Justicia de Perú aceptó revisar la apelación y prisión preventiva en contra del depuesto presidente Pedro Castillo

Este miércoles, 15 de marzo, a través de un comunicado dado a conocer a través de las redes sociales de Poder Judicial de Perú, la Sala Penal permanente de la Corte Suprema de Justicia de ese país, dio a conocer que en medio del proceso que actualmente cursa en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones, se aprobó conceder o acceder al recurso de apelación presentado por la defensa del referido político.

Dicha apelación interpuesta por la defensa del expresidente aboga por que se respete la garantía de un antejuicio al político, quien se encuentra detenido de manera preventiva desde el pasado 7 de diciembre de 2022, tras ser declarado la moción de vacancia en su contra, y tras su intento de autogolpe.

Ahora, tras el anuncio de revisión de la apelación presentada por la defensa de Castillo ante la medida de 18 meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación por el delito de rebelión, el tribunal precisó que fijará una “fecha para la realización de la audiencia pública donde las partes procesales presentarán sus informes orales”.

La apelación presentada por Castillo se refiere a la sentencia emanada el pasado 27 de enero, donde el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria “declaró infundada la referida cuestión previa, que determinó entonces la detención de la que actualmente es objeto”.

Así, la defensa del político aboga ante los entes judiciales que se respete su debida garantía a un antejuicio político, advirtiendo que en virtud de lo ocurrido, existirían irregularidades en el proceso que finalmente derivó en su detención, y orden de prisión preventiva.

Según detallan medios locales en Perú, esta apelación ya había recibido un ‘no’ o rechazo en primera instancia por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria; no obstante, el equipo de abogados de Castillo insistió en su demanda advirtiendo que “no se cumplió el procedimiento político-jurídico” que determina el trámite para el levantamiento del fuero de inmunidad con el que son cobijados los altos funcionarios en su país, y el cual aplica en casos donde existe sospecha por la comisión de delitos.

Así, la defensa del político también solicitó que fuere anulado su proceso de vacancia, afirmando la necesidad de que se fijase una investigación preparatoria.

Tras la aprobación de la revisión de la apelación, el tribunal deberá fijar una fecha para la realización de la audiencia, en la que las partes presentarán de forma oral sus debidas posiciones.

Recientemente –el pasado jueves, 9 de marzo– la justicia de Perú dio luz verde a la instauración de una medida de 36 meses de prisión preventiva en contra de Castillo, quien además del proceso por rebelión, tiene en marcha un proceso por el presunto caso de corrupción en que estaría involucrado él y su familia.

Precisamente, en virtud de dicha medida preventiva, se prevé que Castillo deba permanecer tras las rejas al menos hasta el mes de diciembre de 2025.

Desde la prisión en que se encuentra detenido, lugar en que también se encuentra Alberto Fujimori, expresidente que purga una pena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad durante su mandato, Castillo ha afirmado sentirse “secuestrado injustamente”.

En su intervención sobre el caso de corrupción del que es señalado él y su familia, y en el que además están involucrados otros políticos del orden local, Castillo se ha declarado inocente y niega ser “autor y ser parte de una red criminal”.

A su turno, el expresidente de Perú y líder sindical ha afirmado que “el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”.

Esto luego de que curse una investigación en la que se señala a Castillo como cabeza de una organización o red de corrupción, lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas, en el que también se mencionan a otros miembros de su familia, incluida su cuñada.

Dentro de los señalamientos de corrupción en contra de Castillo también se encuentra que este presionó para el nombramiento como funcionario de una persona que no contaba con el “perfil técnico” para ocupar el cargo de gerente de Petroperú, entre otras irregularidades.

Otra de las irregularidades de la que es señalado Castillo es de la designación de Juan Silva, actualmente prófugo, como miembro de su gabinete, lo que le habría servido para direccionar sus intereses de contratación estatal en el MinTransporte.

En medio del proceso, Castillo también es señalado de la recepción de coimas para la adjudicación de contratos a favor de la empresaria Karelim López.

La detención de Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022, se realizó cuando este pretendía alojarse en la Embajada de México en Lima, en procura de conseguir asilo.

Precisamente, tras la detención de Castillo, algunos miembros de su familia se asilaron en México con el beneplácito del presidente López Obrador.

A través de las redes sociales, este miércoles también se conoció otra decisión por parte del Juzgado Octavo de Investigación Preparatoria Nacional, el cual advirtió que se reprogramará para el miércoles 22 de marzo, la audiencia de prisión preventiva prevista en contra de la esposa de Pedro Castillo, la señora Lilia Paredes y otras personas señaladas en la presunta trama criminal.