Domitila Mendoza, de 42 años, y su hija Anaí, de 16, originarias de Vicente Guerrero, Metlatónoc, en el Estado de Guerrero, México.
Domitila Mendoza, de 42 años, y su hija Anaí, de 16, originarias de Vicente Guerrero, Metlatónoc, en el Estado de Guerrero, México. | Foto: El País, de España.

México

Las venden hasta por 200 mil pesos mexicanos: el doloroso comercio de niñas en México

Una práctica cultural del estado de Guerrero dicta que los hombres pueden pagar hasta unos 40 millones de pesos colombianos por una jovencita para tomarla en matrimonio. Reportaje.

27 de junio de 2021

Ni el tiempo ni alguna acción gubernamental o social han conseguido eliminar una práctica ancestral en lo más alto de las montañas del estado de Guerrero, en el sur de México: vender y entregar en matrimonio a las jovencitas de esa región, conformada por unos 19 municipios y unas 600 comunidades.

Así lo denunció un doloroso reportaje de “El País”, de España, que publicó dicha pieza periodística en su página web acompañada de siete videos testimoniales que dan cuenta del fenómeno que, según el periódico, se ha agravado debido al dinero producto de la migración.

“Son miles de adolescentes en estos pueblos mexicanos encaramados en lo más alto de la montaña, donde apenas llega nadie. Han sido vendidas siendo muy niñas a sus maridos, siguiendo una costumbre ancestral que los siglos no han conseguido eliminar. Bien al contrario: desde hace unas décadas, el dinero que llega de la migración a Estados Unidos las ha convertido en una mercancía que puede alcanzar los 200.000 pesos (9.500 dólares). O más”, dice la publicación.

Allá, cientos de hombres que han conseguido llenar sus billeteras trabajando en Estados Unidos y que han decidido regresar a convertir sus natales viviendas de barro en casas de cemento, vuelven para comprar esposas y celebrar sus bodas con músicos, carne de res y cerveza. No hay nada que hacer, las jovencitas serán víctimas de una cruel unión organizada por sus padres. En algunas comunidades, asegura la publicación, los hombres pagan por dos y tres mujeres en concubinato.

Miriam Fernanda Ortiz Guevara, de 16 años, vive en el Municipio de Metlatónoc en el Estado de Guerrero. Fernanda se opone a ser "vendida" o tener que dedicarse al matrimonio.
Miriam Fernanda Ortiz Guevara, de 16 años, vive en el municipio de Metlatónoc, en el Estado de Guerrero. Fernanda se opone a ser "vendida" o tener que dedicarse al matrimonio. | Foto: El País, de España.

“Las entregan vírgenes y puras, moldeables, sin malas prácticas, cuando todavía obedecen y pueden influir en ellas, orientarlas, enseñarles las tareas del hogar y del campo, la maternidad y la vida conyugal”, dice Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ubicado en Tlapa, la capital de esa región de Guerrero.

“Ahí empieza la violencia. A la mujer la tratan como un objeto. Y estas mujeres que han venido a pedir protección son mujeres que han sido violentadas por muchos años”, dice Neil Arias, abogada de Tlachinolla, en la región de Guerrero, y quien trabaja por esas mujeres.

Según Arias, esas niñas –se hayan o no convertido en mujeres adultas– no pueden librarse casi nunca de la esclavitud a la que son sometidas. “Ellas nos dicen que para dejar de vivir con sus parejas solo hay dos opciones. Una, devolver el dinero que pagaron por ellas, incluido el de la boda, o perder a los hijos que ya tienen”, dice. Sobre eso último –dice Arias–, la pandemia disparó las cifras y son muchos los casos de hombres que les han quitado los hijos a sus mujeres, incluso niños de meses.

De ahí que la mayoría de las mujeres que buscan ayuda en la organización de Arias quieran recuperar a sus hijos. En segundo lugar están las que pretenden que sus familias políticas les den el dinero que se han ganado en el campo y que a menudo administran sus maridos o sus suegros. Porque, a la postre, “con su trabajo esclavo acaban pagando el desembolso que hicieron por ellas”, explica Arias, quien, asegura la publicación, a menudo choca con una justicia corrupta. “En el Ministerio Público secundan la petición del marido: si se quieren ir tienen que devolver lo pagado. Y amenazan con catalogar el caso como trata de personas, pero lo que quieren todos es repartirse ese dinero”, afirma la abogada.

¿Acaso no es trata de personas comprar una esclava doméstica? Arias, que ya se ha encontrado con esta pregunta muchas veces, responde que no. “No es trata, porque no son estrictamente objeto de explotación sexual o servidumbre con ánimo de lucro. Hay que tener en cuenta para qué se usa el dinero del acuerdo y estamos hablando de comunidades muy pobres donde esos recursos a veces son para construir una casita o pagar un médico. Sí, es esclavitud. Sí, es violencia. Pero no podemos criminalizar a las poblaciones indígenas”, afirma.

Lo que no está dispuesta a tolerar es la violencia. “Eso es lo que hay que detener”. ¿Y si no se da violencia?. “Siempre se da. Él siempre manda y se impone. Y la violencia es la de siempre, no se ha incrementado porque ahora se pague más por ellas”, dice.

Como sea, las oportunidades para estas jovencitas fuera de la esclavitud propiciada por sus propias familias no son muchas. En la ciudad, lejos de sus casas rurales, las espera otro panorama oscuro: la prostitución, los abusos y, quizá, de nuevo, el trabajo esclavo.