La próxima batalla

Como toda situacion mala es susceptible de empeorarse, según el popular principio de Peter, los actores políticos de Venezuela se acercan a toda velocidad a un choque de trenes. Las posibilidades de diálogo y entendimiento en Venezuela parecen haberse roto ante las posturas infranqueables del presidente Hugo Chávez y de los empresarios que convocaron a un paro nacional para el 10 de diciembre (10-D) con el inédito apoyo de la mayor central sindical. Su protesta se refiere al paquete de 49 leyes, expedidas recientemente por el gobierno sin participación de la Asamblea Nacional, pues se trata del ejercicio de una todopoderosa ‘ley habilitante’.

“Desde la época de Cipriano Castro no ha ocurrido una acción empresarial como la de ahora”, dijo a SEMANA Juan González, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, al sumarse al paro de la patronal Fedecámaras. El representante del gremio binacional, que agrupa a 130 empresas que van a paralizar ese día el transporte e intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, comparó el paro del 10-D con el que ocurrió hace casi 100 años, cuando los empresarios se enfrentaron al general Cipriano Castro en protesta por los impuestos al ferrocarril. La revuelta empresarial dio lugar a un golpe de Juan Vicente Gómez, el dictador, en 1909.

En esta ocasión, también histórica, los empresarios objetan y rechazan el “sesgo ideológico”, dice Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras. Para González y el jurista Ramón Duque Corredor se trata más bien de la orientación “comunista” que le atribuyen a por lo menos 10 de las 49 leyes, como las de Hidrocarburos, de Tierras, de Pesca, de Costa, de Seguridad Social, de Registro y Notarías, y de Transporte, entre otras.

Ya el sector de la pesca industrial comenzó su paro indefinido desde el martes 27. Los pescadores han dejado de laborar, lo que pone en peligro una inversión de 1.200 millones de dólares en la flota y el empleo de 26.000 trabajadores. Con la nueva ley no podrán pescar sino después de seis hasta 10 millas de la costa y además pagar unos impuestos tan altos que los van a arruinar. Las primeras seis millas serán una zona exclusiva para los pescadores artesanales.

Chávez ha dicho que la nueva ley de pesca es “ecológica, de lo más moderna en el mundo, que permitirá el desarrollo de la pesca artesanal”. Sin embargo una obrera paralizada le reclama: “Aquí en la camaronera trabajan muchas mujeres y cómo nos vamos a quedar sin trabajo si los pescadores industriales no traen camarón para envasar”.

Pedro Carmona ha logrado unificar los gremios empresariales en torno del paro. Y aclaró a SEMANA que “no somos conspiradores ni queremos desestabilizar pero el presidente Chávez debe rectificar y modificar las leyes cuestionadas porque son inconsultas, inconstitucionales, porque atentan contra la propiedad privada, van a producir menos inversión, desempleo, inseguridad jurídica y personal y más empobrecimiento de la población”.

El mandatario ha instruido al ministro de Defensa, José Vicente Rangel, para servir de mediador con los empresarios. En sus declaraciones a SEMANA el ministro dijo que el sesgo ideológico de las nuevas leyes es el de la Constitución y no otro. Tampoco son “intervencionistas ni confiscatorias ni desconocen la propiedad privada”.

Rangel dijo que está dispuesto hasta a “arrodillarse” ante los empresarios con tal de convencerlos de que se sienten a la mesa de diálogo y llegar a un entendimiento sobre la aplicación de las leyes.

Sin embargo, después de ver que el mismo mandatario manipula a Rangel desautorizando sus gestiones e imponiendo su posición de no modificar las leyes, los empresarios se han negado a negociar con el funcionario y han insistido en que el interlocutor del diálogo debe ser Chávez en persona.

El opositor Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), quien propinó la primera derrota de Chávez en las recientes elecciones sindicales nacionales y sumó el apoyo de la masa laboral de ocho millones de trabajadores al paro empresarial, califica de “títere” a Rangel y a todos los ministros del gabinete. “Chávez es el que manda, el que debe rectificar y escuchar el clamor de vastos sectores”. El líder sindical advierte que “si el presidente Chávez no cambia estamos en capacidad de ir más allá, como lanzar una huelga indefinida antes y después del 10-D”.

La poderosa Fedecámaras representa el 90 por ciento del PIB no petrolero del país. También se le han unido las cámaras binacionales, con las cuales los inversionistas extranjeros manifiestan su rechazo. Y con la solidaridad de los trabajadores el país estará totalmente paralizado el 10-D, justo el día en que Chávez va a promulgar la Ley de Tierras, que elimina los títulos de propiedad privada pasados y futuros y los sustituye por los de usufructo.

