ESTADOS UNIDOS
Justicia de EE. UU. estudia no acusar a quienes irrumpieron en el Capitolio
El Departamento de Justicia de Estados Unidos estudia si presentar o no cargos contra cerca de 800 personas que irrumpieron en el Capitolio el pasado 6 de enero.
El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están debatiendo si presentan o no cargos contra cerca de 800 personas del Make America Great Again (MAGA) que se tomaron el Capitolio del país el pasado 6 de enero, mientras se certificaba a Joe Biden como presidente.
A los funcionarios del Departamento de Justicia les preocupa que presentar cargos contra cerca de 800 personas pueda colapsar con casos el Tribunal Federal local de Washington D.C.
Según reseñaron medios internacionales, hay discusiones sobre la posibilidad de renunciar a los cargos contra aquellos que no estuvieron involucrados en algún tipo de violencia o vandalismo, sino que estaban invadiendo el terreno o acompañando los desmanes, sin participar activamente en ellos.
Sin embargo, aún es muy pronto para saber el desenlace de estas discusiones, pues apenas se encuentran en sus primeras etapas.
Lo más leído
Los funcionarios del Departamento de Justicia y el FBI se encuentran entre la espada y la pared, pues en caso de negarse a acusar a los alborotadores, se podría dar la imagen de que el Gobierno Federal aprueba la violencia política.
Además, los que apoyan la presentación de cargos contra quienes irrumpieron argumentan que hacerlo serviría como una medida de disuasión frente a quienes planean hacer lo mismo.
Sin embargo, la carga de trabajo sería inmensa y los casos se acumularán para los agentes del Departamento de Justicia y el FBI, que actualmente han presentado cargos contra más de 130 sospechosos.
Si se tiene en cuenta que en 2020 los tribunales federales de Washington juzgaron a menos de 300 personas, acusar a 800 significaría más que duplicar el trabajo frente al año anterior, e incluso frente a 2019.
“Hay una determinación absoluta por parte del Departamento de Justicia para hacer que todos los que intencionalmente participaron en actos criminales en el Capitolio rindan cuentas”, dijo un portavoz del Departamento de Justicia a The Washington Post.
“Hemos dejado claro que seguiremos los hechos y las pruebas y acusaremos a los individuos en consecuencia. Seguimos confiando en que el Tribunal de Distrito de EE. UU. para Washington puede manejar adecuadamente el expediente relacionado con cualquier cargo resultante”, agregó.
Sin embargo, al parecer ya hay un acuerdo entre los funcionarios del Departamento de Justicia para presentar cargos contra los extremistas sospechosos de coordinar y planificar acciones violentas dentro del Capitolio.
El Departamento de Justicia presentará cargos de conspiración sediciosa a cualquiera que descubra que planea acciones contra el Gobierno.
Entre los que participaron en el asalto del 6 de enero había miembros de Oath Keepers, que suele reclutar a militares, policías u otros primeros intervinientes actuales y antiguos; el grupo neofascista Proud Boys; seguidores de QAnon, que difunde extrañas teorías conspirativas; racistas y antisemitas, y otros con una devoción casi ciega por el entonces presidente Donald Trump.
Según el FBI, un hombre de Virginia, Thomas Edward Caldwell, parecía ser el líder del esfuerzo. Caldwell y un hombre y una mujer de Ohio fueron acusados de conspiración y otros cargos federales.
Los documentos, que se han hecho públicos, ofrecen información sobre la planificación y la coordinación de la toma del Capitolio. Pero hay serias dudas sobre si merece la pena presentar cargos contra la gran mayoría de las personas que fueron vistas entrando en el Capitolio.
Además, los fiscales temen que presentar cargos contra quienes no cometieron ningún acto violento, solamente el allanamiento de morada, pueda llevar a pérdidas en los juicios.
Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron a medios internacionales que todavía se están reuniendo pruebas y que los alborotadores que en un principio se consideraron relativamente inofensivos podrían ser acusados si las fotos o los videos muestran que cometieron delitos graves.