La encrucijada de Macron: ¿qué hacer para frenar el terrorismo en Francia?

Rodeados de las solemnes estatuas de Victor Hugo y de Louis Pasteur, en el patio adoquinado de la universidad La Sorbona, el presidente francés Emmanuel Macron y 400 personas rindieron un homenaje a Samuel Paty, el profesor de colegio decapitado la semana pasada por un islamista por haber mostrado a sus estudiantes caricaturas del profeta Mahoma. Frente al ataúd del docente, en ese miércoles otoñal, el mandatario ensalzó los valores humanistas en esta institución donde, como dijo un consejero de Macron, “desde hace 800 años florece la libertad de conciencia y de pensamiento”.

En las calles del país, miles de personas conmemoraron esta semana el trabajo de este docente del colegio de Bois-d’Aulne, en la pequeña ciudad de Conflans-Sainte-Honorine, a una hora de París. En esta nación, en la que la educación pública es un fundamento de la república y la mayoría de los maestros son funcionarios del Estado, el crimen contra Samuel Paty provocó una ola de dolor.

Sin saberlo, este profesor de 47 años firmó su sentencia de muerte el 6 de octubre. Ese día, durante un curso de educación cívica, mostró a sus estudiantes dos caricaturas del profeta Mahoma, publicadas en Charlie Hebdo. Rápidamente, las redes sociales comenzaron a agitarse y tres videos salieron en internet. En uno de ellos, Brahim Chnina, padre de una alumna de 13 años, califica de “delincuente” al maestro y pide una movilización en su contra. En otro, Abdelhakim Sefrioui, un conocido activista islamista, denuncia a Paty. En la tarde del 16 de octubre, Abdoullakh Anzorov, un ruso de 18 años de origen checheno, lo atacó a la salida del establecimiento con un cuchillo de 35 centímetros. Le cortó la cabeza y publicó una foto y un mensaje en Twitter: “(…) A Macron, el dirigente de los infieles, ejecuté a uno de tus perros del infierno que osó degradar a Mahoma, tranquiliza a sus semejantes antes de que les inflijamos un duro castigo”. Minutos después, Anzorov atacó con esa misma arma a las fuerzas del orden que llegaron al lugar del crimen, y estas lo abatieron.

Muy pronto detuvieron e interrogaron a 16 personas, incluidas Brahim Chnina, Abdelhakim Sefrioui os estudiantes que habrían recibido dinero del terrorista para señalar al docente. Al cierre de esta edición, varios detalles del homicidio permanecían sin aclararse y siete personas esperaban su audiencia ante un juez. El Gobierno había decidido mostrar una mano firme en la lucha contra el terrorismo. Detuvo e hizo “visitas domiciliarias” a decenas de miembros de círculos islamistas, amenazó con deshacer asociaciones, cerró una mezquita y anunció que expulsaría a 231 extranjeros radicalizados. “Los islamistas no deben poder dormir tranquilos en nuestro país”, dijo Macron a su gabinete. Gérald Darmanin, el ministro del Interior, prometió “acosarlos”.

Esas acciones precipitadas pueden parecer valientes, pero tienen una viabilidad jurídica cuestionable. Para disolver a las asociaciones supuestamente radicales, el Gobierno deberá exponer un motivo contundente. Por ahora, no han presentado pruebas concretas contra las estructuras mencionadas, como el Colectivo Contra la Islamofobia en Francia, considerado por sus críticos como una organización política; ni contra Barakacity, organización rigorista pero no necesariamente fuera de la ley. Solo el colectivo de Abdelhakim Sefrioui fue disuelto.

Además de las medidas contra personas o estructuras consideradas sospechosas, también generan interrogantes los criterios para seleccionar a los individuos controlados. Muchos en el país advierten que ser un musulmán ortodoxo no significa ser terrorista. “Si sancionamos personas calificadas como enemigas de la república simplemente porque sus ideas o sus acciones nos disgustan, vamos a sobrepasar ampliamente los límites del Estado de derecho”, dijo a radio France Inter Nicolas Hervieu, especialista de libertades públicas del Instituto de Ciencias Políticas de París.

Por ello, muchos sugieren que, en vez de lanzar medidas apresuradas que podrían debilitar los fundamentos democráticos, el Gobierno utilice el arsenal policial y jurídico actual con más recursos, agentes, fiscales y jueces.

Eso no quiere decir que no sea pertinente modificar la ley ante la evolución de la amenaza. Hoy, los países no logran controlar las acciones de los movimientos extremistas en las redes sociales. El autor del atentado había publicado contenidos violentos en internet sin levantar muchas alarmas. Los llamados a intimidar al profesor también salieron en línea. A este problema, identificado desde hace años, responde un paquete legislativo que la Comisión Europea espera presentar en diciembre, que incluye la lucha contra el odio en las redes. En Francia, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok fueron convocados esta semana por el Gobierno para organizar un control más eficaz de sus contenidos.

Otro desafío principal consiste en enfrentar a los movimientos islamistas sin lacerar a la comunidad musulmana. Macron repite sin cesar que el Estado no tiene por qué opinar sobre temas religiosos. Sin embargo, acciones como el cierre de la mezquita de Pantin, localidad contigua a París, por haber compartido uno de los videos contra el profesor provocan la incomprensión de sus fieles. Así mismo, las críticas del ministro del Interior contra los estantes de alimentos halal en los supermercados fueron vistas como una amalgama entre radicales y creyentes.“En los estudios vemos que la población musulmana se siente señalada por el antiterrorismo, y eso conduce a fenómenos de autocensura, prudencia y desconfianza que no deberían tener lugar. Y ocurre en toda Europa”, dijo a SEMANA Emmanuel-Pierre Guittet, especialista del fanatismo y coautor con François Thuillier del libro Homo terrorismus, los caminos ordinarios de la violencia extrema.

Por ello, los expertos piden serenidad en la expresión política para no atizar el odio. “Es más difícil responder a la violencia cuando el discurso público viene del campo semántico de la virilidad y de la guerra. Es necesario desarmar las mentes, y no solo de las personas radicalizadas”, explicó Guittet.

En la perdurable lucha contra el terrorismo se ha arraigado el riesgo del debilitamiento de la democracia y de la división de una parte de la población que practica la misma religión que dicen defender los yihadistas. Como lo recordó Robert Badinter, ministro de Justicia que abolió la pena de muerte en Francia, cuando lo interrogaron sobre el asesinato de Paty: “Al tesoro que llamamos república, con sus garantías, con su libertad, con su derecho a la expresión, que nos fue legado después de siglos de combate, tenemos que protegerlo sin agitarnos ni pedir leyes y leyes”.