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Justicia boliviana anula orden de detención contra expresidente Evo Morales
Según el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al exmandatario “le vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente".
La justicia boliviana anuló la orden de detención contra el exmandatario izquierdista Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo, una semana después de la elección de su delfín Luis Arce como nuevo presidente, informó este lunes el juez Jorge Quino.
La orden de arresto contra el exmandatario exiliado en Argentina fue levantada porque “se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente”, dijo Quino, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al canal Unitel.
El pedido de orden de captura contra el expresidente boliviano se dio el pasado 6 julio luego de que la Fiscalía General de Bolivia imputara a Morales, refugiado en Argentina, por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento.
Otra orden de arresto por sedición y terrorismo había sido dictada en diciembre contra Morales (2006-2019), luego de que renunciara a la presidencia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social y acusaciones de fraude electoral.
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El exmandatario indígena y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), habían rechazado todos los cargos y afirmado que tenían motivaciones políticas.
Desde su exilio, el expresidente rechazó la acusación: “De manera ilegal e inconstitucional la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado”, escribió en Twitter.
La fiscalía había abierto además otro proceso a Morales por supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019, en las que ganó la reelección a un cuarto mandato pero luego fueron anuladas tras denuncias de irregularidades. No hubo avances en este caso en la justicia.
Además, la fiscalía había intentado a inicios de este año conseguir que la Interpol emitiera una orden de arresto internacional contra Morales, pero el organismo lo rechazó por considerar que se trataba de asuntos políticos, no criminales.
Morales fue blanco de numerosas acusaciones del gobierno derechista transitorio de Jeanine Áñez a lo largo de la campaña hacia las elecciones del 18 de octubre, que ganó Arce, su exministro de Finanzas y artífice del “milagro económico” de los 14 años de su mandato.
El 4 de septiembre, el gobierno de Bolivia contactó a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para denunciar a Morales por supuestos crímenes de “lesa humanidad” por los bloqueos de rutas de agosto.
Sin embargo, esta acción pareció ser meramente simbólica y en busca de réditos electorales, pues un Estado puede pedir a la CPI que examine si es procedente que intervenga en determinado caso, pero la Corte lo hace solo cuando ha fracasado el sistema penal nacional.
La fiscalía boliviana había dicho que investigaría los bloqueos, pero nunca informó de avances.
Muchos pensaban que había llegado el fin del partido y la influencia del expresidente, pues en los últimos años su popularidad había decaído. Sectores críticos habían denunciado corrupción y la burocratización del Estado; algunas bases sociales habían tomado distancia e incluso antiguos aliados miraban con sospecha la reticencia de Morales a ceder el liderazgo. Pero nada impidió que millones dieran una segunda oportunidad al MAS. Esta vez lleva la batuta Arce, ministro de Economía y Finanzas durante casi 12 años de Evo. El segundo a bordo es David Choquehuanca, un líder indígena y campesino que encabezó el Ministerio de Asuntos Exteriores por 11 años hasta 2017.
Hermanas y hermanos: la voluntad del pueblo se ha impuesto.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 19, 2020
Se ha producido una victoria contundente del MAS-IPSP. Nuestro movimiento político tendrá la mayoría en las dos cámaras. Hemos vuelto millones, ahora vamos a devolver la dignidad y la libertad al pueblo.#JallallaBolivia pic.twitter.com/gTHa6qRhTB
Con información de AFP