Tenemos muchos nombres brillantes para cada uno de esos puestos, no se preocupen”, le dijo Guaidó a SEMANA. “Pero hay cosas que no podemos decir, y ustedes lo saben”.

Una hoja de ruta

Esta semana, el presidente encargado presentó el Plan País, que regirá la acción de gobierno transicional. Se trata de un programa de recuperación nacional que ha sido construido durante un año por sectores de la oposición, por iniciativa de la Asamblea Nacional, con asesoría de expertos venezolanos dentro y fuera del país.

El programa marca las líneas de acción en las “áreas de atención primaria” como economía, seguridad, salud y servicios públicos. El documento se enfoca en recuperar el sector petrolero como motor fundamental de los ingresos nacionales. Una industria que, bajo el mandato de Maduro, ha caído a una producción de 1,1 millones de barriles diarios de los 3,5 millones de hace más de un lustro.

En la Universidad Central de Venezuela, Guaidó presentó el programa con el que, dijo, busca generar confianza en la población y también en los mercados. Incluso hizo un llamado a los aliados económicos de Maduro, Rusia y China, a quienes afirmó que “les conviene el cambio de gobierno”, pues sus inversiones serán respetadas.

En su discurso, precedido por explicaciones de expertos en materias monetarias, financieras y petroleras que detallaron aristas del plan de gobierno para el poschavismo, el diputado sostuvo que atender la emergencia humanitaria es clave. Para ello ratificó que está haciendo las gestiones para conseguir los fondos necesarios que lo hagan viable. Y allí podrían venir los nombramientos más importantes en esta etapa.

El primer organismo multilateral que reconoció la legitimidad de Juan Guaidó al frente del Estado venezolano fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su presidente, Luis Alberto Moreno, expresó el interés de esa institución con sede en Washington de trabajar con el nuevo Gobierno.

El BID suspendió en mayo del año pasado los préstamos a Venezuela por incumplir unos pagos atrasados de 88,3 millones de dólares, en la estrategia de Nicolás Maduro de financiar su revolución al hacer default selectivo con su enorme deuda externa, y solo pagar aquellos títulos que tengan garantías en activos del Estado. Por eso, Venezuela no podrá solicitar más créditos ante esa institución hasta que salde la mora.

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dicho que se guiará por la comunidad internacional a la hora de reconocer oficialmente a un Gobierno interino en Venezuela, según afirmó en su cuenta de Twitter Gerry Rice, el portavoz del organismo.

Es una ventana de oportunidad que los asesores de Guaidó esperan aprovechar, al tener el reconocimiento del Gobierno de Donald Trump, de buena parte de Latinoamérica y del Parlamento Europeo, a la espera de las cancillerías de esos Estados. No sería de extrañar que en las próximas semanas definan quién será el gobernador por Venezuela ante ese organismo.

En mayo de 2018, el FMI emitió una “declaración de censura” contra Venezuela debido a que llevaba más de diez años sin suministrar datos oficiales sobre la evolución económica del país. En noviembre, anunció que había recibido por primera vez información al respecto desde Caracas y que estaba en proceso de análisis.

También se está a la espera de que el Gobierno interino nombre nueva directiva de la empresa petrolera Citgo, con sede en Estados Unidos y filial de la estatal Petróleos de Venezuela. La empresa, que quedó por fuera de las severas sanciones petroleras impuestas a Caracas por la Casa Blanca –aunque no podrá trabajar con crudo venezolano luego de tres meses–, estaría considerando incluso declararse en bancarrota para no dejarse arrastrar por la pugna de poderes en Venezuela, según un reporte de The Wall Street Journal.

Foto:La semana pasada Maduro pasó revista en varios batallones para demostrar que la Fuerza Armada sigue cohesionada detrás de él.

