La lista de denuncias en la CPI contra Maduro es larga: ¿Podría encarcelarlo?

En tan solo una semana, el escenario de América Latina ante la Corte Penal Internacional dio un giro radical. La visita del fiscal de este organismo en la región produjo dos noticias de gran trascendencia que no podrían verse individualmente.

La semana pasada, el fiscal Karim Khan cerró la investigación contra Colombia. Aseguró que no continuaba con este expediente, abierto desde 2004, por la voluntad del país de “administrar genuinamente justicia”.

Unos días más tarde, todo lo contrario pasó en Venezuela. Allí, Nicolás Maduro recibió también con honores al fiscal. En una reunión en el Palacio de Miraflores, Khan le soltó este tremendo baldado de agua fría: que Venezuela sería el primer país de América Latina en ser investigado por la CPI. Tanto Khan como Maduro manejaron con astucia esa visita.

Pero el sabueso abogado fue mucho más ágil. El presidente venezolano presentó en su residencia en Miraflores la presencia del fiscal como una invitación del régimen con miras a un trabajo conjunto. Así seguramente pensó que se evitaba el mal momento de quedar en la oprobiosa lista de gobiernos del mundo al que la CPI les tiene una lupa encima.

Pero Khan realmente había logrado algo sin antecedentes: comprometer a Maduro a dejar investigar los graves crímenes que han sucedido en Venezuela por un tribunal imparcial. “Les pido a todos, a medida que entramos en esta nueva etapa, que den a mi oficina el espacio para hacer su trabajo”, comentó Khan al final de su intervención en ese encuentro.

Maduro en el fondo sí había ganado algo, que la CPI le abriera una investigación al país y no a él, como ha sucedido en otros regímenes en especial en África. Khan aclaró que “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo” y que será la investigación la que determinará “si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”. Pero al final, Maduro también se dio cuenta de que las cosas no le habían salido bien.

Una vez Khan abandonó esa reunión cordial en Miraflores, Maduro se despachó. “La llamada fase de examen preliminar no le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba”, dijo indignado. El gobernante venezolano le había dicho al fiscal que es el primer interesado en que se sepa la verdad.

“Venezuela ha conquistado su derecho a la paz, señor fiscal. Si no hubiera justicia, no hubiera paz y en Venezuela hay una paz dinámica construyéndose, hay una paz sustentada en derechos constitucionales... En nombre de Dios pido la verdad, pido la justicia para nuestro país”, había sostenido. Esas palabras contrastaron con lo que vino después. Maduro dijo la tradicional frase de que respeta, pero no acata esa decisión.

¿Qué viene para Maduro?

Carlos Arévalo, expresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y profesor de la Universidad de la Sabana, explica que en la fase de examen preliminar, que era en la que estaban tanto Colombia como Venezuela, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional evalúa si existen fundamentos de hecho y de derecho suficientes para abrir una investigación que pueda conducir a un juzgamiento de alguna de las conductas criminales competencia de la CPI. Pasar a la fase de investigación significa que la Fiscalía considera que existen esos fundamentos en el caso Venezuela.

El jurista aclara que todavía se trata de una fase de investigación, en la que no se han imputado cargos ni se ha iniciado ningún juicio. Sin embargo, la fase de investigación puede conducir a una solicitud de comparecencia de los posibles responsables, o incluso a una orden de detención.

A diferencia de Colombia, en donde la decisión de archivo se motivó en la solidez e independencia de su sistema judicial, con la JEP a la cabeza en las investigaciones de conflicto, uno de los criterios que seguramente más pesaron en la apertura de la investigación por parte del fiscal de la CPI es la falta de independencia de la fiscalía y los jueces en Venezuela.