No obstante la convocatoria del paro Pedro Carmona todavía le da una oportunidad al gobierno para que rectifique. La tabla de salvación es que el Parlamento decida anular o poner en el congelador por seis meses las leyes objetadas hasta que sean modificadas. “Si la Asamblea Nacional autorizó los poderes especiales (Ley Habilitante) al Presidente para que nos sorprendiera al cabo de un año con las 49 leyes, también está facultada para revocar y modificar estas leyes”, dijo a SEMANA.

Pero esa probabilidad es descartada por William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, quien ha dicho que es “imposible” que el Parlamento acuerde el congelamiento o reposo de las leyes cuestionadas. El mismo Chávez ha echado por tierra las posibilidades del diálogo y entendimiento con inquietantes argumentos muy de su estilo: “Para un revolucionario es un honor que Fedecámaras, la oligarquía, le haga un paro. Que me hagan un paro a ver quién puede más, si la oligarquía o yo. Porque esta revolución está armada. Yo hasta me río de ellos. Me entero de muchas cosas que hacen y dicen. No soy mocho ni sordo. Hace poco escuché en una de sus reuniones, porque tengo infiltrados, que la oligarquía amenaza incluso con matarme. Yo lo espero a ver si puede pero que se atenga a las consecuencias”.

La Cámara Venezolana Americana (Venamcham), la primera en inversiones de Estados Unidos en el país, también le ha dado la espalda al unirse al paro de Fedecámaras. La calificadora de riesgo Morgan Stanley ha comentado que el paro va a alejar las inversiones extranjeras. Hace dos meses el gobierno de Washington no incluyó a Venezuela en la renovación del Atpa, tratado de preferencias arancelarias andinas, por el recelo con que observa las relaciones internacionales de Chávez después del 11 de septiembre y se endureció mucho más a raíz de sus comentarios sobre la guerra de Afganistán.

La popularidad de Chávez se está haciendo añicos. No piensa ceder porque, en sus palabras, “los que deben rectificar son los empresarios”. El paro nacional de brazos caídos va. Es una prueba de fuego y es “el principio del fin” de la presión social, protestas y cacelorazos. Los mismos que comienzan cada vez que el presidente se encadena semanalmente por televisión para alocuciones, que se sabe cómo empiezan pero no cuándo terminan.



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Como toda situacion mala es susceptible de empeorarse, según el popular principio de Peter, los actores políticos de Venezuela se acercan a toda velocidad a un choque de trenes. Las posibilidades de diálogo y entendimiento en Venezuela parecen haberse roto ante las posturas infranqueables del presidente Hugo Chávez y de los empresarios que convocaron a un paro nacional para el 10 de diciembre (10-D) con el inédito apoyo de la mayor central sindical. Su protesta se refiere al paquete de 49 leyes, expedidas recientemente por el gobierno sin participación de la Asamblea Nacional, pues se trata del ejercicio de una todopoderosa ‘ley habilitante’.

“Desde la época de Cipriano Castro no ha ocurrido una acción empresarial como la de ahora”, dijo a SEMANA Juan González, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, al sumarse al paro de la patronal Fedecámaras. El representante del gremio binacional, que agrupa a 130 empresas que van a paralizar ese día el transporte e intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, comparó el paro del 10-D con el que ocurrió hace casi 100 años, cuando los empresarios se enfrentaron al general Cipriano Castro en protesta por los impuestos al ferrocarril. La revuelta empresarial dio lugar a un golpe de Juan Vicente Gómez, el dictador, en 1909.

En esta ocasión, también histórica, los empresarios objetan y rechazan el “sesgo ideológico”, dice Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras. Para González y el jurista Ramón Duque Corredor se trata más bien de la orientación “comunista” que le atribuyen a por lo menos 10 de las 49 leyes, como las de Hidrocarburos, de Tierras, de Pesca, de Costa, de Seguridad Social, de Registro y Notarías, y de Transporte, entre otras.

Ya el sector de la pesca industrial comenzó su paro indefinido desde el martes 27. Los pescadores han dejado de laborar, lo que pone en peligro una inversión de 1.200 millones de dólares en la flota y el empleo de 26.000 trabajadores. Con la nueva ley no podrán pescar sino después de seis hasta 10 millas de la costa y además pagar unos impuestos tan altos que los van a arruinar. Las primeras seis millas serán una zona exclusiva para los pescadores artesanales.

Chávez ha dicho que la nueva ley de pesca es “ecológica, de lo más moderna en el mundo, que permitirá el desarrollo de la pesca artesanal”. Sin embargo una obrera paralizada le reclama: “Aquí en la camaronera trabajan muchas mujeres y cómo nos vamos a quedar sin trabajo si los pescadores industriales no traen camarón para envasar”.

