Justicia obligó a Biden a continuar con el programa migratorio “Quédate en México”

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está inmerso en un tira y afloja con el poder judicial por el programa migratorio “Quédate en México”, implementado recientemente.

Esta semana una corte de apelaciones denegó un recurso del gobierno de Biden en el que pedía rescindir este plan introducido por su predecesor, el expresidente republicano Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en el país vecino.

En cuanto el nuevo gobernante llegó a la Casa Blanca suspendió los Protocolos de Protección al Migrante (conocidos como “Quédate en México” o MPP) pero un juez de un tribunal del estado de Texas (sur del país norteamericano) ordenó que se restablecieran de buena fe.

El pasado 6 de diciembre Estados Unidos reactivó parcialmente el programa, de acuerdo con México, para cumplir esta orden, mientras seguía adelante con un recurso interpuesto ante el tribunal de apelación, que esta semana dio la razón a la Corte del Distrito.

“Sostenemos que la decisión de rescisión viola tanto la Ley de Procedimiento Administrativo como los estatutos de inmigración”, indicó la sentencia.

“Es una complicación en la política migratoria para la administración Biden”, afirmó a la AFP Manuel Orozco, analista de temas migratorios del Diálogo Interamericano.

Durante la campaña presidencial Joe Biden prometió regularizar a 11 millones de indocumentados, pero por el momento no se han concretado avances en esta iniciativa.

“En Estados Unidos el balance de poder en el tema migratorio es muy estrecho. La ley la puede aprobar el Congreso, pero queda a expensas de interpretación judicial en los tribunales. Y el ejecutivo puede tomar decisiones por decreto y andarse por la periferia de la ley; este es el problema”, explica Orozco.

“Es el último ejemplo del tira y afloja” en política migratoria, asegura a la AFP Michelle Mittelstadt, directora de comunicación del Instituto de Políticas Migratorias (MPI).

“Los estados y las organizaciones de defensa que critican las acciones de un presidente en particular se dirigen cada vez más a los tribunales para descarrilar lo que ven como un uso demasiado amplio del poder ejecutivo. Los estados de tendencia conservadora lo hicieron durante las administraciones de (Barack) Obama y ahora Biden, y los de tendencia liberal y los grupos de defensa hicieron lo propio durante la de Trump”, añade.

Por su parte, la Casa Blanca considera el programa Quédate en México “ineficaz e inhumano”, pero afirmó que seguirá cumpliendo de buena fe “la orden judicial que dicta la implementación de la sentencia”.

Ahora el gobierno puede recurrir a un tribunal de apelaciones en pleno o ante la Corte Suprema donde seis de los nueve magistrados son conservadores.

El flujo de migrantes por México, en su mayoría centroamericanos, ha aumentado bajo la presidencia de Biden debido a sus promesas de una política migratoria “justa y humana”. Las autoridades mexicanas han detectado a más de 190.000 migrantes entre enero y septiembre, tres veces más que en 2020.

Proyecto de ley para negar visas a exmiembros de Farc

María Elvira Salazar, congresista estadounidense con cercanía a la población colombiana en Florida, viene emprendiendo una lucha mediática y legislativa en contra de la izquierda colombiana y las Farc. Después de fuertes críticas a la determinación de Joe Biden de retirar a la extinta guerrilla de la lista de grupos terroristas extranjeros, la legisladora presentó un proyecto de ley para evitar que los exguerrilleros visiten el país norteamericano.

Junto al representante Dan Crenshaw, republicano del estado de Texas, presentó la llamada “Ley no adversarios extranjeros residentes en nuestras comunidades”, abreviada a Ley No Farc. Con la misma, busca negar las visas a miembros actuales y anteriores de la extinta guerrilla.

Salazar califica como “imprudente y unilateral” la decisión de Biden de eliminar a las Farc de la lista del Departamento de Estado. Además, denuncia que no fue consultado de forma adecuada con el Congreso, el de Iván Duque y la comunidad colombo-americana en Estados Unidos.

Según la congresista, la ley fue presentada por la amplia comunidad colombiana que representa en su distrito de Florida. “Muchos de ellos vieron a sus seres queridos asesinados y se vieron obligados a huir durante el reinado de terror de las Farc”, argumentó.

Por esto, considera la decisión una “bofetada” de Biden al pueblo colombiano. “Las Farc son un grupo terrorista marxista, antidemocrático y violento, cuya sangrienta campaña contra el resultó en más de 220.000 muertes. Solo desde 2019, las Farc han cometido más de 300 ataques terroristas en Colombia. No podemos recompensar estas atrocidades permitiendo que los terroristas vayan de vacaciones a nuestras comunidades. Si la administración Biden no los responsabiliza, el Congreso debe actuar”, aseveró.

Al explicar su propuesta, la congresista expone que el proyecto tiene como objetivo a los grandes cabecillas de las Farc. Según la legisladora, el retiro de la lista le da la posibilidad “a los grandes cabecillas de poder aplicar a una visa y recibirla. Aplicar a un préstamo en un banco de Estados Unidos y recibirlo. Es inaudito”.

La congresista destacó que existen excepciones a la regla. “Hay diferentes excepciones dentro de la ley. Sabemos que las Farc obligó a muchos niños a tener que ser soldados, niñas que violaron y obligaron a hacer parte de las filas. Hay exenciones para esa gente. Estoy hablando de los grandes cabecillas. La gente que sí quería hacer daño, quienes se convirtieron en narcotraficantes, ayudando a traer droga a Estados Unidos”, recalcó.

Salazar considera que las Farc sigue siendo un grupo terrorista, ya que “sus acciones en los últimos cinco años de proceso de paz, así lo han demostrado”.

En el texto del proyecto, se precisa claramente que se pretende negar visas de inmigrantes y migrantes a quienes son presentes o exmiembros de las Farc. Como excepciones, tal como lo dice Salazar, se hará un análisis caso por caso, si así lo determina el presidente. Quien pida la entrada a Estados Unidos deberá demostrar que su transito por el país está entre los intereses del mismo.