Lío judicial en El Salvador: ONG categoriza de ilegal fallo que habilita a Bukele para la reelección

El primero de junio es tradicionalmente el día en que los presidentes electos de El Salvador inician sus funciones como mandatarios. Luego de este protocolo se les encomiendan cinco años a la cabeza del poder Ejecutivo para que puedan cumplir con lo que prometieron en campaña. Este ha sido el caso de Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador, la capital, y quien en 2019 se hizo con la presidencia de su nación.

Desde su campaña presidencial, Bukele había asegurado que iba a trabajar por restablecer la seguridad a lo largo y ancho del territorio salvadoreño, lo cual lo demostraron las cifras que mes a mes se iban publicando en los medios oficiales y de comunicación privados.

A pesar de estos resultados, varias organizaciones no gubernamentales tanto nacionales y como internacionales comenzaron a cuestionar los métodos que Bukele utilizaba para combatir la inseguridad en la nación.

2022 fue el año en donde Bukele sintió más presión por los miembros opositores a su modelo de gobierno, y de seguridad, junto con las organizaciones internacionales que sospechaban de su actuar frente a la guerra declarada a las pandillas, más específicamente a las Maras.

Gozando de gran popularidad en la población, estando actualmente en un 91% de aprobación de mandato con base en una encuesta realizada por La Prensa Gráfica, un medio local salvadoreño. A esta altísima cifra se une un 70% de aprobación para que Bukele sea reelegido en 2024 para otro periodo de cinco años.

Aunque las numerosas críticas que ha recibido, tanto desde el interior de la nación, como de organizaciones internacionales, no han detenido a Bukele para seguir manteniendo el modelo de seguridad que se ha impuesto en El Salvador desde su llegada al palacio presidencial cuatro años atrás.

Bukele se ha mostrado abierto a una reelección el próximo año y con base en esto la organización no gubernamental salvadoreña Fespad (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho) ha dicho que el fallo que habilita a Bukele para que pueda ser reelegido carece de legitimidad constitucional.

Con base en lo expresado por esta ONG, esta resolución: “Carece de legitimidad constitucional en la forma y en el fondo”, dado que se dio “a pesar de que la reelección presidencial está expresamente prohibida por la Constitución”.

Los magistrados que dieron luz verde para que la reelección de Bukele pueda ser una realidad fueron elegidos en 2021 por medio del Congreso, que es de mayoría oficialista, por lo que Fespad considera que el equilibrio de poderes muestra una significante carencia.

Fespad también aseveró que: “Estas acciones deslegitiman el marco legal establecido y socavan la confianza ciudadana en las instituciones y la estabilidad democrática”, y añadió: “Una de las características del actual Gobierno ha sido la interpretación antojadiza de las leyes o el uso de vacíos legales para llevar a cabo acciones que contravienen los principios constitucionales”.

Finalmente, el comunicado de la Fespad expresa: “También es una violación constitucional el régimen de excepción convertido en la política de seguridad del Gobierno y que ha traído como consecuencia la negación de la presunción de inocencia, la ausencia de debido proceso y la erradicación de la independencia judicial”.

Esta medida de régimen que enumera la Fespad ha dejado cerca de 69 mil, en donde se puntualiza desde el Ejecutivo que todos son pandilleros. Por otro lado, organizaciones internacionales y de derechos humanos han expuesto que casi 160 personas han muerto en custodia y que actualmente hay más de cinco mil denuncias de atropellos al debido proceso y de abuso policial.

El Salvador es uno de los países que más se ha visto afectado por la Mara Salvatrucha, una organización criminal esparcida por América Central y California, la cual Bukele prometió enfrentar y mitigar.