La polémica propuesta de volver a las fumigaciones

El año pasado la suspensión de Colombia a las fumigaciones con glifosato se convirtió rápidamente en una noticia mundial. Los medios norteamericanos registraron esa decisión como uno de los giros más inesperados, pero inevitables de la lucha antidrogas y como una pérdida del poder de su país en imponer sus políticas a los productores.

La Organización Mundial de la Salud le había dado un impulso a ese giro al afirmar que esa sustancia podía además ser cancerígena y que, por eso, sugería evitarla. La Corte Constitucional soportó esa posición en un histórico fallo. Y en las negociaciones de La Habana, las FARC sostenían la necesidad de promover la erradicación manual de los cultivos.

Por eso, un documento firmado por el fiscal Néstor Humberto Martínez, y enviado al ministro de Justicia, cayó como una bomba. En siete páginas el jurista plantea la necesidad de volver a utilizar las aspersiones aéreas. Asegura que en los últimos cuatro años el país duplicó la cantidad de hectáreas cultivadas. Pasó de 47.788 en 2012 a casi 97.000 el año pasado. En su misiva, el fiscal le pide al ministro Jorge Londoño convocar rápidamente al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) para estudiar la situación.

¿Es posible lograr semejante reversazo? El tema de las fumigaciones siempre ha causado una enorme polémica. A pesar de que la opinión pública y los expertos en política de drogas consideran que el glifosato produce más daño que golpes efectivos al negocio del narcotráfico, lo cierto es que tampoco existe otra solución que haya sido efectiva a ese problema.
El viraje en la política de drogas fue uno de los trabajos más articulados del gobierno Santos. El año pasado, por primera vez diseñó una política propia contra las drogas, para tratar de interpretar las complejidades del territorio, y no solo seguir los enfoques de la DEA que hoy en día están en entredicho en el mundo. En ese contexto, el ministro de Justicia, Yesid Reyes asumió un rol de liderazgo internacional con esa bandera.
Sin embargo, la transición tampoco fue fácil. El año pasado, el gobierno pagó un alto costo político por suspender las fumigaciones. La oposición lo acusó de estar cediendo ante las Farc y el narcotráfico en esa materia, y su aliado histórico, Estados Unidos, que ha sido un entusiasta promotor del glifosato, se declaró decepcionado con la decisión de Santos.

Hace unos meses, otra decisión encendió la polvareda. El Consejo Nacional de Estupefacientes echó para atrás la histórica decisión de eliminar al glifosato y abrió la puerta para que esté fuera utilizado de nuevo, solo que ya no bajo la modalidad de aspersión aérea, sino aplicada directamente sobre los cultivos ilícitos.

El ministro de Justicia, Jorge Londoño, quien apenas comenzaba su gestión se declaró en desacuerdo. Aunque muchos interpretaron la actitud de Londoño como la primera muestra de lo difícil que será para algunos miembros del gabinete ser gobierno y oposición al tiempo (pues él es del Partido Verde), la realidad es que muchos otros ministerios y entidades del Estado no están de acuerdo con usar de nuevo esta polémica sustancia.

Los críticos no solo cuestionan los riesgos que implica usar el pesticida, sino que ya está probado que la fumigación por sí sola no sirve para contener en el largo plazo la expansión de la coca. Primero, porque los cultivos para usos ilícitos hoy en día están mezclados con otros legales. Segundo, porque los campesinos tienen estrategias para eludir el daño potencial del líquido en la mata de coca. Y tercero, porque los cultivos se trasladan a otros lugares rápidamente.

Pero más allá de las dudas sobre la efectividad de la fumigación, lo cierto hoy es que los estimativos del gobierno de Estados Unidos revelan que hay 159.000 hectáreas sembradas, lo que representa un incremento del 42 por ciento en el último año. Y ese crecimiento ha puesto al gobierno contra las cuerdas, dado que la estrategia contra las drogas que lanzó el año pasado, que se enfoca no tanto en los cultivos como en los eslabones más poderosos de la cadena del narcotráfico, aún no ha mostrado sus resultados.

El principal problema de la propuesta del fiscal Martínez, sin embargo, no será la política. La suspensión de las fumigaciones es uno de los principales acuerdos del punto de drogas firmado entre el gobierno y las FARC. El tema tiene un papel fundamental en el Acuerdo Final firmado entre el gobierno y ese grupo guerrillero. Si los colombianos refrendan ese acuerdo en las urnas, muy probablemente, luego de una ley aprobatoria, todo ese texto será considerado como parte del bloque de constitucionalidad. Por eso, la decisión de volver a fumigar no será tan fácil de lograr, pero sí promete encender la más enconada controversia.