Justicia peruana admite tramitar el recurso de Pedro Castillo para anular su destitución, ¿podría volver al poder?

El pasado 24 de mayo, Pedro Castillo, insistió en su inocencia y aseguró que no cometió delitos de rebelión ni conspiración como le acusó el Congreso en diciembre del 2022.

“Me ratifico hoy una vez más en que no cometí delito de rebelión ni conspiración. Hoy estoy convencido de cómo la Procuraduría y el Ministerio Público no pueden sustentar un supuesto delito”, declaró Castillo en una audiencia virtual desde la prisión donde cumple órdenes de prisión preventiva.

Desde el principio, el expresidente de Perú ha sustentado que la Fiscalía no posee suficientes pruebas en su contra y ha asegurado que está “privado injustamente” de su libertad, solicitando al mismo juez que la aparte de la investigación.

“Pido que hoy emita una decisión correcta en función a los argumentos que ha hecho mi defensa. Una decisión sin ningún tipo de apasionamientos, sin parcialización en mi contra, y una decisión firme en honor a la justicia, sin ninguna presión mediática”, ha indicado, según ha informado El Comercio.

La justicia peruana ha escuchado al exmandatario y admitió en las últimas horas el trámite del recurso presentado por Castillo para anular la resolución del Congreso que dispuso su destitución, lo que ha sumido al país en una incertidumbre política y social que ha afectado al gobierno en cabeza de la presidenta Dina Boluarte.

De esta manera, la Tercera Sala Constitucional de Lima ha programado para el próximo 23 de junio la audiencia virtual en la que se evaluará el recurso, con la participación del expresidente y las demás partes involucradas, y ha dado a la Fiscalía diez días para presentar sus alegaciones.

El Congreso de Perú aprobó, a principios de diciembre y en sesión extraordinaria, una moción de censura contra el presidente Pedro Castillo poco después de que este anunciara la disolución de la cámara y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.

La destitución de Castillo fue el principio de una de las etapas más convulsas de la historia reciente del país con el estallido de fuertes protestas contra el Gobierno de su sucesora, Dina Boluarte, que se saldaron con 60 fallecidos.

El recurso de amparo, presentado el pasado mes de enero contra el presidente del Congreso, José Williams, alega que la destitución de Castillo vino dada tras una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa del exjefe de Estado.

En ese sentido, como informó el medio de noticias RPP, Pedro Castillo demanda que se restablezca la vigencia de sus credenciales como presidente de la República y se ordene su restitución en el cargo.

Castillo no la tendrá fácil, pues el pleno del Congreso hará lo posible para que no sea reversada la decisión, es tanto así que el parlamento aprobó el informe final de la comisión de fiscalización en el que se recomienda denunciar constitucionalmente al expresidente.

La iniciativa, que contó con 61 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, sostiene que Castillo estaría al frente de una organización criminal en la que también estaría incluida su esposa, Lilia Paredes Navarro, para quien la Fiscalía ha pedido recientemente ocho años de cárcel por estos hechos.

Castillo, según esta comisión, habría incurrido en los delitos de colusión, tráfico de influencias y actividades incompatibles con el cargo al ejecutar, bajo un decreto de urgencia, varios proyectos de inversión en los municipios de Anguía, Chachapoyas y Chadín, informa el diario ‘La República’.

Por estos mismos cargos también se recomienda la denuncia del que fuera su ministro de Vivienda, Geiner Alvarado López. El resto de participantes en esta supuesta red criminal son el ya mencionado Marrufo Alcántara, el exalcalde de Anguía José Medina Guerrero y el investigado Hugo Espino Lucana.

Con información de Europa Press*