Hay que recordar que la antecesora de Khan, Fatou Bensouda, ya había dicho antes de dejar el cargo que existían “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El excanciller y decano de Relaciones Internacionales del Rosario, Julio Londoño Paredes, asegura que la decisión de la CPI es un asunto con carácter simbólico y político, pero que este organismo tardará muchos años en pasar a una siguiente fase, como lo han demostrado otros procesos en el mundo que se adelantan ante esa jurisdicción.

“Naturalmente eso no le gusta a Maduro, pero por el momento no tiene efectos prácticos de ninguna clase. Ni siquiera se ve viable que se concrete la posibilidad de que los fiscales de la CPI tengan las puertas de los despachos de Venezuela abiertos”, sostiene.

En el régimen de Maduro, sin embargo, se ha sentido el cimbronazo. “La CPI es el único espacio real que mueve los cimientos del poder en Venezuela. Es a lo único que le temen”, explica el abogado venezolano experto en derechos humanos Zair Mundaray. El jurista tuvo que huir de Venezuela por cuenta de la persecución del régimen de Maduro. “En este momento hay una euforia colectiva porque se abrió una puerta, pero no hay que olvidar que muchos querrán cerrarla”, advirtió.

La decisión fue celebrada también por el presidente interino, Juan Guaidó. “Existen fundados indicios de que se han cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, se cometen atrocidades como política de Estado. Lo que implica que altos mandos están involucrados…. (La CPI) es un ‘club’ en el que nadie quiere estar”, agregó.

Y a este mismo furor se sumó Antonio Ledezma: “Con nuestras gloriosas notas del Gloria al bravo pueblo tenemos que sentir la satisfacción de que la lucha que ha dado el pueblo venezolano y los sacrificios de los venezolanos que perdieron la vida luchando por recuperar la libertad no son en vano”, indicó.

¿Qué tiene la CPI contra Maduro?

Durante los últimos años, son muchas las voces que han acudido a la CPI para denunciar al régimen de Nicolás Maduro. Una de las principales la lideró el hoy presidente Iván Duque, cuando era senador en 2017. En un robusto informe, firmado por 76 congresistas de Colombia y un número similar en Chile, se documentaban casos de tortura, asesinato, persecuciones y arrestos masivos, entre otros.

En este momento, Duque viajó a la sede de este organismo y desde allí aseguró que la CPI debía asumir el caso pues la justicia venezolana había sido cooptada por el régimen y no gozaba de ninguna independencia. Pero el golpe más simbólico contra el Gobierno Maduro vino un año después. Iván Duque ya era presidente y a esa causa de llevar a Maduro a la CPI, liderados por él, se unieron seis países: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá.

“Los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”, dijo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos en este momento. Para esa época esos países ya habían recibido a los millones de refugiados de este régimen en sus tierras.

Por supuesto que la CPI también tiene información y solicitudes de decenas de organizaciones sociales en Venezuela que por años han documentado los abusos del régimen. Lo que viene para Venezuela es lo siguiente. El Gobierno tiene 30 días para presentar una solicitud de revisión de esa decisión. Se anticipa que esta será rechazada por la CPI. A su vez, este organismo tiene también que presentar un informe en el que da algunos detalles de su decisión.

En este punto, la CPI comienza a llamar testigos. Todo el material es confidencial y lo único que se puede saber es que los casos deben ser de hechos cometidos después de 2017. Seguramente una de las fuentes de la CPI serán los centenares de políticos y funcionarios judiciales refugiados en terceros países. Entre ellos siempre se ha hablado de la exfiscal Luisa Ortega, quien tuvo una huida de película de ese país y vivió aislada en Colombia antes de radicarse en España.

Todo este proceso se hará muy discretamente y como han anticipado todos, tomará mucho tiempo. Pero, por ahora, le ha dado una bocanada de oxígeno a los millones de personas que han sufrido por los abusos de Maduro. Y Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, lo resume bien en una frase de una entrevista que dio al diario El Nacional: “La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, señor Karim Khan, es la mayor esperanza de justicia para las víctimas de atrocidades cometidas por agentes del Estado”.