La sombra detrás de la destitución del presidente Martín Vizcarra

A nadie le cabe la menor duda de que ser presidente en Perú es sinónimo de problemas y escándalos. Esta semana el nombre de Martín Vizcarra se añadió a la lista de sus predecesores. Su final, como venía anunciándose, terminó mal. El Congreso destituyó a Vizcarra por alegada “incapacidad moral permanente” en una votación holgada. Con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, la salida del acusado quedó sentenciada, pues solo se necesitaban 87 votos para su aprobación. Sin embargo, y a pesar de los intentos anteriores de sacarlo del poder, la controversial decisión no dejó de sorprender, y levantó el rechazo de parte de la ciudadanía y sectores políticos que, incluso, la han comparado con un golpe de Estado.

La penosa lista de expresidentes peruanos en aprietos la conforman cinco mandatarios que han gobernado en los últimos 30 años. Pedro Pablo Kuczynski, el predecesor de Vizcarra, renunció dos años después de posesionarse en 2016 ante la amenaza de que el Congreso lo destituyera por su presunta relación con Odebrecht y un escándalo de compra de votos. Fue entonces que Vizcarra, su segundo al mando, asumió la presidencia. Actualmente, Kuczynski está bajo prisión domiciliaria preventiva. Los siguientes en la lista son Ollanta Humala (2011-2016), Alan García (2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006), todos salpicados por la trama de corrupción de la misma empresa brasileña.

Humala estuvo unos meses bajo prisión preventiva, Toledo permanece en una cárcel de Estados Unidos mientras resuelven su extradición y García se pegó un tiro en la cabeza minutos antes de que lo capturaran. El último puesto lo ocupa Alberto Fujimori, destituido por el Parlamento en el año 2000 cuando enfrentaba un caos institucional generalizado y serias acusaciones de corrupción. Ahora paga una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos.

En el caso de Vizcarra, los parlamentarios detrás de la vacancia –como llaman al proceso de juicio político en Perú– alegan que unas sospechas de corrupción lo inhabilitan para ejercer el cargo. Al ahora expresidente lo acusan de haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (unos 650.000 dólares) cuando era gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014. Esto lo habría hecho a cambio de la concesión de obras públicas, específicamente de un hospital al consorcio ICCGSA-Incot y un sistema de riego a Obrainsa-Astaldi. Las investigaciones, que apenas empiezan, se basan en los testimonios de cuatro personas que aspiran a colaborar con la Fiscalía en el caso del llamado ‘club de la construcción’.

A estos primeros señalamientos se sumaron unas revelaciones previas al juicio político que no dejaron a Vizcarra bien parado. Salió a la luz un largo historial de chats con el exministro de agricultura, José Hernández, en los que se evidencia su relación cercana e incluso hablan de las cuestionadas obras. El expresidente en el pasado había negado la cercanía con Hernández, a quien los testigos del caso acusan de ser el intermediario en la trama de sobornos. Los chats fueron el empujoncito que le faltaba al Parlamento para lograr la destitución.

Vizcarra ha negado las acusaciones, y el día del juicio político ante la Cámara dijo que “son hechos falsos, no corroborados; recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis”. Para algunos sectores políticos y una parte importante de la población, era preferible que el presidente terminara los ocho meses que le quedaban de periodo presidencial, mientras se adelantaban las pesquisas que aún están en un momento preliminar. Así lo señaló un sondeo del diario El Comercio y la encuestadora Ipsos, realizado del 21 al 23 de octubre, según el cual el 78 por ciento de los peruanos esperaba que Vizcarra siguiera hasta el final de su mandato.

La crisis sanitaria y económica que atraviesa Perú por la pandemia explica en parte esta preferencia. Se sabía que tumbar al presidente produciría un remezón institucional y político que complicaría el manejo de la emergencia, un precio alto de pagar cuando se estaba a pocos meses de las elecciones generales de abril de 2021.

Otra razón clave es la poca credibilidad que tiene el Congreso. Según el medio independiente peruano El Foco, 68 de sus 130 miembros tienen investigaciones abiertas por delitos que van desde lavado de activos hasta corrupción, abuso de autoridad e, incluso, homicidio. Durante su defensa ante la Cámara, Vizcarra mencionó esta situación horas antes de ser destituido.

En 2018, tras la renuncia de Kuczynski, Vizcarra asumió la presidencia con la lucha anticorrupción como su principal bandera. Desde entonces, adelantó algunas reformas como la que prohibió la reelección inmediata de los congresistas, y acabó con el cuestionado Colegio Nacional de la Magistratura que nombraba jueces y fiscales. Recientemente, el Congreso también aprobó a regañadientes una reforma constitucional presentada por el Ejecutivo que prohíbe a cualquier persona sentenciada en primera instancia asumir cargos públicos o presentarse a elecciones. Para algunos expertos y analistas políticos, la destitución de Vizcarra fue un ajuste de cuentas.

Además, se sospecha que los parlamentarios buscan con su salida adelantar intereses particulares ahora que el expresidente del Congreso, Manuel Merino, asumió el poder en su reemplazo. El politólogo Jorge Aragón Trelles, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, le dijo a SEMANA que es evidente que los parlamentarios planean intervenir en la Justicia desde su nueva posición. “Tienen necesidad de defenderse frente al sistema judicial que también los investiga a ellos; entonces parte del asunto es cómo se protegen mejor de los procesos en curso, cómo detienen algunas investigaciones”, señaló. Trelles agrega que una reciente reforma educativa que cerró varias universidades por su baja calidad pisó los callos de congresistas que se lucran de ese negocio. Esta sospecha crece al ver que, solo dos días después de la destitución de Vizcarra, cinco bancadas presentaron una serie de proyectos de ley que pretenden crear cinco nuevas universidades en el país.

La Asociación Civil Transparencia advierte las amenazas a las que se enfrenta la democracia en el contexto actual, señalando el “debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos dentro del Estado, lo que abre un espacio para decisiones arbitrarias y demagógicas, y la incertidumbre sobre políticas claves como la ley de presupuestos, las reformas políticas, la ley universitaria, entre otras”. Así mismo, la organización señala el riesgo de que el presidente interino, de la mano del Congreso, intervenga en las próximas elecciones, posiblemente para aplazarlas. Trelles cree que, si esto sucede, las denuncias de golpe de Estado serían confirmadas.

El proceso de vacancia de Vizcarra tuvo lugar casi dos meses después de un primer intento el 19 de septiembre. En aquel momento, los parlamentarios también argumentaron la “incapacidad moral permanente” del mandatario con relación a un caso de corrupción que envuelve al cantante Richard Swing. La justicia investiga si Vizcarra favoreció al artista, que aparentemente es su amigo, con contratos millonarios en el Ministerio de Cultura. No obstante, en esa ocasión el Congreso no obtuvo los votos suficientes para sacarlo del poder. El fracaso estuvo relacionado con una serie de jugadas sospechosas de los congresistas, como la llamada de Manuel Merino a las fuerzas armadas, que deslegitimaron el proceso frente a la ciudadanía.

Con la destitución consumada, miles de peruanos salieron a las calles a protestar, desconociendo el gobierno de Merino. La incertidumbre que deja el vacío de Vizcarra profundiza la inestabilidad institucional que enfrenta Perú desde hace unos años y la crisis de legitimidad de la clase política en aquel país. Los próximos meses dirán si los peores augurios frente a las movidas del Congreso estaban en lo cierto.