Los desafíos de Gustavo Petro frente al mundo

Colombia, a diferencia de Venezuela, que por su posición geográfica ha mirado siempre hacia afuera, ha padecido desde su fundación el síndrome del “parroquialismo”.

Sin embargo, cada día la agenda sobre asuntos domésticos se ha internacionalizado más, hasta el punto de que, con pocas excepciones, gran parte de lo doméstico se confunde con lo internacional. Eso será lo que tiene que afrontar el nuevo Gobierno.

El primer capítulo es Venezuela. En medio de las informaciones contradictorias sobre la condición de Iván Márquez, el canciller designado, Álvaro Leyva, se ha reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en San Cristóbal. La entrevista fue elogiada por Maduro y sus más inmediatos asesores. Desde hace muchos años, no se escuchaba por parte del régimen de Venezuela una palabra que no fuera ofensiva para Colombia y su Gobierno.

La normalización de las relaciones con Venezuela fue un asunto en el que todos los candidatos y precandidatos en Colombia, con excepción de uno de ellos, habían coincidido. No obstante algunas críticas, esa estrategia ha sido respaldada en general por gran parte del país y muy especialmente por los habitantes a uno y otro lado de la frontera.

No quiere eso decir que todos los problemas entre los dos países se vayan a solucionar de la noche a la mañana. Hay un largo camino por recorrer. Según la comisión de empalme, el solo restablecimiento de la atención consular en Venezuela implicará un costo de unos 26.000 millones de pesos. Para no hablar de otros aspectos.

Es evidente que las negociaciones con los grupos armados en Colombia se internacionalizaron. La incógnita de la relación con Cuba ha sido despejada con el anuncio de Petro de que los diálogos con el ELN se realizarán en La Habana. Queda atrás así la pugna por la extradición o deportación de los miembros de ese grupo armado que se encuentran en La Habana, no obstante que habían reivindicado el aleve ataque terrorista contra la Escuela de Policía General Santander.

En esta ocasión se dobla la página, ya que la Revolución cubana jamás ha extraditado o deportado a un guerrillero de cualquier nacionalidad que se encuentre en su territorio. Mucho menos si es colombiano.

Cuba ha tenido y seguirá teniendo un importante ascendiente, no solamente sobre la mayor parte de los grupos armados en Colombia, sino sobre otros sectores en el país. Ahora siendo otra vez la sede de las negociaciones con el ELN, se ha dejado de lado a varios aspirantes, entre otros a Chile, que les encantaría para su prestigio doméstico e internacional ser mediadores en un conflicto interno en otro estado. De pronto logran el Nobel de Paz…

Otro capítulo que deberá afrontar la administración Petro es el de la relación con Nicaragua. No solamente en el campo político, sino también en el jurídico. Colombia, al igual que muchos Estados del continente, ha censurado reiteradamente al régimen de Daniel Ortega, que se ha eternizado en el país con diferentes modalidades desde el triunfo de la Revolución sandinista en julio de 1979 y que ha reprimido a sus opositores y limitado la libertad de expresión.

El Gobierno tendrá que afrontar el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso con Nicaragua sobre la “plataforma continental extendida”, que puede ser en los primeros meses del año entrante.

Con los fallos de la Corte de 2007 y de 2012, Nicaragua vio enterradas sus absurdas reivindicaciones sobre las islas del archipiélago de San Andrés y la totalidad de los cayos. Era lo que desde 1913, por encima del tratado de 1928 y del fallo del presidente Loubet de Francia, había pretendido.

Incluso Daniel Ortega, desde 1979 hasta 2012, en medio de múltiples y cotidianos incidentes, alegó reiteradamente que el archipiélago de San Andrés era de Nicaragua y que el tratado mediante el cual su país había aceptado la soberanía de Colombia era nulo, ya que supuestamente había sido firmado bajo la presión de los Estados Unidos.

Colombia, en sus excepciones preliminares dentro de la última fase del pleito, tácitamente aceptó el fallo de 2012 al alegar ante la Corte que la nueva pretensión de Nicaragua no era aceptable, ya que el alto tribunal había señalado el límite en 2012. Los jueces de la Corte se dividieron en partes iguales y la decisión fue adoptada mediante el voto preferente de su presidente, un juez francés nacido en Egipto.

Se le abre también al nuevo Gobierno la delicada relación con los Estados Unidos, que ha fluctuado alrededor de los cultivos de coca, el aumento de la producción de cocaína y los derechos humanos. Respecto al problema del narcotráfico, funcionarios del nuevo Gobierno han hablado de una posible acción concertada de un grupo de países de América Latina para presentar una fórmula que fuera aceptable por los países de mayor consumo en el mundo.

Muchas veces esa estrategia se ha intentado sin resultados. Si este Gobierno lo lograra, sería un éxito. Ver para creer.

El presidente ha designado como embajadora en Naciones Unidas a una líder indígena. Aunque en ese inmenso escenario, donde hay todo tipo de personajes, esa designación no tiene mayor significación, seguramente va a generar la impresión de que Colombia es un Estado de mayoría indígena, como Guatemala o Bolivia. Precisamente, en el momento en que aumentan las invasiones de tierras en el Cauca e indígenas son masacrados por narcotraficantes. Ya veremos.

Hay un hecho que puede coadyuvar a la acción internacional del Gobierno sobre el tema de los derechos humanos: la presencia del nuevo ministro de Defensa. Aunque ha sido el más polémico de los nombramientos hechos por Petro y generado el rechazo de muchos sectores en el país, en adelante será muy difícil que se acuse al Gobierno en el ámbito nacional o internacional de la violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuando precisamente se encuentran bajo la dirección del actual presidente y su nuevo ministro.

El tema de las migraciones no lo puede dejar atrás. No solamente la de Venezuela, que seguirá causando efectos en el ámbito económico, social y de seguridad en nuestro país, sino también la procedente de los cuatro puntos cardinales y que por el “Tapón del Darién” pretende por Centroamérica acceder a los Estados Unidos. El problema se ha complicado últimamente.

Pocas veces a un Gobierno le ha tocado iniciar una política exterior tan estrechamente unida a la política interna. El nuevo canciller, que ha dado constructivas declaraciones en el sentido de que los cargos en el exterior serán provistos fundamentalmente con funcionarios de carrera, con su experiencia tendrá que afrontar los retos que se vislumbran.