Política
La ONU extiende por un año su misión de verificación en Colombia, estas son las razones
El cese al fuego entre el Gobierno y el ELN será una de las prioridades de la misión.
El Consejo de Seguridad de la ONU extendió este lunes por unanimidad un año más la misión de verificación de los acuerdos de paz de Colombia, tras reconocer con “beneplácito” los progresos registrados desde su firma en 2016.
En un inusual acuerdo sin fisuras, los 15 miembros del Consejo aprobaron una resolución para “prorrogar el mandato de la Misión de Verificación hasta el 31 de octubre de 2024″ cuando está a punto de cumplirse la mitad del período de 15 años previsto para la implementación del Acuerdo Final firmado por representantes del Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Pueblo (FARC).
El texto, propuesto por Reino Unido, alerta del “impacto desproporcionado” del conflicto para las mujeres y las comunidades indígenas y afrocolombianas y urge a las partes, con el apoyo de instituciones estatales, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil, a “trabajar juntos para seguir construyendo este proceso y hacer frente a los desafíos” que generó.
Un desafío que preocupa en particular es la violencia en las áreas afectadas por el conflicto entre la guerrilla y fuerzas estatales.
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El histórico pacto de 2016, negociado en Cuba, llevó a que unos 7.000 combatientes de la guerrilla más antigua de América Latina depusieran las armas y se reincorporaran a la vida civil. También incluye una reforma rural, la participación política inclusiva, disposiciones étnicas y de género y la lucha contra las drogas ilícitas.
La renovación de la misión también abarca a las dos ampliaciones acordadas en enero y agosto pasados, relativas a la reforma rural integral y el capítulo étnico y la supervisión y verificación del alto el fuego alcanzado entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Queda excluido, sin embargo, el acuerdo alcanzado el pasado 16 de octubre entre el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que promueve una “paz total” desde que llegó al poder en agosto de 2022, con el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) -el mayor grupo disidente de las FARC-.
Ese pacto, que establece un alto el fuego hasta el 15 de enero próximo, se consideró que no “está suficientemente avanzado” para ampliar la misión, lo que puede ser objeto de una nueva resolución.
Tras las reticencias de Estados Unidos, que prefiere que haya más avances en el diálogo con este grupo, alegando que no siempre respetó sus compromisos en el pasado, podrá ser contemplado cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “confirme que se ha alcanzado un alto el fuego que incluya protocolos de verificación adecuados”.
Visión de género
La aprobación de la resolución envía “una fuerte señal” de apoyo al proceso de paz, dijo la promotora, la embajadora británica Barbara Woodward, para quien es “oportuno” que el Consejo haya “reconocido” los esfuerzos de la misión e “incorpore el género como una cuestión transversal en la ejecución de su mandato” y “garantizar unos conocimientos adecuados en materia de género”.
El texto aprobado también recuerda la ampliación del mandato de la misión que dirige Carlos Ruiz Massieu, de verificar el cumplimiento y la aplicación de las sentencias que dicte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tendrán como objetivo general la “realización de los derechos de las víctimas y la consolidación de la paz”, y deberán tener la “mayor función restaurativa y reparadora en relación con el daño causado”.
En el último informe trimestral del secretario general de la ONU del 26 de septiembre, Guterres manifestó su “grave” preocupación por la violencia persistente contra los exmiembros de las FARC-EP. Más de 350 excombatientes han sido asesinados desde la firma de la paz.
“El Estado no puede incumplir sus obligaciones con los hombres y las mujeres que tomaron la decisión correcta de buscar una solución negociada a décadas de guerra, esperando una oportunidad para vivir el resto de sus vidas en paz”, recordaba Guterres, que instaba al gobierno de Petro a tomar “todas las medidas necesarias” para garantizar su seguridad y protección.
Asimismo, hacía un llamado a las autoridades judiciales para que “lleven rápidamente ante la justicia a los responsables de estos crímenes”.
*Con información de AFP