Pedro Carmona ha logrado unificar los gremios empresariales en torno del paro. Y aclaró a SEMANA que “no somos conspiradores ni queremos desestabilizar pero el presidente Chávez debe rectificar y modificar las leyes cuestionadas porque son inconsultas, inconstitucionales, porque atentan contra la propiedad privada, van a producir menos inversión, desempleo, inseguridad jurídica y personal y más empobrecimiento de la población”.

El mandatario ha instruido al ministro de Defensa, José Vicente Rangel, para servir de mediador con los empresarios. En sus declaraciones a SEMANA el ministro dijo que el sesgo ideológico de las nuevas leyes es el de la Constitución y no otro. Tampoco son “intervencionistas ni confiscatorias ni desconocen la propiedad privada”.

Rangel dijo que está dispuesto hasta a “arrodillarse” ante los empresarios con tal de convencerlos de que se sienten a la mesa de diálogo y llegar a un entendimiento sobre la aplicación de las leyes.

Sin embargo, después de ver que el mismo mandatario manipula a Rangel desautorizando sus gestiones e imponiendo su posición de no modificar las leyes, los empresarios se han negado a negociar con el funcionario y han insistido en que el interlocutor del diálogo debe ser Chávez en persona.

El opositor Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), quien propinó la primera derrota de Chávez en las recientes elecciones sindicales nacionales y sumó el apoyo de la masa laboral de ocho millones de trabajadores al paro empresarial, califica de “títere” a Rangel y a todos los ministros del gabinete. “Chávez es el que manda, el que debe rectificar y escuchar el clamor de vastos sectores”. El líder sindical advierte que “si el presidente Chávez no cambia estamos en capacidad de ir más allá, como lanzar una huelga indefinida antes y después del 10-D”.

La poderosa Fedecámaras representa el 90 por ciento del PIB no petrolero del país. También se le han unido las cámaras binacionales, con las cuales los inversionistas extranjeros manifiestan su rechazo. Y con la solidaridad de los trabajadores el país estará totalmente paralizado el 10-D, justo el día en que Chávez va a promulgar la Ley de Tierras, que elimina los títulos de propiedad privada pasados y futuros y los sustituye por los de usufructo.

No obstante la convocatoria del paro Pedro Carmona todavía le da una oportunidad al gobierno para que rectifique. La tabla de salvación es que el Parlamento decida anular o poner en el congelador por seis meses las leyes objetadas hasta que sean modificadas. “Si la Asamblea Nacional autorizó los poderes especiales (Ley Habilitante) al Presidente para que nos sorprendiera al cabo de un año con las 49 leyes, también está facultada para revocar y modificar estas leyes”, dijo a SEMANA.

Pero esa probabilidad es descartada por William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, quien ha dicho que es “imposible” que el Parlamento acuerde el congelamiento o reposo de las leyes cuestionadas. El mismo Chávez ha echado por tierra las posibilidades del diálogo y entendimiento con inquietantes argumentos muy de su estilo: “Para un revolucionario es un honor que Fedecámaras, la oligarquía, le haga un paro. Que me hagan un paro a ver quién puede más, si la oligarquía o yo. Porque esta revolución está armada. Yo hasta me río de ellos. Me entero de muchas cosas que hacen y dicen. No soy mocho ni sordo. Hace poco escuché en una de sus reuniones, porque tengo infiltrados, que la oligarquía amenaza incluso con matarme. Yo lo espero a ver si puede pero que se atenga a las consecuencias”.

La Cámara Venezolana Americana (Venamcham), la primera en inversiones de Estados Unidos en el país, también le ha dado la espalda al unirse al paro de Fedecámaras. La calificadora de riesgo Morgan Stanley ha comentado que el paro va a alejar las inversiones extranjeras. Hace dos meses el gobierno de Washington no incluyó a Venezuela en la renovación del Atpa, tratado de preferencias arancelarias andinas, por el recelo con que observa las relaciones internacionales de Chávez después del 11 de septiembre y se endureció mucho más a raíz de sus comentarios sobre la guerra de Afganistán.

La popularidad de Chávez se está haciendo añicos. No piensa ceder porque, en sus palabras, “los que deben rectificar son los empresarios”. El paro nacional de brazos caídos va. Es una prueba de fuego y es “el principio del fin” de la presión social, protestas y cacelorazos. Los mismos que comienzan cada vez que el presidente se encadena semanalmente por televisión para alocuciones, que se sabe cómo empiezan pero no cuándo terminan.



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