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López Obrador se niega a darle a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico para “no legitimar el golpe de Estado”
El mandatario mexicano insistió en que la detención de Castillo “fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático”, y con el cual “no se respetó la voluntad” del pueblo peruano
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que buscan alternativas a Perú para la presidencia ‘pro tempore’ de la Alianza del Pacífico, porque no está dispuesto a legitimar el “golpe de Estado” y el gobierno “espurio” de la presidenta Dina Boluarte.
“Estamos buscando la manera de entregar la presidencia que le correspondía a Perú”, ha informado López Obrador, quien ha reprochado a las autoridades peruanas no haber permitido al expresidente Pedro Castillo salir del país en noviembre para una reunión grupo regional, así como por su posterior detención en diciembre.
En ese sentido, ha adelantado que hablará con el resto de miembros de la Alianza para buscar alternativas. “Yo no quiero entregar a un gobierno que consideró espurio, que decidan los miembros del grupo” (...) Si ellos dicen que entreguen la presidencia, lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta”, ha dicho.
“Yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer, eso es contrario a las libertades, es contrario a los Derechos Humanos, y es antidemocrático, con nosotros no cuentan con eso”, ha zanjado López Obrador.
“Lo que hay en el fondo es una actividad clasista y racista” porque “se trata de un maestro de la sierra, humilde, fue desde el principio acosado como cinco o seis intentos de destitución”, ha recordado.
El presidente mexicano es uno de los líderes de la región junto a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que más ha criticado la detención de Pedro Castillo, así como la gestión de la crisis política del Gobierno de Boluarte, cuya represión ha dejado más de medio centenar de muertos desde mediados de diciembre de 2022.
Pedro Castillo será acusado por organización criminal y corrupción en Perú
El expresidente peruano Pedro Castillo enfrenta un nuevo revés político y judicial, después de que el Congreso aprobara este viernes (17 de febrero) acusarlo constitucionalmente por “organización criminal y otros delitos”. La disposición recibió 59 votos de respaldo, 23 en contra y tres abstenciones.
“Con 59 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó el proyecto de Resolución Legislativa del Congreso, por la que se acusa al expresidente Pedro Castillo. El expediente será enviado a la fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones”, detalló el Legislativo en su cuenta de Twitter.
La decisión se conoce en el marco de una crisis política y social que se ha agudizado en el país suramericano, luego de que Dina Boluarte asumiera las funciones presidenciales. Desde diciembre de 2022 se han sucedido multitudinarias manifestaciones que acusan a las fuerzas de seguridad de represión.
En estas, los principales pedidos han buscado la dimisión de la jefa de Estado, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales (uno de los puntos más álgidos).
Los congresistas dieron luz verde a esa propuesta, después de varias horas en el pleno del Congreso. Así las cosas, la fiscal general, Patricia Benavides, podrá continuar con el proceso y formalizar la investigación contra el exmandatario, quien permanece detenido desde el 7 de diciembre pasado cuando intentó disolver el Congreso y terminó destituido.
¿Qué detalla la investigación?
En medio del debate, los sectores de izquierda afirmaron que se estaba dando paso a indagaciones sin evidencias. El documento “declara a lugar la formación de causa penal” contra el exjefe de Estado por ser “el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión”.
“El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política de Perú”, sentenció el presidente del Parlamento, José Williams, según informó el diario La República.
La Fiscalía investiga una supuesta organización criminal encabezada por Castillo Terrones que la vinculan con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en ‘confabulación’ con Juan Silva, exministro de esta cartera, y con el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. También aparecen relacionados otros funcionarios, empresarios y terceros para favorecer al consorcio Puente Tarata III, así como a otras empresas en procesos de licitación pública.