La Unión Europea declara persona no grata al representante de Venezuela ante ese organismo

Este 25 de febrero el Consejo de la Unión Europea declaró persona no grata a Claudia Salerno, representante de Venezuela ante ese organismo. La decisión ocurrió luego de que esta misma semana, Venezuela expulsara de Caracas a la embajadora de la comunidad europea, Isabel Brilhante Pedrosa.

Mediante un comunicado de presa, la Unión Europea dijo: “El Consejo ha acordado hoy que la jefa de la Misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea sea declarada persona non grata”.

En otro de los apartes del documento dejaron claro el por qué de su decisión: “a la decisión del Gobierno venezolano de declarar ‘persona non grata’ a la jefa de la delegación de la UE en Venezuela”.

Dejaron claro que para el organismo lo que hizo Venezuela fue algo que va en contra del objetivo principal de la Unión Europea en lo que se busca es desarrollar y fortalecer las relaciones con los diferentes países. Catalogaron lo sucedido como algo completamente injustificado.

Cabe recordar que la expulsión de la portuguesa, Brilhante se dio el pasado miércoles. El régimen de Nicolás Maduro le dio un plazo de 3 días para abandonar el país, así lo anunció el canciller Jorge Arreaza.

“Hoy, por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brilhante (...) la declaratoria como persona non grata”, dijo Arreaza a la prensa después de reunirse en Caracas con la diplomática. “Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano”, añadió.

El régimen de Maduro respondió así a las sanciones contra 19 funcionarios, entre ellos Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela; Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); y dos congresistas.

Arreaza calificó de “ilegales” las medidas. “Ojalá que haya reflexión en la Unión Europea, ojalá podamos reconstruir los puentes de entendimiento, de diálogo, ojalá que aprendan a respetar”, expresó el canciller.

Ya el pasado 29 de julio, después de otro paquete de sanciones, Maduro declaró persona no grata a Brilhante Pedrosa y le dio entonces 72 horas para abandonar el país. Sin embargo, cuando se cumplía ese plazo, el régimen dio marcha atrás, pero pidió “gestos” del bloque a cambio.

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que desde entonces ha aprobado medidas contra 55 funcionarios venezolanos, que incluyen la prohibición de viajar a su espacio y la congelación de activos.

El pasado lunes, la Unión Europea añadió 19 funcionarios venezolanos a la lista de sancionados y logró un acuerdo político para aplicar medidas contra funcionarios rusos por el proceso judicial contra el opositor Alexis Navalni y contra militares birmanos por el golpe de Estado.

En el caso de Venezuela, se trató de la quinta tanda de sanciones restrictivas adoptada por la UE.

“A la vista de la grave situación que persiste en Venezuela”, los diplomáticos concluyeron que “debe incluirse a diecinueve personas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas”.

De esta forma, el número de venezolanos que son objeto de sanciones de la UE ascendió a 55.

“Las personas añadidas a la lista son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”, apuntaron los ministros de Exteriores de la UE en una nota.

En Twitter, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, apuntó en su momento que el régimen rechazaba la decisión que “impone de manera arbitraria medidas coercitivas unilaterales” contra los funcionarios.

De acuerdo con Arreaza, la decisión de adoptar sanciones expresó la “frustración” de la UE por el fracaso de su “agresión contra nuestro pueblo”.

Por otra parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue sancionado por la Contraloría General de ese país junto a otros 27 exdiputados del Parlamento, por supuestamente negarse a entregar una declaración juramentada respecto al patrimonio que posee cada uno.