El odio en Venezuela se castigará hasta con 20 años de cárcel

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), calificada de fraudulenta por varios países y defendida con ahínco por el gobierno de Maduro, es un suprapoder, es decir, nace del “poder originario”, y la misma Constitución de 1999 describe su alcance: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Ni el propio presidente, en este caso Nicolás Maduro, podrá objetarla.
 
Una de las primeras decisiones que tomó la ANC fue asumir las funciones del Parlamento para poder legislar. Eso está haciendo, con Delcy Rodríguez a la cabeza la Constituyente está ejerciendo el poder para el que fue instalada. En la última semana aprobó una ley que castiga los delitos de odio hasta con 20 años de cárcel y prevé ilegalizar partidos y cerrar medios de comunicación que los inciten.

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La Ley contra el Odio, como fue llamada, la propuso el presidente Nicolás Maduro tras las protestas para sacarlo del poder que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio. Esta ley va encaminada a darle a la justicia más dientes para que actúa frente a lo que para el Gobierno es “incitar al odio”, y tiene dos focos definidos. El primero es hacia los medios de comunicación que difundan mensajes "a favor de la guerra o (hagan) apología del odio nacional", serán sancionados con la revocatoria de la concesión.
 
En Venezuela los medios de comunicación independientes son prácticamente inexistentes. La organización no gubernamental Espacio Público contabiliza 148 medios de comunicación cerrados desde 1999, cuando llegó al poder Hugo Chávez, fallecido en 2013. Además, durante el gobierno de Maduro han sacado del aire a varios medios internacionales como CNN, El Tiempo Televisión, Caracol Televisión y NTN24.

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La ley obliga a los medios a difundir mensajes que promuevan "la paz, la tolerancia, la igualdad", y el "Estado podrá ordenar la difusión" de esos contenidos "por un tiempo de 30 minutos semanales", detalló la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez.
 
Además, "queda prohibida la publicación de mensajes de odio, violencia o que inciten a esto, en redes sociales y otros medios de comunicación digital", añade el documento. Varias organizaciones consultadas por este portal, como Provea y Foro Penal, habían advertido desde hace meses que el siguiente paso del Gobierno era poder controlar las redes sociales, pues era desde allí donde los mismos opositores y ciudadanos venezolanos no solo se expresaban sin censura, sino que se comunicaban y hacían eco a nivel internacional.
 
La ley advierte que en el caso de las redes sociales y medios electrónicos que cometan infracciones deberán retirar los mensajes dentro de las seis horas siguientes a su publicación, en caso de que esto no se cumpla la persona jurídica responsable deberá pagar una multa, y se bloquearán los portales “sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar”.

La ley también apunta a los partidos políticos que "promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio (...) no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, y se revocarán las inscripciones a aquellos que incumplan la presente disposición", indica el texto.
 
Además, los partidos políticos deben incluir en sus normas disciplinarias la “medida preventiva de suspensión y la sanción de expulsión de personas que contravengan la presente ley”. En caso de que no lo hagan el CNE también revocará su inscripción.
 
Esta ley es expedida justo cuando se acercan las elecciones municipales, que serán el 17 de diciembre. También se espera que en el 2019 se den por fin los comicios presidenciales, sin embargo Maduro aseguró en entrevista con la cadena de televisión española La Sexta que el poder volverá a quedar en manos de un “bolivariano”. No descartó ni confirmó su candidatura.
 
Maduro ha justificado la ley asegurando que 29 personas fueron "quemadas vivas por ser chavistas", en el marco de las manifestaciones opositoras. "Quien incite al odio, la discriminación o la violencia a determinado grupo social o político será sancionado con prisión de 10 a 20 años", establece uno de los 25 artículos aprobados por la Constituyente, integrada únicamente por oficialistas.

Los integrantes de la Constituyente también contemplaron la posibilidad de que los funcionarios policiales o militares se negaran a hacer cumplir la norma, por eso los amenazan con llevarlos a prisión hasta 10 años en caso de que lo hagan.
 
Para la expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, la ley "pretende la legalización de la represión con apariencia jurídica".
 
"Maduro todos los días le muestra al mundo que es una dictadura. Es un atentado a la libertad de opinión, una represión sofisticada", declaró Sosa a la AFP.
 
La Constituyente también ordenó a los medios impresos difundir la ley "íntegramente", después de ser publicada en la gaceta oficial. La ley ya entró en vigencia y ha sido fuertemente criticada. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseguró que la ley es realmente una “coartada” para acabar con la poca libertad de prensa que queda.
 
‘La novedad de esta ley es que permite al Gobierno ensañarse contra los ciudadanos comunes que protesten o que se expresen en las redes sociales", manifestó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Lo que más ha causado preocupación es que dentro de la ley no se aclara qué se entiende por incitación al odio, ni cómo se evaluará. “La paz a partir del discurso debe construirse, no se decreta. Una ley no puede sustituir el juicio de la sociedad fomentando la censura. La Ley constitucional contra el odio es un grave síntoma dado el contexto de represalia contra sectores disidentes”, cuestionó la ONG Espacio Público en su cuenta de Twitter.

Con información de AFP