"LOS MILITARES SON UNA CASTA DE PRIVILEGIADOS"

Después de haber sido uno de los pocos grupos de valientes que se opusieron abiertamente a la dictadura militar argentina, las Madres de Plaza de Mayo, ahora bajo un régimen democrático, siguen constituyendo una minoría opositora. Ellas se han convertido en las críticas más acérrimas del gobierno de Raúl Alfonsín por la forma en que éste está conduciendo la investigación y el juicio de los delitos cometidos en la lucha contra la subversión.
Ante los descubrimientos hechos por la Comisión de Desaparecidos, la cantidad de NN encontrados y el desfile diario de militares --que parece sacado de la película "Zeta"-- compareciendo ante la justicia, en apenas dos meses de gobierno constitucional, las exigencias de las Madres son consideradas por muchos como "extremadas" y "poco realistas". Ellas piden que se haga un juicio de carácter político del que resulten condenas inmediatas para todos los que de algún modo tuvieron que ver con la guerra sucia, sin reconocer los impedimentos que impone la constitución y la ley. "Si se les critica a los militares por haber combatido la subversión con los mismos métodos violentos de ésta", dijo un diputado de la Unión Cívica Radical, "no Podemos ahora castigar ilegalmente a los militares culpables, porque esto se convertiría en un círculo vicioso del que no saldríamos jamás, es comprensible que las Madres pidan venganzas, pero el gobierno constitucional sólo puede actuar dentro de la ley".
SEMANA entrevistó a Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, en una casa vieja del centro de Buenos Aires que le sirve de sede. Allí, en las paredes se veían las ajadas fotos de cientos de jóvenes en cuya existencia se puede creer sólo por la terca determinación de sus madres de no dejar que estos desaparecidos desaparecieran de la memoria de la sociedad.
SEMANA: ¿Cómo nació la Asociación de Madres de Plaza de Mayo? HEBE DE BONAFINI: Nosotros somos producto de la represión brutal que se vivió en este país desde el año 1976, cuando los militares tomaron el poder. Desde antes había habido de saparecidos, pero no tantos. Las madres de las victimas empezamos a vernos las caras en los mismos sitios, a reconocernos en las comisarías, en las cárceles preguntando por el paradero de nuestros hijos y siempre la misma respuesta: "No sabemos nada, sus hijos no aparecen con orden de detención".
Por una propuesta de una madre, Azucena Villa, ahora desaparecida, nos reunimos un grupo de doce madres el 30 de abril de 1977 frente a la Casa Rosada, en Plaza de Mayo. La idea era juntarnos allí cada semana hasta cuando fuéramos un grupo grande y pudiéramos pasar a la casa de gobierno a preguntarle al Presidente por nuestros hijos. Llegamos a ser 200 a pesar de que nos atacaban constantemente y nos amenazaban de matarnos. El 8 de diciembre de 1977 nos detuvieron, nos llevaron arrastrándonos. Después de eso muchas tuvieron miedo y volvimos a ser apenas 20. Al fin, después de dos años de lucha, en 1979, formamos la Asociación de Madres de Plaza de Mayo ante un escribano público a pesar del miedo.
S.: Tengo entendido que usted tiene dos hijos y una nuera desaparecidos.¿Nos podría contar cómo fue?
H.B.: A mi hijo Jorge le faltaban 40 días para graduarse de físico, cuando el 8 de febrero de 1977 entraron a la casa unos tipos vestidos de civil, lo golpearon, le robaron todo y luego se lo llevaron. Nunca más supe de él. Después me enteré por testimonios de presos, que lo habían llevado a La Plata a una comisaría que usaban de campo de concentración.
S.: ¿Su hijo era de izquierda?
H.B.: Sí, mi hijo era militante de un partido de izquierda y era muy inteligente. Yo no creo que haya sido guerrillero, pero si sospechaban lo han debido juzgar.
S.: ¿Y su otro hijo?
H.B.: Raúl, mi otro hijo, se lo llevaron a fines de 1977. El era sindicalista. Para terminar, a mediados de 1978 se llevaron a mi nuera, la esposa de Jorge.
S.: ¿Por qué se oponen ustedes a que sea la comisión creada por el gobierno y presidida por Ernesto Sábato la que investigue estos crímenes?
H.B.: La investigación la ha debido hacer una comisión bicameral en el Centro Cultural San Martín. Este país tiene tres graves problemas: los de los obreros, los desaparecidos y la deuda externa. ¿Por qué no solucionan las dificultades de los obreros en una escuelita con una maestra y el problema de la deuda con un cura en una iglesia? ¿Por qué estos problemas si se están tratando con el congreso, y en cambio no el de la desaparición de treinta mil personas? Nosotros no elegimos a la Comisión Sábato. Nadie la eligió.
