La guerra política entre Luis Arce y Evo Morales que está detrás de las protestas en Bolivia

Bolivia está semiparalizada por los bloqueos de carreteras que desde el 22 de enero realizan seguidores de Evo Morales, impedido por los jueces para buscar una nueva reelección. Las protestas enardecieron la lucha dentro del oficialismo entre el exmandatario y el presidente Luis Arce, su antiguo aliado y hoy mayor adversario en su intento por volver al poder.

A finales de diciembre, el Tribunal Constitucional inhabilitó a Morales como candidato presidencial para la contienda de 2025, aduciendo que la reelección indefinida no es un “derecho humano”, como había señalado en otra sentencia de 2017. La corte -cuyos integrantes son considerados afines al gobierno- también argumentó que el exgobernante de 64 años ya ejerció los dos mandatos que permite la Constitución.

Amparado en las reformas constitucionales que él mismo promovió, Morales ocupó la presidencia entre 2006 y 2019, cuando se vio forzado a renunciar, acosado por la crisis que estalló por un supuesto fraude electoral para obtener un cuarto mandato.

Tras el reciente fallo, los cocaleros salieron a las carreteras en respaldo de su líder para exigir la renuncia de los magistrados constitucionales que prorrogaron sus propios mandatos, ante la falta de un acuerdo en el Congreso para llamar a comicios judiciales el año pasado. También piden que se convoque cuanto antes a la elección de un nuevo tribunal.

“Mientras los actuales jueces estén en sus cargos, la candidatura de Evo es inviable”, sostiene la politóloga Ana Velazco. En su opinión, Morales busca que una nueva corte -conformado por magistrados afines- revierta la sentencia y reviva sus aspiraciones.

“Este conflicto es la expresión de una disputa al interior del partido de gobierno, una disputa por quién va a ser el nominado como candidato”, sostiene Carlos Cordero, analista de la privada Universidad Católica Boliviana. Además de los jueces, las protestas tienen como blanco al gobierno. El año pasado Morales rompió abiertamente con Arce, su antiguo ministro de Economía y cuya candidatura impulsó con éxito en 2020.

La pugna fracturó al oficialismo que tiene mayorías en el Congreso. El ala gubernamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) proclamó a Arce como su candidato para el 2025. Otro sector arropó la aspiración de Morales. El pulso se libra en la justicia, en el legislativo y desde hace una semana en las carreteras. Sin un liderazgo único, la oposición no se perfila todavía como opción sólida para 2025.

“Una cosa era Evo como presidente, pudiendo manejar muchos recursos del Estado (...) a los que ahora no tiene acceso, pero otra cosa es Evo dirigente. Quiere mostrar que puede poner en jaque al gobierno”, sostiene Ana Velazco.

El líder indígena cree que Arce (60 años), jueces y congresistas se aliaron para boicotear su aspiración. “El Gobierno no quiere una justicia para el pueblo, quiere una justicia sumisa y sometida al Poder Ejecutivo para no respetar la Constitución Política del Estado”, lanzó en la red social X.

Con rocas, troncos y hogueras, miles de campesinos bloquean 36 carreteras, la mayoría en Cochabamba, cuna política de Morales. Las manifestaciones incomunicaron el oriente con el occidente de Bolivia. En ciudades como La Paz ya se siente el desabastecimiento y alto costo de algunos productos de la canasta básica como el pollo.

Según el balance del gobierno, tres personas han muerto al quedar varadas en las protestas, incluido un bebé de nueve meses con dengue que no pudo recibir atención médica en Cochabamba. Además, 32 policías han resultado heridos en enfrentamientos en las vías y 21 manifestantes han sido detenidos con explosivos.

El gobierno ha descartado el uso de la fuerza militar y ha culpado directamente a Morales. A él solo le interesa “ir retirando todo aquello que interfiere en su fijación de alcanzar nuevamente la presidencia”, señala Jorge Richter, portavoz del gobierno.

A instancias del gobierno, las divididas fuerzas del oficialismo en el Congreso acordaron iniciar este martes la discusión de un proyecto de ley para convocar a elecciones judiciales. El MAS encabezará una comisión “interpartidaria”, con representantes de la oposición, encargada de preparar una propuesta para llevarla al pleno del legislativo en un plazo indefinido.

Sin embargo, los partidarios de Morales mantienen la presión. Acá “no se está reconociendo la prórroga de los magistrados. Tampoco se ha tratado o se ha acordado levantar bloqueos”, advirtió el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez.

Con información de AFP.