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La cacería del Gobierno de Nicaragua contra la prensa: SIP denuncia presiones sistemáticas
10 estados del país han sentido los estragos que hace el Gobierno con los emisores de la información.
El periodismo en Nicaragua está en una crisis prolongada desde hace varios años, marcada por acciones ilegales que han llevado a condenas de reporteros y cierres de medios de comunicación, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La ola de persecución estaría siendo protagonizada por el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien lo secunda en el poder y cuya legitimidad ha sido cuestionado por varias naciones.
Las víctimas tienen un común denominador: han publicado artículos rigurosos que ponen en evidencia las arbitrariedades que comete el Gobierno en contravía del pueblo. Tras los hechos documentados, los políticos los refutan con intimidaciones y no con argumentos.
Por ejemplo, desde la noche del 6 de julio, los comunicadores del diario La Prensa advirtieron que el régimen los estaba persiguiendo mientras realizaban la cobertura de un grupo de 18 misioneras religiosas que fueron expulsadas de Nicaragua.
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Los blancos de la acción ilegal fueron los conductores, fotógrafos y reporteros que estaban en la calle, quienes no tienen una sede para trabajar porque desde el 13 de agosto de 2021 fue ocupada por la Policía.
“Los conductores Mario Sánchez y Carlos Lam fueron secuestrados de sus viviendas y se presume que están en la prisión conocida como el nuevo Chipote. Con la intención de intimidar, la Policía también llegó a la casa de la reportera que cubrió el tema y, en la madrugada, allanó la de un fotógrafo del medio”, alertó la Sociedad.
Frente a este escenario, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo: “Responsabilizamos al régimen por lo que puede sucederle a cada uno de los trabajadores de La Prensa, víctimas de abusos, la intolerancia y la falta de respeto a sus derechos fundamentales”.
Si bien la resistencia de los periodistas ha mantenido de pie a La Prensa, la misma historia no la cuentan otras 22 empresas de información que fueron selladas por el Gobierno, alegando que son una amenaza para el país.
Desde el 2018, con las clausuras impuestas, se han exiliado más de 120 comunicadores en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros destinos porque no tienen las garantías de seguridad para ejercer en sus tierras.
Con base en los registros del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en 10 de los 17 estados del país se han presentado vulneraciones contra el periodismo. Las situaciones más críticas han ocurrido en Jinotega, Matagalpa, Managua y Nueva Segovia.
Según la Sociedad Interamericana de Prensa, las presiones ejercidas por Daniel Ortega y Rosario Murillo también se han reflejado en condenas sin argumentos a raíz de los contenidos periodísticos.
Miguel Mora, periodista y fundador del canal 100 % Noticias, fue enviado a la cárcel a pagar una pena de 13 años; Miguel Mendoza, cronista deportivo, recibió una condena de nueve años; Cristiana Chamorro, miembro del directorio del diario La Prensa y de la Fundación Violenta Barrios de Chamorro, tiene una pena de ocho años que está cubriendo en una residencia.
El listado lo complementan Jaime Arellano, comentarista televisivo; Pedro Joaquín Chamorro, miembro del directorio del diario La Prensa y de la Fundación Violenta Barrios de Chamorro; y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
El pedido de los comunicadores que integran la organización sin fines de lucro que se dedica a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en el continente es contundente:
“Ante la nueva embestida contra La Prensa, reiteramos nuestro llamado urgente a restaurar las libertades en Nicaragua, donde el régimen actúa con total discrecionalidad, sin enfrentar consecuencias por sus acciones represivas”, afirmó el presidente de la Comisión, Carlos Jornet.
Recientemente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le pidió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, que cese los hostigamientos que estaría liderando en contra del periódico El Colombiano.