S.: La comisión de desaparecidos tiene ayuda del personal de organismos de derechos humanos, expertos en el tema, y autoridad para exigir todos los documentos y declaraciones de personas que consideren útiles para la investigación. ¿No cree usted que ésta es tan competente como lo sería la bicameral?
H.B.: No deberían ser ellos los que piden la información. Debería ser el propio Alfonsín, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El debería pedir todos los documentos en posesión de las fuerzas de seguridad, del ejército y la policía porque ellos son los únicos que tienen esta información.
S.: ¿Usted no cree que la mayoría de los documentos que los podría inculpar ya fueron destruidos?
H.B.: No, estos documentos están ahí y sólo ellos pueden dar las pruebas de donde están nuestros hijos. Hasta ahora no sabemos nada. Ninguna de las madres ha sabido nada nuevo sobre el paradero de sus hijos desde que subió Alfonsín.
S.: ¿No cree usted que ya se estaba haciendo justicia cuando el Presidente Alfonsín ordenó el enjuiciamiento de los integrantes de las juntas militares del proceso de reorganización nacional y también del general Ramón Camps?
H.B.: Pero van a ser juzgados por militares...
S.: Sin embargo, la reforma del código de justicia militar recientemente aprobada por el congreso abre la posibilidad de apelar ante la justicia civil las condenas del consejo supremo de las Fuerzas Armadas.
H.B.: Mire, primero es absurdo que los militares nos pidan las pruebas a nosotras. ¿Qué pruebas podemos dar a los autores de los delitos? Ellos fueron los que secuestraron, torturaron y mataron, ahora vienen a que nosotras les demos las pruebas. Así no se va a poder documentar ninguna causa contra ellos. En cuanto a lo de apelar a los jueces civiles, sólo se podrá en casos extremos. Sólo si es algo tan difícil como por ejemplo si el tribunal militar dijera que alguien está muerto y nosotras lo encontramos vivo. A los militares no les van a hacer nada de esta forma.
S.: ¿No es esta conclusión demasiado prematura? Ya hay muchos Generales detenidos: Camps, Bignone...
H.B.: Esos señores están detenidos en cárceles de lujo, con aire acondicionado y con la familia. Los demás están en la calle. Un tipo como Harguindeguy que les cortaba los dedos a nuestros hijos ahora se lo ve tan campante, haciendo compras por el centro ¿Qué tenemos que esperar para que estos tipos estén presos? ¿Tenemos que mostrar a nuestros hijos con los dedos cortados para que los meta presos? Los militares son una casta de privilegiados: se los juzga en tribunales especiales y se los lleva a cárceles de lujo. Entonces, si yo hago algo malo que me juzguen las madres.
S.: El jefe de la bancada radical en diputados ha dicho que para no violar la constitución es necesario que a los militares se los juzgue en su corte natural o sea por el consejo supremo militar. De lo contrario, los culpables podrían alegar inconstitucionalidad y quedarían libres...
H.B.: Más inconstitucional e ilegal es dejar que un hombre que le cortó las piernas a un muchacho y lo tiró a pozo a que se gangrenara esté conviviendo con nosotros.
S.: ¿Cree usted que su dura crítica al gobierno constitucional les ha quitado el apoyo internacional del que siempre gozó su causa?
H.B.: No. Precisamente a fin de este mes vienen los del Partido Verde de Alemania a vernos. Las mujeres de Holanda se siguen reuniendo en La Haya en solidaridad con nosotras. La señora de Mitterrand viene a vernos este año.
S.: ¿Tienen ustedes contactos con madres de desaparecidos en otros países de América Latina?
H.B.: Bueno, nosotras tenemos contacto con las madres chilenas y uruguayas que han sufrido este horror muy cerca de nosotras. También he hablado con madres en Paraguay y en Colombia. Una vez había un partido de fútbol y pude hablar vía satélite con una representante de una organización de madres de desaparecidos en Colombia.
S.: ¿Cuál va a ser su posición de acá en adelante?
H.B.: Yo quiero que nos digan dónde están los desaparecidos vivos y que nos los devuelvan. Pienso seguir preguntando por mis hijos y por todos los de las madres hasta el último día de mi vida, dónde están, si murieron, quién y cómo los mataron. Que me pongan frente a los asesinos y que se los condene, a todos a 25 o 30 años de prisión en una cárcel común, sin privilegios.--
María Teresa Ronderos, corresponsal de SEMANA en Buenos Aires.