Kissinger: un Nobel sin paz

La noticia paso extrañamente inadvertida. La semana pasada fuentes judiciales anunciaron en Santiago que el juez Juan Guzmán vinculará al ex secretario de Estado Henry Kissinger al proceso sobre el asesinato del periodista norteamericano Charles Horman, ocurrido en Santiago en 1973 tras el golpe perpetrado por el general Augusto Pinochet. Kissinger sería consultado sobre la tesis de que el periodista, cuyo caso inspiró la película Missing, tenía pruebas de la participación de la CIA y del propio funcionario en el golpe.

Se trata de la segunda vez en menos de un mes que Kissinger es mencionado en relación con los crímenes de la dictadura chilena. La primera se presentó en Francia, donde el magistrado Roger Le Loire aprovechó su presencia en París para solicitarle su testimonio sobre la desaparición de oponentes al gobierno de Pinochet, concretamente la de cinco ciudadanos franceses, y la posible conexión de la misma con el Plan Cóndor, un esquema concertado por las dictaduras del Cono Sur para eliminar a los activistas de izquierda. La decisión del juez fue tomada al encontrar pruebas en documentos desclasificados por el Departamento de Estado que involucraban a Kissinger como conocedor del Plan Cóndor en 1976.

En ninguno de los dos casos se espera que Kissinger acepte colaborar con la justicia. De París salió como alma que lleva el diablo mientras la embajada de su país se encargaba de responder la citación, no obligatoria, con el argumento de que sus ocupaciones no le permitían aceptarla, mientras instaba al juez para que condujera sus pesquisas a través del Departamento de Estado. Y nada indica que en Santiago las cosas sean diferentes.

Pero una y otra noticia confirman lo que desde hace algún tiempo se viene cocinando en medios jurídicos internacionales: que el cerco legal contra Kissinger se cierra cada vez más por su participación en crímenes de Estado que abarcan no sólo los hechos de Chile sino otros en los cuatro puntos cardinales. Y a medida que el gobierno norteamericano ha ido revelando documentos de su época el ex secretario de Estado ha entrado en pánico. El periodista norteamericano Christopher Hitchens, quien lleva años investigando a Kissinger, tiene elaborado todo un prontuario sobre sus actuaciones (ver recuadro). Hitchens sostiene que el millonario consultor y conferencista ya no viaja sin asesorarse de sus abogados.

Pasaron años antes de que sus contradictores encontraran las pruebas que sustentaran legalmente la participación de Estados Unidos en los golpes de Estado en Latinoamérica en los 70, y con ella la responsabilidad de Kissinger. Fueron dos los hechos que dejaron las pruebas al descubierto: el surgimiento de una legislación internacional para castigar los crímenes de lesa humanidad y la detención de Pinochet en Londres por órdenes del juez Baltasar Garzón, quien pidió al gobierno estadounidense desclasificar los documentos de las agencias de inteligencia norteamericanas.

Entre papeles tachados, sin nombres de agentes ni colaboradores, apareció el primer memorándum del entonces asesor de Seguridad Nacional al presidente Richard Nixon, fechado el 17 de septiembre de 1970 a pocos días de que Salvador Allende ganara en las urnas. En él Kissinger propone un “plan de acción clandestina” y recomienda que se establezca “un grupo de tareas en Washington que se reúna a diario, tome decisiones, envíe directivas y mantenga el control de las cosas” y sugiere “un método de trabajo secreto”. Otro de las decenas de documentos es la memoria de la reunión que celebraron Kissinger y Pinochet en 1976, en la que el funcionario respalda al dictador sin reservas y minimiza las críticas que ya se elevaban por sus crímenes.

“Toda esa documentación forma las pruebas para que Kissinger responda por su responsabilidad en los crímenes de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay en el marco de la Operación Cóndor”, dice la abogada Fabiola Letelier, peticionaria de la cita a declarar a Kissinger, “nosotros descubrimos 17 documentos que involucran a personeros del gobierno de Nixon en el caso Horman. Hemos pedido que desclasifiquen los documentos que faltan”. (ver entrevista).

Aunque Kissinger negó en sus memorias (publicadas en 1999) toda complicidad con el Plan Cóndor, el juez federal argentino Rodolfo Canicoba, quien falló contra los ex dictadores Rafael Videla, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner por ser artífices del mismo, también admitió su intención de interrogar al ex secretario de Estado por su presunta complicidad con las dictaduras y sus aparatos represivos.

El abogado en derechos humanos Eduardo Contreras dijo a SEMANAen Santiago que “se está presentando una querella contra Kissinger y todos los que resulten culpables de la intervención en Chile, que culminó con el golpe, y las violaciones a los derechos humanos. Esa querella criminal y civil se hará en los tribunales de justicia de Estados Unidos y es un anticipo de lo que puede venir. Me refiero a que si aplicamos los tratados que existen sobre derecho internacional, Kissinger puede ser juzgado en cualquier lugar y por cualquier ciudadano de América Latina que fuera violado en sus derechos humanos mientras él era secretario de Estado. Para eso han sido fundamentales los documentos desclasificados porque ellos se han constituido en las pruebas procesales. En ellos están las pruebas de que el gobierno de Estados Unidos creó una política de exterminio y para ello usó a los militares”.

Como si lo anterior fuera poco, aún no se han comenzado a usar los documentos desclasificados de la Escuela de las Américas para reforzar la tesis del genocidio. En esos documentos están todas las técnicas científicasque las fuerzas armadas estadounidenses enseñaron a los militares del continente para que las pusieran en práctica en la guerra sucia.

Hasta ahora las voces que exigen justicia en Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y Centroamérica se habían conformado con pedir que se juzgara a sus dictadores y los cómplices locales; sin embargo cada vez son más los que piden que se juzgue a todos los que estuvieron implicados en las dictaduras militares que implementaron una política de exterminio, entre ellos Henry Kissinger, Vernon Walter, Gerald Ford, William Colby y otros menos conocidos.

No deja de ser una paradoja que, mientras la mayoría de los asociados políticos internacionales de Kissinger, como el Sha de Irán, Pol Pot, Suharto o Saddam Hussein han sido muertos, encarcelados o convertidos en parias por la historia, el ex secretario de Estado sigua siendo un hombre de extraordinaria influencia en su país. Tampoco que el 28 de mayo, cuando el diablo se le apareció en París, estuviera asistiendo como jurado del Premio Felix Houphouet-Boigny para la búsqueda de la paz de la Unesco. Ni que desde 1973 ese mismo hombre ostente el premio Nobel de Paz por la terminación de una guerra que contribuyó a prolongar sin sentido durante al menos cuatro años. Henry Kissinger parece encarnar en su propia vida la grave dicotomía existente en la política internacional de Estados Unidos, según la cual alguien es criminal de guerra o aliado confiable según los intereses de Washington lo demanden. Tal como sucedió, sin ir más lejos, con los personajes recién mencionados.