Justicia boliviana amplía prevención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez

La Justicia de Bolivia amplió por otros seis meses la prisión preventiva de la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, acusada por sedición y terrorismo en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019.

La exsenadora de centroderecha solicitó hace unas semanas una audiencia con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para denunciar que se encuentra detenida “por una decisión política” del actual Gobierno.

La expresidenta boliviana ha insistido en que no ha cometido “ningún delito”, y que su detención y múltiples causas judiciales se deben a una “persecución” política.

La exmandataria, a través de su cuenta de Twitter, se refirió a la decisión de la justicia de su país: “Dividen un proceso para prolongar la detención de #JeanineAñez. Imponen en audiencia cautelar otros 6 meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías. Sin Justicia en #Bolivia no hay democracia”.

Jeanine Áñez fue detenida el pasado 13 de marzo y fue imputada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por los hechos de noviembre de 2019, que terminaron con un golpe de Estado contra Evo Morales y la imposición de un régimen de facto.

Actualmente, se encuentra bajo prisión preventiva en la cárcel de Obrajes, La Paz, en espera del juicio. La semana pasada, al cumplirse cuatro meses de su detención, los familiares de la expresidenta autoproclamada denunciaron que la justicia volvió a negarle su derecho a la libertad. Sin embargo, la prisión preventiva fue extendida dos meses más.

Por otra parte, Áñez enfrenta cuatro juicios de responsabilidades por diversos delitos planteados por el actual Gobierno de Arce.

Estados Unidos le solicita a Bolivia la libertad de varios

Estados Unidos reclamó la liberación de figuras del antiguo gobierno interino de Bolivia, detenidas y procesadas desde mediados de marzo, entre ellas la expresidenta interina Jeanine Áñez, por un supuesto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.

“Instamos al gobierno boliviano a dejar en claro su apoyo a la paz, la democracia y la reconciliación nacional con la liberación de los exjerarcas detenidos”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense también expresó la “profunda preocupación” de Estados Unidos por “las crecientes señales antidemocráticas y la politización del sistema judicial en Bolivia”.

Áñez sumó en marzo pasado cuatro acusaciones por actos inconstitucionales durante su mandato.

Los cargos fueron presentados por el Ministerio de Justicia en nombre del Estado y la Fiscalía aceptó investigarlos para el periodo en que Áñez ejerció como presidenta.

Áñez fue inicialmente acusada de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

Se le sumaron acusaciones por firmar “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación”, destacó el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.

Estas acusaciones abren dos frentes para la defensa de la exmandataria, de 53 años, por orden de la Fiscalía tras ser denunciada por la exdiputada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda).

También fueron aprehendidos sus exministros de Justicia y Energía y pesan órdenes de detención contra otras personalidades, como el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo de ese departamento, además de altos cargos militares y policiales.

Actos anticonstitucionales

La nueva acusación contempla cuatro cargos por diferentes hechos mientras ejerció como máxima autoridad del Estado.

Entre ellos destaca la firma de un decreto por la pandemia del coronavirus -que en Bolivia suma ya más de 260.000 contagios y supera los 12.000 muertos- que sancionaba con cargos penales a quienes cometieran delitos contra la salud pública.

La redacción del articulado alegaba que “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población” serían acusados bajo esa norma, una redacción vaga y ambigua criticada por Human Rights Watch (HRW).

También se le señala por haber firmado un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 327,7 millones de dólares sin autorización del Congreso y por la emisión de órdenes a fuerzas del Estado para “no permitir” el ingreso de bolivianos desde Chile durante la pandemia, según indicó el Ministerio Público.

Tres jueces de La Paz, encabezados por Gonzalo Montaño, resolvieron en la tarde “la salida judicial” de la exjefa de Estado a una clínica “a objeto de su correspondiente valoración médica por especialistas de cardiología y exámenes de laboratorio para precautelar su vida y salud”.

También determinaron que su traslado se diera con “escolta y demás medidas de seguridad”, a cargo de la Dirección Gubernamental de Régimen Penitenciario.

Áñez era segunda vicepresidenta del Congreso cuando accedió interinamente a la presidencia boliviana en noviembre de 2019.

El líder izquierdista abandonó su cargo tras 14 años en el poder a raíz de violentas protestas impulsadas por opositores, que acusaron a Evo Morales de haber ganado de forma fraudulenta las presidenciales de octubre de 2019, en las que buscaba un cuarto mandato.