Las víctimas de abusos reclaman apertura y reparaciones a la Iglesia española

Después de años de resistirse firmemente, la Iglesia católica española finalmente accedió en 2022 a investigar los casos de abusos sexuales a menores dentro de su institución. Sin embargo, dos años después, las víctimas critican que aún se retienen cifras y se les niega una adecuada reparación.

“Carecen de cualquier intención mínima de cambiar; cada vez que se expresan, es para volver a victimizar, para (...) mentir”, expresó a la AFP Fernando García Salmones, de 63 años, quien sufrió abusos durante su adolescencia en un colegio religioso en Madrid.

En una reciente manifestación frente a la Conferencia Episcopal Española (CEE), García Salmones y otros afectados portaban pancartas cuestionando por qué la jerarquía eclesiástica española no presta atención ni ofrece reparación a las víctimas.

La protesta coincidió con la elección del nuevo presidente de la CEE, siendo designado Luis Argüello, un obispo conservador catalogado como el “candidato menos aperturista” por el diario El País, medio que ha abordado extensamente el tema de la pederastia en la Iglesia.

Como secretario general de la CEE en septiembre de 2021, Argüello anunció que la Iglesia no investigaría “proactivamente” los abusos a menores, a diferencia de otros países. Bajo presión del Congreso, en febrero de 2022, la CEE encargó una auditoría. El informe de la comisión independiente, publicado en octubre, estimó que desde 1940 más de 200.000 menores sufrieron abusos. Los obispos rechazaron estos datos y la auditoría, presentando un informe en diciembre que identificó al menos 2.056 víctimas. La CEE también publicó su propio informe, extenso y en constante actualización, con casi mil páginas.

En la más reciente revisión del 2 de marzo, se informó de 1.057 “casos registrados” en diversas diócesis, pero solo 358 han sido considerados “probados” o “verosímiles”, mientras otros 60 están bajo investigación. Las asociaciones de víctimas rechazan estas cifras, considerándolas bajas en un país con una arraigada tradición católica y una historia de dictadura que tuvo a la Iglesia como uno de sus pilares hasta 1975.

A modo de comparación, en Portugal y Alemania se documentaron 4.815 y 3.677 víctimas, respectivamente, y en Francia la cifra podría ascender a 216.000. Juan Cuatrecasas, miembro fundador de la Asociación Infancia Robada (Anir), expresó su queja, señalando que la Iglesia se está comportando como una “organización tramposa”, al rebajar los casos y afirmar que muchos no son verosímiles, lo cual considera ofensivo.

Las víctimas lamentan la falta de reparaciones, a pesar de la propuesta del informe del defensor del Pueblo de crear un fondo estatal, idea respaldada por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Aunque la CEE aprobó esta semana un plan integral de compensaciones, no proporcionó detalles sobre su implementación ni plazos. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco García Magán, garantizó en rueda de prensa que el plan tiene como objetivo prevenir futuros abusos y ofrecer una reparación integral y adecuada, aunque admitió que el proceso avanza más lentamente de lo deseado.

Como gesto simbólico, el nuevo presidente de la CEE, Luis Argüello, saludó a las víctimas manifestantes tras su nombramiento y se comprometió a reunirse con ellas más adelante. Las víctimas consideran este avance como “muy tímido”.

Después de años de inacción, los afectados son escépticos, según Joseba Ancín, quien sufrió abusos en los sesenta por parte del director, ya fallecido, de un colegio religioso en la población norteña de Estella. Ancín, de 69 años, espera ver si se toman medidas concretas en el tema de indemnización o si los obispos vuelven a las prácticas habituales una vez que la situación se enfríe.

*Con información de AFP.