Estados Unidos reactiva sanciones contra Venezuela tras incumplir acuerdo sobre elecciones

Estados Unidos optó por no renovar la licencia número 44 que mitigaba las sanciones sobre el petróleo y gas de Venezuela como una medida punitiva contra el presidente Nicolás Maduro. Esta decisión se fundamenta en la obstrucción de la participación de miembros de la oposición en las elecciones y en lo que se describe como una “campaña de acoso” contra activistas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), que opera bajo el Departamento del Tesoro, informó que a partir del 17 de abril de 2024, la licencia general N.º 44 será sustituida por la licencia 44A. Esta nueva licencia permitirá la “liquidación de transacciones” pendientes hasta el 31 de mayo.

El gobierno del presidente Joe Biden muestra su descontento con la evolución del proceso electoral en Venezuela, especialmente desde la firma del Acuerdo de Barbados en octubre pasado. Aunque se reconoce que Maduro ha cumplido ciertos aspectos del acuerdo, se critica su falta de compromiso con su esencia.

Las autoridades venezolanas han establecido un calendario electoral y han aceptado la presencia de misiones de observación internacional para las elecciones del 28 de julio, en las cuales Maduro busca un tercer mandato. Sin embargo, según un funcionario estadounidense que prefirió mantener el anonimato en una rueda de prensa telefónica, se considera que Venezuela ha quedado rezagada en diversos aspectos, como la descalificación de candidatos y partidos por motivos técnicos.

Washington está especialmente preocupado por el hecho de que la principal rival del chavismo, María Corina Machado, siga inhabilitada, y que Corina Yoris, nominada por ella para sustituirla en los comicios, también haya sido vetada.

“Hemos sido testigos de una inquietante campaña de acoso e intimidación contra actores de la oposición únicamente por ejercer sus derechos políticos”, precisó otro alto cargo que también pidió el anonimato, refiriéndose a los siete miembros del equipo de campaña de Machado detenidos y otros tantos bajo órdenes de arresto. Con todo, Washington evita dar un portazo y romper con Caracas.

Como parte de sus programas de sanciones, la Ofac puede emitir “licencias específicas” a petición de las compañías, que evaluará “caso por caso” y que no son públicas, explicó una funcionaria en la rueda de prensa.

El ministro venezolano de Petróleo, Pedro Tellechea, lo da por sentado. “Todas las empresas que hicieron contrato conmigo hasta el día 18 (...) sacan una licencia privada”, declaró a periodistas en Caracas.

Estas licencias a multinacionales como la francesa Maurel & Prom, la española Repsol o la italiana Eni “mantendrían a Maduro interesado” en una negociación, declaró recientemente a periodistas Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, Texas, en un momento en el que Estados Unidos y Europa buscan fuentes de energía para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

La reactivación de sanciones al sector energético “no debe verse como una decisión final en la que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas e inclusivas”, añadió un funcionario en la conferencia de prensa, y precisó que Estados Unidos seguirá “interactuando con todas las partes”, incluidos “los representantes de Maduro, la oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional”. Washington parte de la base de que el Acuerdo de Barbados es el único camino viable para conseguir progresos electorales.

Pero el gobierno de Maduro se muestra desafiante. “En ningún momento dejamos de producir, de comercializar, de explotar nuestras reservas”, declaró el ministro de Petróleo. “No vamos a parar, con licencia o sin licencia”.

La producción de Venezuela se sitúa en torno a los 800.000 barriles diarios, tras tocar piso a mediados de 2020, cuando se desplomó por debajo de los 400.000, pero está lejos de los tres millones que alcanzaba hace 15 años.

Con todo, los ingresos de la petrolera estatal PDVSA pasaron de 3.000 millones de dólares en 2022 a 6.320 millones en 2023, según el Gobierno venezolano, porque el levantamiento parcial y temporal del embargo permitió restablecer envíos hacia países como India.

*Con información de la AFP.