En cualquier caso, se trata de nombramientos que ocurren con personas que ya están fuera de Venezuela. Después de todo, Nicolás Maduro controla el Estado, y las Fuerzas Armadas tanto militares como policiales han declarado su lealtad al gobernante. Y este expone a diario muestras de esa fidelidad, y no por casualidad. La semana pasada protagonizó actos con las tropas al visitar fuertes y demás instalaciones castrenses, y el jueves una comisión de la policía más letal de Venezuela, las Faes, acudió a la residencia de Guaidó preguntando por su esposa, Fabiana Rosales. Aunque el grupo se retiró antes de que el diputado llegara al lugar donde estaba su hija, el comandante de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez, desmintió que su fuerza de acciones especiales estuviera tras el incidente.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana son consideradas un grupo de exterminio por organizaciones defensoras de derechos humanos, como Provea, y por el propio Poder Legislativo. Durante todo 2018, ese cuerpo armado habría asesinado al menos 205 personas. Mientras que el Gobierno de Guaidó se inventa día a día, el régimen se aferra a sus viejas tácticas de intimidación.

La transición

Foto: El asedio al presidente interino y su familia es constante. La semana pasada la policía del régimen se presentó en su casa para intimidar a su esposa, Fabiana Rosales.

Guaidó ha sido, a la vez, prudente y firme. En solo dos semanas se convirtió en el gran líder de una oposición que venía debilitada por sus propios errores, por la división y por la persecución del Gobierno. Nadie preveía, al comenzar el año, que surgiría una nueva figura con credibilidad y fortaleza, y con capacidad real de poner contra las cuerdas a Maduro. De hecho, quienes descollaron en la oposición en las últimas dos décadas estaban prácticamente desparecidos.

Todo indica que Guaidó aprendió las lecciones del pasado y ha sido más efectivo que quienes lo antecedieron como líderes alternativos a Maduro e, incluso, a Chávez. En abril de 2002, por ejemplo, el dirigente empresarial Pedro Carmona se posesionó de la presidencia, pero después de 72 horas, en un giro inesperado, Hugo Chávez logró recuperar el poder. Carmona está asilado en Colombia desde entonces. Guaidó, en sus primeras dos semanas como presidente interino, ha sido cauto y ha dado pasos hacia consolidar un equilibrio de fuerzas a favor suyo y en contra de Maduro.

Desde luego, la situación es otra, y es más favorable al cambio. La crisis económica y sus repercusiones sociales han debilitado a Maduro. La migración de venezolanos al exterior afecta a más de 2 millones de personas, y simboliza en forma visible la catástrofe que ha producido el chavismo. Sobre todo en la era Maduro, en la que la ineficacia gubernamental se ha desbordado. Además, el proceso electoral tuvo evidentes desvíos autoritarios y falta de garantías para la oposición terminaron por debilitar la legitimidad de Maduro. Y la comunidad internacional hoy está más dispuesta a actuar. La balanza –que oscila con el tiempo– entre la defensa de la democracia y el principio de la no intervención ahora está más inclinada hacia la primera. Por eso Juan Guaidó se ha aferrado al escenario externo. Ahí está su fortaleza.

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Y su principal debilidad, en cambio, está en Venezuela, en el apoyo que las Fuerzas Armadas le mantienen a Nicolás Maduro. En los últimos años, en el vecino país se ha consolidado un régimen cívico-militar. El estamento castrense se ha beneficiado con nombramientos y contratos, lo cual, junto al espíritu de supervivencia –muchos militares temen que, si hay un cambio, tengan que enfrentar procesos judiciales– ha consolidado el respaldo a Maduro. Guaidó, por esa razón, ha planteado amnistías judiciales que beneficien a las Fuerzas Armadas, con el propósito de facilitar la transición y de debilitar su lealtad al régimen.

Lo cierto es que, a pesar del respaldo de las Fuerzas Armadas, Maduro está en su peor momento. La economía está devastada y sus efectos sociales son catastróficos. Las demostraciones callejeras, que en el pasado eran equilibradas entre sus opositores y sus partidarios, hoy están en su contra. La comunidad internacional –con excepciones, casi todas, lejanas al continente– pide una transición hacia la democracia.

Y la oposición se encontró, de la noche a la mañana, con un líder, Juan Guaidó, que ha demostrado destreza para sacarle provecho a una situación política, económica e internacional adversa al régimen. El escenario es diferente al de los últimos años, lo cual no significa que haya, a la vista, un desenlace tranquilo.