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Jueces ordenan traslado de expresidenta de Bolivia de la cárcel a una clínica
Jeanine Áñez fue detenida la semana pasada, acusada de sedición, terrorismo y conspiración, por, presuntamente, haber promovido el derrocamiento del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.
La justicia boliviana ordenó este viernes el traslado a una clínica de la expresidenta Jeanine Áñez, que presentó problemas de salud tras ser encarcelada por un supuesto golpe de Estado en 2019 contra el exmandatario Evo Morales, pero su familia denunció que el Gobierno incumple la orden.
Tres jueces de La Paz, encabezados por Gonzalo Montaño, resolvieron en la tarde “la salida judicial” de la exjefa de Estado a una clínica “a objeto de su correspondiente valoración médica por especialistas de cardiología y exámenes de laboratorio para precautelar su vida y salud”.
También determinaron que su traslado se diera con “escolta y demás medidas de seguridad”, a cargo de la Dirección Gubernamental de Régimen Penitenciario.
Pero su hija Carolina Ribera denunció en la noche, desde las afueras del penal de La Paz, que el Gobierno incumple la decisión judicial y solo quiere que médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) revisen a su madre dentro de la cárcel.
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“No sale mi madre hasta ahora y mi madre sigue adentro sin asistencia médica”, señaló y acotó: “Nos niegan toda asistencia” de salud.
Más temprano, los tres jueces se pronunciaron, tras un recurso presentado por Carolina Ribera y la defensa de Áñez, para trasladarla a un centro de salud con el fin de tratarle una “hipertensión arterial sistémica”.
La expresidenta siguió momentáneamente la audiencia desde el penal de mujeres de La Paz, al sur de la ciudad, mediante un dispositivo telefónico. “Estoy con oxígeno”, dijo. Luego trató de intervenir, pero sus palabras se escuchaban entrecortadas y el juez le pidió que evitara hablar para no aumentar sus dolencias.
Áñez entró el domingo a la cárcel de mujeres de la ciudad de La Paz, luego de ser detenida un día antes en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni (noreste), en un operativo policial.
Horas antes, sus exministros de Justicia y Energía también habían sido aprehendidos.
El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre de 2020, figura en una denuncia por sedición, terrorismo y conspiración que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo de ese departamento en las recientes elecciones locales.
La denuncia se refiere a los hechos que llevaron a la renuncia de Morales a la Presidencia en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder y en medio de violentas protestas impulsadas por opositores que denunciaron que el entonces presidente había cometido fraude en las elecciones un mes antes, en las que buscaba un cuarto mandato.
En aquel entonces Áñez era segunda vicepresidenta del Congreso y accedió interinamente a la Presidencia boliviana por la renuncia, junto a Morales, de todos los cargos anteriores en la cadena de sucesión.
Otros tres exministros del gobierno interino tienen también orden de captura, así como exjefes militares, exjefes policiales y otros civiles.
Sucesión constitucional
La Iglesia católica emitió un comunicado para revelar los entretelones de las gestiones realizadas en noviembre de 2019 entre dirigentes de todos los partidos para pacificar el país, sumido en una crisis por la violencia social tras los polémicos comicios.
Esas gestiones, en las que participaron delegados de la Unión Europea y las Naciones Unidas, se realizaron desde los últimos días del gobierno de Morales y tras su dimisión.
En las conversaciones –dijo la Iglesia– se abrió “el camino de la solución más constitucional, la elección en la Asamblea (Legislativa) Plurinacional, de la segunda vicepresidenta del Senado” –Áñez– para asumir el poder.
Incluso mencionó que los delegados del oficialismo estuvieron de acuerdo con la solución, pero luego incumplieron lo pactado.
Entre tanto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, delfín político de Morales, negó las acusaciones opositoras de que al oficialismo le mueva una sed de odio y venganza hacia sus adversarios políticos.
Durante una reunión pública de mujeres campesinas alineadas al Gobierno, dijo: “No nos mueve el odio, no nos mueve la venganza (...) Lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia en el país”.
Con AFP.
