Las reacciones de Nicaragua frente a su estruendosa derrota en el litigio con Colombia

Luego de que este jueves, 13 de julio, se diera a conocer por parte de la Corte de Justicia de La Haya, su veredicto en el litigio que se adelantaba entre Nicaragua y Colombia por los derechos marítimos de los territorios adyacentes a San Andrés y Providencia, también se conoció el pronunciamiento oficial por parte del Gobierno nicaragüense, y de sus representantes ante la Corte de la Haya; el abogado Carlos Arguello, el cual comentó a medios locales de su país los resultados del litigio, afirmando que “aún hay temas sin resolver”.

Este pronunciamiento se conoce en medio de una jornada en la que la Corte ha dado a conocer la desestimación del total de las pretensiones presentadas por su equipo jurídico ante el tribunal internacional, lo que representa un duro golpe para los intereses de Nicaragua tras más de una década de esfuerzos por lograr captar un mayor territorio.

Si bien, en 2022, Daniel Ortega se había manifestado tras la entonces decisión de La Haya en torno al litigio afirmando que “la reacción del presidente de Colombia (Iván Duque), no fue decir de vamos a acatar, lo que hizo fue insultar, agredir a Nicaragua, y apostando a que ellos no se mueven de sus posiciones”, en esta ocasión ha mantenido, de momento, silencio, y quienes se han pronunciado por parte de su país han sido sus abogados ante La Haya.

Frente al particular, el abogado Carlos Arguello destacó que la Corte dejara en firme las 200 millas náuticas que corresponden a Nicaragua, y que se le habían otorgado o reconocido en un fallo precedente conocido en 2012, advirtiendo que el tema que centraba la atención de este nuevo fallo, era conocer la decisión sobre si podrían ‘solaparse o no’ los territorios otorgados como derecho marítimo a los dos estados, lamentando que su plataforma solo pueda extenderse 200 millas para evitar coincidir con los territorios a los que tiene derecho Colombia.

En ese sentido, Arguello señaló que aún hay vacíos en el fallo de la Corte, explicando que hay zonas en las que deberá resolverse los derechos de Nicaragua, en tanto el territorio marítimo no riña con el colombiano.

En su pronunciamiento, el abogado afirmó que Nicaragua “siempre ha acatado los fallos de la Corte”, y se manifestó confiado en que esta no será la excepción.

“Esto no ha concluido, es una etapa más”, señaló el abogado, pese a que se consideraba que este sería un fallo que pondría punto final al litigio internacional, en el que mismo abogado ha reconocido que se trataba de un escenario suis generis, al no existir precedentes de casos similares. Sobre el siguiente paso a seguir, el abogado admitió que dependerá de la posición que adopte el Gobierno de Ortega.

El fallo en cuestión fue revelado este jueves por el tribunal de La Haya, en sesión liderada por la magistrada Joan Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia, quien explicó punto a punto los requerimientos que en su momento presentó el equipo jurídico de Nicaragua, revelando también los motivos que llevaron al tribunal a desestimarlos a través de votaciones que en su totalidad favorecieron a los intereses colombianos, y que zanjaron así finamente años de litigio.

Dentro de los principales reclamos que había presentado Nicaragua, que pretendía lograr aumentar el territorio bajo su control, se encontraba conseguir que Colombia perdiera soberanía derivada de los callos de Serranía, Bajo Nuevo y Serrana, no obstante, la Corte sí reconoció dichos derechos a favor de Colombia, en medio de un litigio en que el tribunal reconoció que la plataforma continental extendida de Nicaragua no puede sobreponerse sobre los territorios a los que tiene derecho en virtud de los derechos marítimos derivados de su zona económica exclusiva.

El fallo presentado este jueves puso fin a un diferendo de décadas, que llevó a que en 2001, el Gobierno de Nicaragua presentara ante la Corte dos demandas para reclamar potestad sobre los territorios, y los derechos de pesca, advirtiendo los vicios que podría tener el tratado internacional (Esguerra-Bárcenas), bajo el que se fijaron los límites entre los dos países; y que se regía bajo el meridiano 82. Para Nicaragua, ese tratado no era válido en tanto se había pactado bajo presión de Estados Unidos.

Nicaragua acudió ante la Corte advirtiendo que Colombia se había negado a renegociar la soberanía en el archipiélago, advirtiendo que no era concebible que unas islas que estaban más cerca de su territorio pertenecieran a Colombia, y además atentaran contra sus derechos marítimos. No obstante, en el pasado se reconoce intentos de Gobiernos colombianos por establecer las fronteras entre los dos Estados, lo cual había sido rechazado por Nicaragua que presentaba mayores pretensiones al querer reclamar soberanía sobre algunos de los territorios del archipiélago.

Una primera parte del diferendo se había zanjado gracias a un fallo emitido por la Corte en diciembre de 2007, en el que se le dio razón a las pretensiones de Colombia de ejercer plena soberanía sobre archipiélago de San Andrés y Providencia, aplazando en su momento la decisión frente a las islas y cayos, aplazando a su vez la delimitación.

Un nuevo fallo en 2012 reconoció autoridad de Colombia frente a las islas, pero desestimó los límites propuestos por Colombia sobre el establecimiento de un punto medio. Así, el tribunal trazó sus propios límites basado en el Derecho Internacional.

En dicho espacio, el tribunal reconoció la soberanía colombiana sobre todos los cayos y asignó al archipiélago una considerable extensión de espacios marítimos.

En 2022 se presentó un nuevo fallo, pero este se refirió a los derechos de pesca, momento en el que una reacción del Gobierno colombiano despertó controversia al advertir que había puntos del fallo que no estaban dispuestos a acatar.

Dentro de la historia del litigio, también se destacó un momento de especial tensión, referido a las críticas provenientes del Gobierno Ortega, en contra del entonces presidente Uribe, quien en 2007, decidió descentralizar el desfile del Día de Independencia, llevándolo a las calles de San Andrés, en un episodio que Ortega calificó de un despliegue de muestra de poder innecesario, criticando que un ambiente pacífico como el de San Andrés, se viera empañado por una muestra bélica.

En su momento, Ortega calentó los ánimos, señalando que el Gobierno Uribe debería ocuparse de los asuntos que afectaban al interior del país, afirmando que el ‘país estaba en llamas’.

En medio del litigio, Ortega se mostró en distintos momentos ofensivo con Colombia, afirmando nuestro país actúa como “un imperio en el mar Caribe”, denunciando además que el gobierno de turno ‘abusaba de sus fuerzas’; lo anterior, sustentado en el despliegue de parte de la flota marítima en la zona, visto ello como un acto de disuasión.

En ese entonces, Ortega abogaba ante las autoridades colombianas que se comprometieran con acatar las providencias el tribunal internacional, apuntando que el alegato de Colombia de la no competencia de la CIJ en la resolución del diferendo, se basaba en la búsqueda de ‘soluciones diferentes a la ley’, acusando a Colombia de recurrir a la fuerza al sentir el caso perdido.