“Libertades siguen restringidas en Venezuela”: informe de DD.HH. de Bachelet en la ONU

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó este miércoles las reformas iniciadas por el Gobierno de Venezuela con relación a la Justicia y la Policía, aunque afirmó que “aún hay mucho camino por recorrer en favor de las garantías fundamentales, pues las libertades siguen restringidas” en ese país.

Bachelet alentó a las autoridades venezolanas a que implementen cambios estructurales de largo plazo e hizo un llamamiento a que las iniciativas legislativas se apoyen en “consultas genuinas” con la sociedad civil, según un comunicado compartido por Naciones Unidas.

En este sentido, aplaudió la disolución de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional después que su oficina lo recomendara, objetando que “abre la puerta a más cambios duraderos como el fortalecimiento civil de las fuerzas de seguridad”.

Por otra parte, la alta comisionada ha agregado que el Gobierno venezolano ha mostrado “un espíritu de cooperación” con su Oficina, y ha mostrado su deseo de que “pronto” conceda a su personal acceso a las audiencias judiciales.

“Sigo instando a que se lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas, con las debidas garantías procesales, que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores, independientemente de su rango, y a la reparación completa para las víctimas y sus familias”, expresó Bachelet.

Asimismo, reconoció que las condiciones en los centros de detención han mejorado, después de que un equipo del Alto Comisionado visitara 21 prisiones en el país, entrevistando a más de 259 detenidos.

Con respecto al espacio cívico y democrático, Bachelet ha dado cuenta de 166 restricciones indebidas, entre las que ha citado “la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes”.

“Sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y la delincuencia organizada contra el trabajo legítimo de los defensores de los Derechos Humanos y los trabajadores de los medios de comunicación. Estas prácticas deben cesar”, enfatizó Bachelet.

También ha reiterado su respaldo a un diálogo social entre el Gobierno y la oposición, “con liderazgo venezolano”, instando a que se retomen las conversaciones “dándole prioridad a la participación de las mujeres y tomando como base los derechos humanos y el Estado de Derecho”.

¿Quién será el sucesor de Michelle Bachelet?

De otro lado, varias ONG han expresado que el sucesor de Michelle Bachelet en el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tendrá que tener “coraje”, especialmente frente a los países más poderosos, pidieron el miércoles numerosas oenegés, que se hiciera un proceso de selección transparente y consultivo.

En una carta abierta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, más de 60 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, piden que el futuro Alto Comisionado sea “una persona defensora de los derechos humanos con coraje y principios”.

Bachelet anunció el 13 de junio que no aspiraba a un segundo mandato a su cargo, muy expuesto, para poder pasar más tiempo con su familia y en su país. La expresidenta chilena había informado al jefe de la ONU dos meses antes, pero ninguna información se había filtrado.

La funcionaria ha sido duramente criticada en los últimos meses por Estados Unidos e importantes oenegés que le reprochan una falta de firmeza frente a las violaciones de derechos humanos en China, y la han acusado de actuar principalmente como “diplomática” y no como defensora de los derechos humanos.

En la carta enviada a Guterres, las oenegés firmantes señalan que el cargo “requiere un fuerte compromiso para luchar contra la impunidad y exigir reparación y rendición de cuentas por todas las violaciones a los derechos humanos, incluidas aquellas que hayan sido cometidas por los más poderosos Gobiernos”.

Ese papel implica “ser el principal defensor de los derechos humanos en el mundo, lo que difiere del papel de un diplomático o un enviado político”, escriben. “Mostrar solidaridad con las víctimas y denunciar públicamente los abusos debe tener prioridad sobre el diálogo amistoso con los gobiernos”, agrega la carta. Las ONG piden también que el proceso de selección sea “transparente” y “consultivo”.