El agarrón de Trump con Twitter en pleno estallido social en EE. UU.

La guerra de Donald Trump con Silicon Valley alcanzó su punto más crítico. El presidente firmó el jueves una orden ejecutiva para amenazar la inmunidad de las redes sociales en relación con los contenidos que publiquen los usuarios. Es un paso temerario en dirección a recortar la autonomía que tienen para funcionar sin temor a que las demanden, sea porque censuren contenidos ofensivos o porque permitan su divulgación. La sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, vigente desde 1996, establece que los proveedores de “servicios de computación interactivos” no podrán ser tratados como editores de las publicaciones que aparezcan en sus plataformas.

Trump pidió a las agencias federales revisar la vigencia de la sección 230, como retaliación contra Twitter después de que el martes esta red clasificó varios trinos suyos sobre temas electorales como información dudosa, una medida normal que no había aplicado antes sobre la cuenta de Trump.

Twitter decidió el año pasado intensificar su política de control sobre contenidos falsos, ofensivos o que incitan a la violencia. Recientemente, censuró trinos de Nicolás Maduro porque, a juicio de los administradores, difundían información falsa sobre la covid-19. Pero hasta ahora, a pesar de las críticas de los opositores demócratas e incluso de algunos republicanos, jamás se había atrevido a tocar al presidente, quien tiene 80,5 millones de seguidores. Sin embargo, la semana pasada, tras diversos incidentes, decidió por fin fiscalizarlo, lo que produjo su abrupta reacción.

Los episodios forman parte de una cadena de conflictos de Donald Trump con las tecnológicas, con las que mantiene una relación de amor y odio.

Luego de la pataleta presidencial, Twitter agudizó la contradicción. El viernes, esa red decidió que un nuevo trino de Trump incumplía las reglas de la compañía, porque incitaba a la violencia. El mensaje prácticamente autorizaba a las autoridades a disparar contra quienes protestan por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la Policía, en un caso que produjo un enorme estallido social en Minneapolis y otras ciudades. Funcionarios de Twitter consideraron que el mensaje “glorifica la violencia”, y así lo etiquetaron. No lo retiraron del todo, por considerarlo de interés público, pero quedó cubierto con el mensaje de advertencia.

Los episodios de la semana pasada forman parte de una larga cadena de conflictos de Donald Trump con empresas tecnológicas, con las que mantiene una conocida relación de amor y odio. Por una parte, las redes sociales han sido su más importante arma política y prácticamente el instrumento que lo llevó a la Casa Blanca. No obstante, la derecha que él encabeza acusa desde hace varios años a las redes sociales de sesgos en su contra, e incluso de censura de contenidos conservadores. Curiosamente, es un punto de coincidencia con los demócratas y con los socialistas, que se quejan de lo mismo. Durante la actual carrera presidencial, candidatos y congresistas de ambos bandos han pedido controles severos sobre las grandes tecnológicas, por razones políticas y económicas.

Jack Dorsey, CEO de Twitter, defendió sus acciones. “Seguiremos señalando la información incorrecta o cuestionada”, dijo. Aunque su homólogo de Facebook, Mark Zuckerberg, piensa diferente y se pronunció en contra de censurar cualquier contenido en las redes, una posición que ha mantenido desde hace algunos años, aun en los momentos en que más críticas arreciaron contra Facebook por los contenidos de odio que allí circulan. “Las empresas tecnológicas no deberían ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en internet”, sostuvo en una entrevista en Fox el jueves.

Con todo, Trump podría haberse dado un tiro en el pie al intentar revisar la sección 230, algo para lo que, según algunos comentaristas, no tiene facultades. Pero aun si las tuviera, el resultado le sería adverso. De hecho, al eliminar la sección 230, las redes sociales quedarían clasificadas como editores de contenido, como los diarios y noticieros, y debería responder judicialmente por lo que publiquen los usuarios. Razón de más para redoblar los controles contra quienes escriben barbaridades, como el propio magnate.