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La OEA exigió restituir sede que fue confiscada por Nicaragua
El comunicado afirma que Ortega es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales.
Ocho países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) impulsan este viernes una condena a Nicaragua por el cierre forzado de las oficinas del bloque regional en Managua de parte del gobierno de Daniel Ortega.
Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Granada y Uruguay presentaron un proyecto de resolución para “condenar enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la OEA y la incautación de sus bienes en Managua, el domingo 24 de abril de 2022, en violación de las obligaciones legales del gobierno de Nicaragua”.
El texto será debatido en la sede de la OEA en Washington a partir de las 14H30 (18H30 GMT) durante una sesión del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización integrado por sus 34 miembros activos. Para ser adoptado necesita una mayoría simple de votos, o sea 18.
El proyecto de resolución deplora “la violación de la inviolabilidad de los archivos” de la OEA, pide “que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras esté Nicaragua” y exige “que se restituya inmediatamente” el uso de los locales incautados.
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Además, subraya que el gobierno de Ortega “es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales”, citando acuerdos sobre privilegios e inmunidades firmados por Nicaragua en 1960 y 1989, así como la adhesión del país a la Carta de la OEA de 1948.
El proyecto de resolución reconoce que el gobierno de Ortega anunció el retiro de Nicaragua de la OEA, pero recuerda que sus obligaciones legales “siguen vigentes hasta la fecha efectiva de la salida”, el 18 de noviembre de 2023.
El Gobierno nicaragüense cerró el 24 de abril las oficinas de la OEA en Managua y adelantó la retirada de sus representantes ante el bloque regional. Nicaragua anunció su salida de la OEA el 18 de noviembre, luego de que la organización desconociera la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo, en comicios celebrados con sus rivales y opositores presos.
El 26 de abril, el gobierno de Ortega informó que el edificio que albergaba las oficinas de la OEA en Managua había sido “declarado de utilidad pública” y se convertiría en “el museo de la infamia”. Al día siguiente, durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, 16 países miembros expresaron su “consternación” y “preocupación” por lo ocurrido, reclamando respeto por los principios del derecho internacional.
Estados Unidos, en particular, exhortó a la OEA a tomar medidas “concretas” para responder a lo que consideró una “abominación institucional e ilegal”. Nicaragua, uno de los países fundadores de la OEA, había presentado el 8 de abril a su nuevo embajador ante la organización, Orlando Tardencilla, luego de la destitución de su predecesor, Arturo MacFields, quien el 24 de marzo denunció ante el Consejo Permanente de la OEA que su país es una “dictadura”.
Por otro lado, para los familiares de los presos (activistas, empresarios y opositores) en ese país, la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, las detenciones no respetaron la democracia y tuvieron motivaciones políticas.
Ocurrieron meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado en que Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, logró su cuarto mandato consecutivo.
Entre los detenidos estaban siete de sus posibles contrincantes, como Cristiana, favorita en las encuestas, quien recibió ocho años de prisión domiciliar. “Está sobradamente claro que los precandidatos fueron apresados para que no hubieran verdaderas elecciones”, consideró la exguerrillera Mónica Baltodano.
Los juicios contra los 45 opositores se realizaron a puertas cerradas en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, conocida como El Chipote, que familiares de los detenidos califican como celdas de “castigo” de máxima seguridad. Han reclamado por las consecuencias en su salud.
El Congreso, controlado por el oficialismo, anunció que evalúa aumentar las penas por estos delitos a 20 años.
“Los juicios estuvieron plagados de violaciones a las garantías más básicas del debido proceso. Se trata de la culminación de una dictadura brutal”, sostuvo Juan Pappier, de la división de las Américas de Human Rights Watch.
*Con información de AFP
