La Unión Europea hace fuerte reclamo a Daniel Ortega por quitarle la nacionalidad a disidentes liberados

Fue el mismo presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, quien leyó ante medios oficialistas la resolución en la que anunció la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a las 94 personas consideradas “prófugas de la justicia”.

Algunos de los opositores liberados han iniciado ya los trámites burocráticos para acogerse a la ayuda brindada por el Gobierno español, que ha ofrecido la nacionalidad a todos ellos, en unos primeros días de exilio marcados por la confusión y por el agradecimiento al el respaldo ofrecido desde España.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, desveló el lunes que “varios” de los 222 opositores de Nicaragua que han sido desterrados a Estados Unidos y privados de nacionalidad han aceptado la oferta del Gobierno.

Tras el ofrecimiento de España, La Unión Europea reclamó a Nicaragua que dé marcha atrás en la decisión “injustificable” de retirar la nacionalidad a otros 94 disidentes acusados por la Fiscalía de la comisión del delito de “traición a la patria”.

En un comunicado, la diplomacia europea señala que esta decisión “constituye una violación de sus derechos fundamentales y es una violación del Derecho internacional” y tras tachar de “injustificable” este paso, avisa de que estas acciones corren el riesgo de “profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua”.

Después de que el régimen de Daniel Ortega aprobará quitarle la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, siguiendo el paso dado hace una semana cuando deporto a 222 presos políticos a Estados Unidos, la UE pide a las autoridades dar marcha atrás con esta medida, que supone estrechar aún más el cerco contra los opositores a Ortega.

“La UE hace un llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que reviertan de inmediato estos pasos y cesen la persecución y las represalias contra los disidentes y los defensores de los Derechos Humanos”, ha insistido el comunicado.

La diplomacia comunitaria recuerda que esta medida va contra el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que protege “el derecho de toda persona a una nacionalidad y prohíbe su privación arbitraria”.

Los ciudadanos, entre los que se encuentran periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de Derechos Humanos, han sido declarados “prófugos de la Justicia” y les serán confiscados todos sus bienes y sociedades, que pasarán a estar en manos del Estado, según ha informado ‘La Prensa’.

El director del diario ‘Confidencial’, Carlos Fernando Chamorro, uno de los damnificados que ha perdido su nacionalidad tras ser declarado “prófugo”, ha asegurado que Nicaragua vive en “una dictadura familiar corrupta que pretende entronizarse en el poder”.

“Nicaragua dejó de ser una sociedad en la que se respeta la ley y la Constitución, para imponer la ley de la venganza, el capricho y el odio contra los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad libre”, ha indicado Chamorro, según ha recogido su propio medio.

En este sentido, ha precisado que, con estas acciones “demenciales”, el Ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo da a entender que en Nicaragua “nunca habrá paz” ni salidas económicas, estabilidad o futuro político.

“Ortega y Murillo están cavando su propia tumba al exhibir la enorme debilidad política de su régimen porque los castigos a perpetuidad son apenas una ilusión en la cúpula de la familia gobernante mientras todo el pueblo de Nicaragua sabe que el tiempo de la dictadura se está agotando”, ha sentenciado.

Estados Unidos sigue condenando la detención de presos políticos y religiosos

Por su parte Estados Unidos pide “la liberación inmediata” del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión en Nicaragua, afirmó un portavoz del Departamento de Estado, que afirma que la excarcelación de 222 presos opositores “no fue una panacea”.

“Condenamos esta acción del gobierno de Nicaragua y pedimos la liberación inmediata del obispo Álvarez”, afirmó Ned Price, cuatro días después de que el prelado rechazara irse a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país.

Un tribunal condenó al obispo a 26 años y cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de 1.600 dólares, además de privarle de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.

La semana pasada “dejamos muy claro” que la liberación de esos presos políticos “es un paso bienvenido, fue un paso constructivo, pero de ninguna manera fue una panacea para las muchas preocupaciones que tenemos respecto al régimen” del mandatario Daniel Ortega, “incluyendo la represión y opresión que sigue ejerciendo contra su propio pueblo”, insistió Price.

Con información de Europa Press*