Ley Antibloqueo: qué busca el régimen de Nicolás Maduro con su aprobación

Días de incertidumbre se viven en Venezuela tras la aprobación, el pasado jueves 8 de octubre, de la Ley Antibloqueo por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano que la oposición considera “ilegal”, la cual otorga al presidente Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para “contrarrestar” sanciones encabezadas por los Estados Unidos.

Así las cosas, la denominada Ley Antibloqueo incluso da al mandatario socialista potestad para “inaplicar” normas legales “cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” debido a los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño, según su articulado.

De igual forma, establece “un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir” los “efectos” de las sanciones, como lo dio a conocer el dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, órgano que en la práctica tomó las atribuciones del Parlamento de mayoría opositora.

La legislación dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el Gobierno socialista “podrán ser objeto de alianzas” con privados. “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”, indica.

La nueva ley, además, declara “secretos y reservados” todos los actos derivados de su aplicación, por lo que el Gobierno de Maduro no estaría obligado a someterse a controles. No fija mecanismos para rendición de cuentas previas, indicando que solo la Contraloría podrá tener acceso posterior a información si lo solicita. “Vamos a hacer crujir los grupos y sectores que entorpecen el desarrollo nacional”, celebró Maduro en su cuenta de Twitter tras la aprobación.

No obstante, la mayoría opositora del Parlamento de Venezuela desconoció recientemente la aprobación de la Ley Antibloqueo y rechazó negociaciones amparadas por dicha normativa “paralegal”.

En una sesión transmitida por redes sociales, los diputados aprobaron un acuerdo para “desconocer, en todas sus partes, la supuesta ‘Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos’ y, por lo tanto, reputarla como inexistente e ineficaz”.

El Legislativo, único poder en manos opositoras, advirtió que quien realice “acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos” como “asociación ilícita para delinquir” y “aprovechamiento de bienes provenientes del delito”, entre otros, continuó el documento.

La unicameral Asamblea Nacional acordó investigar a funcionarios del Gobierno de Maduro “a los fines de establecer las eventuales responsabilidades civil, penal y administrativa a las que pueda haber lugar por las inconstitucionales promulgación y aplicación” de la norma, señaló el documento.

No es la primera vez que el mandatario venezolano se aferra a leyes especiales desde que asumió el poder en 2013, una gestión en la que Venezuela cayó en la peor crisis de su historia moderna, con hiperinflación y una recesión que se encamina a su séptimo año consecutivo. Desde enero de 2016 está amparado por un “estado de excepción y emergencia económica” decretado frente a la grave crisis del país.

Washington, que considera “fraudulenta” la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018, lidera la presión internacional por un cambio de Gobierno con sanciones financieras que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril del año pasado. Medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, reconoce como presidente encargado de Venezuela al líder parlamentario opositor Juan Guaidó.

Por último, el presidente Nicolás Maduro extendió un llamado a inversionistas nacionales e internacionales, y a jefes y gerentes de las empresas públicas, para que contemplen la posibilidad de incorporarse a la que catalogó como una nueva etapa para el país. El mandatario aseguró que cuentan con un portafolio de nuevas alianzas para proyectos productivos. “Esta ley garantiza todo lo que se necesita para dar este paso, para poder invertir”, resaltó

*Con información de AFP