“La Guardia Nacional de Venezuela ha torturado”

Desde el 12 de febrero pasado, cuando empezaron las manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, las fuerzas de seguridad venezolanas han golpeado de forma brutal a quienes han protestado, les han disparado a quemarropa y los han sometido a castigos físicos y psicológicos que, al menos en 10 casos, constituyen tortura.

Esa es la principal conclusión del informe presentado esta mañana en el National Press Club (Club Nacional de Prensa) de Washington por la ONG estadounidense Human Rights Watch, en un texto de 103 páginas que lleva por título `Castigados por protestar: violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela´.

De entrada, el informe de Human Rights Watch deja claro el resultado de la investigación: “En 45 casos encontramos evidencia fuerte de serias violaciones a los derechos humanos, cometidas por las fuerzas de seguridad de Venezuela, que incluyeron violaciones al derecho a la vida, así como tratamiento degradante y cruel”.

El documento añade que a veces “la Fiscalía toleró o participó en estos abusos” y subraya que “los jueces miraron para otro lado ante la evidencia de que los detenidos habían sufrido abusos en su cautiverio”. Asimismo dice que hubo víctimas que recibieron golpes y también presiones de carácter psicológico. Y advierte: “Al menos en diez casos los abusos constituyeron claramente tortura”.

Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, “la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que hemos documentado en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y de funcionarios judiciales que tomaron parte en estos delitos demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de agentes insubordinados”.

Para Vivanco, el fenómeno “forma parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en años en Venezuela”. ¿Hay solución a la vista? De un lado, Human Rights Watch sugiere que el gobierno venezolano permita la supervisión de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. De otro, que los gobiernos de la región, agrupados en entidades como Unasur, Mercosur o la OEA, le hagan ver al gobierno de Maduro que debe impedir y castigar los excesos.

Uno de los casos documentados en el informe es el de Moisés Guánchez, de 19 años, que trabajaba en el centro comercial El Carrizal el 5 de marzo. Ese día, el restaurante donde estaba contratado debió cerrar a causa de las protestas. Poco después, se vio atrapado en un estacionamiento junto a otras 40 personas. La Guardia Nacional llegó y empezó a dispararles gases lacrimógenos y perdigones.

Lo que siguió lo relata así Human Rights Watch: "Cuando Guánchez intentó escapar, un guadia nacional le impidió el paso y le disparó en dirección a la cabeza. Guánchez recibió el impacto en el brazo que había levantado para protegerse el rostro, y cayó al suelo. Si bien no ofreció resistencia, dos guardias nacionales lo levantaron y se turnaron para golpearlo hasta que un tercero se acercó y le disparó perdigones en la entrepierna. Guánchez tuvo que recibir transfusiones de sangre y someterse a operaciones en el brazo, la pierna y uno de sus testículos".