La constituyente chilena: por un país más igualitario

Las manifestaciones, y la sangre derramada, no fueron en vano. La protesta social en Chile de 2019 obtuvo sus frutos y millones acudirán a las urnas este fin de semana para elegir los 155 miembros de la Convención Constituyente. Los elegidos tendrán la responsabilidad de redactar la nueva carta magna del país, que reemplazará a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Esa Constitución, de 1980, es considerada por muchos el origen de las desigualdades del país, por privatizar servicios básicos como el agua, la salud y las pensiones. En su momento, el gabinete del dictador impuso siete reformas estructurales: educación, salud, laboral, previsional, justicia, agricultura y regionalización. De esta manera, se instauró la lógica de mercado, además de la mercantilización de la vida social cotidiana y la política. Esto generó precariedad, abandono y una brecha insondable entre ricos y pobres.

Días antes del estallido social, el presidente chileno, Sebastián Piñera, habló en televisión sobre las tensas situaciones políticas que atravesaban países de la región. Señalaba a Perú y Argentina, mientras se enorgullecía del modelo chileno. “En medio de esta América Latina convulsionada vemos a Chile como un verdadero oasis con una democracia estable. El país está creciendo, estamos creando 176.000 empleos al año y los salarios están mejorando”. Pero esa burbuja estalló. El aumento de 30 pesos chilenos en el transporte público bastó para encender la mecha, que desembocó en la mayor protesta social en décadas. Lo que comenzó como un reclamo contra la subida del precio del tiquete de metro se convirtió en clamor popular y convocó a más de un millón de personas para exigir un modelo socioeconómico igualitario.

Las manifestaciones dejaron más de 30 personas muertas, centenares de heridos y destrozos en la infraestructura pública. Sin embargo, lograron poner en jaque al Gobierno conservador de Piñera, que, como una medida desesperada para apaciguar los ánimos, planteó la posibilidad de redactar una nueva Constitución. La posibilidad se convirtió en una realidad tras el triunfo arrollador del 80 por ciento en el histórico plebiscito celebrado en octubre de 2020. Fue así como los chilenos desterraron el último de los legados de Pinochet.

Bajo estrictas medidas sanitarias por el coronavirus, los chilenos acudirán a las urnas para elegir a 155 representantes entre más de 1.300 candidatos que se postulan para formar parte de la Convención Constitucional, que estará integrada por miembros de la sociedad civil, entre los que se presentan militantes de partidos tradicionales e independientes. Sus integrantes tendrán nueve meses para presentar un nuevo texto. En 2022, Chile vivirá un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución.

El proceso de escritura de la carta magna tiene varios retos por delante. Como lo explica Maite de Cea, doctora en Ciencia Política, a SEMANA, “El primero es establecer un reglamento de funcionamiento, es decir, cómo será el procedimiento de redacción del texto constitucional. El segundo será el de la participación ciudadana y cómo piensa la Convención tener espacios deliberativos con la sociedad”. La experta también asegura que “en otras experiencias internacionales de asambleas constituyentes se han establecido distintos mecanismos de participación ciudadana a nivel nacional o hasta descentralizado en los distintos territorios”.

Los resultados electorales son una incógnita. Sin embargo, hay cambios que se espera que tenga la nueva Constitución. Como le cuenta a SEMANA Claudio Fuentes, profesor en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, el nuevo documento “probablemente incorporará un catálogo más extenso de derechos sociales; se establecerá a nivel constitucional algún tipo de reconocimiento de pueblos originarios; se aumentará el rol del Estado en materia de fiscalización y control de derechos en tanto garante”.

Los chilenos alzaron la voz y el Gobierno no tuvo más remedio que escucharlos. Ahora tienen el poder de elegir a quienes redactarán una Constitución que los cobije a todos y cierre la brecha social de una vez por todas.