El orden autócrata se extiende por el mundo

“Turquía gira hacia la autocracia”. Así titularon varios periódicos la noticia según la cual el presidente Recep Tayyip Erdogan obtuvo una nueva victoria electoral que alarga su permanencia al frente del país por 15 años más. Erdogan ganó con el 53 por ciento de los votos, tras unos comicios muy criticados por su falta de transparencia. De ese modo, confirmó su poder casi absoluto, pues, el año pasado, los turcos habían votado un referendo para modificar la Constitución, con lo que el presidente absorbió los poderes del primer ministro, cargo que simplemente eliminó.

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El guion de esa película se repite en el mundo. Un líder se presenta como el ungido y, poco a poco, usa todo tipo de estrategias para perpetuarse en el poder, en una dictadura de las mayorías. En el caso turco, por ejemplo, tras el referendo Erdogan intervino el sistema judicial, e incluso impuso estados de emergencia como el que mantiene desde el “golpe de Estado fallido”, como él presentó a la opinión lo sucedido en 2016. Desde ese momento ha cerrado 160 medios de comunicación y arrestado a 60.000 personas. Erdogan, como ya es usual en ese tipo de gobernantes, usa la “amenaza externa” como pretexto para ganarse al electorado.

Lo sucedido en Turquía es un nuevo síntoma de una dolencia que avanza en muchos países: el autoritarismo nacionalista y populista como forma de gobierno. No es una casualidad la cercanía de Erdogan con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien completará 24 años en el Kremlin. Un tiempo en el que a nivel interno bloqueó a la disidencia a sangre y fuego, incluidos varios asesinatos de opositores y periodistas nunca aclarados. A nivel externo, inundó de noticias falsas y ciberataques a los sistemas democráticos para influir en las elecciones. Y los líderes de muchos países ven en esa política un ejemplo a seguir.

En Hungría, el primer ministro, Viktor Orbán, un personaje emblemático de esa tendencia, cambió la Constitución para eliminar la independencia del sistema judicial, restringir las libertades civiles, amordazar a los medios y paralizar a las organizaciones no gubernamentales. Y hace poco, convirtió en delito cualquier forma de apoyo a los refugiados. En su vecina Polonia, el gobierno de Mateusz Morawiecki ha desafiado los principios de la Unión Europea al tomar control de los medios estatales, tradicionalmente independientes, y al aprobar una reforma judicial que le permite nombrar y despedir a los jueces. Además, propició una ley que prohíbe cualquier mención al apoyo que algunos polacos le dieron al Holocausto nazi.

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En Eslovaquia y Malta, sendos periodistas que investigaban la corrupción de sus gobiernos terminaron asesinados, sin que las autoridades hayan resuelto los casos. Y en la República Checa, el primer ministro, Andrej Babis, un multimillonario dueño de dos de los periódicos más importantes, que usa para su beneficio político, enfrenta acusaciones de corrupción y fraude. Por otro lado, es un hecho aceptado en la Unión Europea que el gobierno de Bulgaria, que ejerció la presidencia rotatoria hasta esta semana, tiene fuertes vínculos con el crimen organizado. Y el de Rumania ya se ha enfrentado con Bruselas por su corrupción generalizada.

En Austria, el canciller conservador, Sebastian Kurz, tiene en su coalición de gobierno al Partido de la Libertad (FPÖ), que sacó la segunda votación en las últimas elecciones, y ha impuesto en la agenda política una postura muy dura frente a las solicitudes de asilo, prohíbe las vestimentas islámicas en las mujeres y hasta permite decomisar los teléfonos celulares a los migrantes.

El fenómeno, por supuesto, no se limita a Europa: entre los integrantes de esa cofradía aparecen, además de Erdogan, el egipcio Abdulfatah al Sisi, quien tiene preso a su antecesor; el ultranacionalista indio Narendra Modi, quien usa el resentimiento hinduista en favor de una nueva “comunidad nacional”; el filipino Rodrigo Duterte, famoso por promover escuadrones de la muerte; y el venezolano Nicolás Maduro y el nicaragüense Daniel Ortega, quienes tras eliminar todo vestigio de democracia en sus países, se mantienen en la silla presidencial a punta de bala.

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Por añadidura, en China, el presidente Xi Jinping logró hábilmente en marzo eliminar los límites funcionales y temporales de su poder, que eran uno de los avances más esperanzadores de la era pos-Deng Xiao Ping. Y de paso acabó con las ilusiones de los países occidentales según las cuales la integración económica democratizaría en forma inevitable al imperio del centro.

¿Qué pasa?

No es casualidad que Angela Merkel en Alemania y Emmanuel Macron en Francia pacten alianzas con partidos moderados para impedir la llegada de los extremistas al poder de sus países. Porque ni siquiera cuentan con el apoyo de Washington, otrora faro mundial y defensor de la democracia liberal.

En efecto, Donald Trump encaja a la perfección en el perfil del populista autoritario. A nivel interno desprecia la ley, amenaza a la prensa, tiene toda clase de conflictos de intereses y demoniza a sus opositores. Y en el campo internacional fraterniza con dictadores de la talla de Putin, Xi y Sisi, además del norcoreano Kim Jong-un. En un detalle muy significativo, cuando Xi dio su golpe para apoderarse del poder absoluto, la Casa Blanca se abstuvo de pronunciarse y lo consideró un asunto puramente interno. En una palabra, Trump destruyó la credibilidad de Estados Unidos como defensor de la democracia alrededor del mundo.

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Como si eso fuera poco, crece un fenómeno sorprendente: consultores políticos provenientes de países democráticos trabajan para regímenes como los de Rusia, Kazajistán, Turquía o Azerbaiyán, para mencionar unos pocos. Y en Europa ya son famosas las incursiones de Steven Bannon, otrora estratega de Trump, convertido en el evangelista del autoritarismo en el Viejo Continente. En países como República Checa y Francia ha protagonizado, como invitado principal, mítines en los que recibe vítores por su postura anti-Unión Europea y por “la revolución populista”, su consigna más conocida. La cruzada populista europea espera aprovechar el impacto mediático de Bannon para impulsar su agenda común: crear una confederación de Estados libres e independientes comandada por los ultraderechistas Marine Le Pen en Francia, Frauke Petry en Alemania, Beppe Grillo en Italia, Geert Wilders en los Países Bajos, entre otros.

En suma, el orden internacional liberal originado al final de la Segunda Guerra Mundial está en camino de convertirse en un espejismo. En enero, el centro de pensamiento Freedom House publicó en su reporte anual sobre la libertad en el mundo que 71 países sufren “una declinación neta de sus libertades civiles y políticas”. Y hace sus conclusiones preocupantes. Entre ellas, que el iliberalismo en ambientes democráticos dificulta enormemente la rotación de poder por medios pacíficos, es decir, que casi siempre para sacar un régimen autoritario es necesario hacer una revolución (caso Nicaragua y Venezuela); que los países autoritarios harán todo lo posible por minar las democracias en los demás; que los líderes de esa clase suelen contar con admiradores en los Estados democráticos; que los regímenes iliberales reescriben la historia (como con la rehabilitación de Mao o de Stalin, por ejemplo); y que la crisis omnipresente de los partidos tradicionales por ineptitud, venalidad o desconexión con las masas favorece el surgimiento de este tipo de regímenes.

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Los expertos concuerdan en que la enfermedad del autoritarismo nacionalista y populista no es una gripa, sino un cáncer que tiene en sus orígenes la desigualdad social y la inseguridad. Y que la única forma de derrotarlo es ofrecerle a la gente un contrato social que funcione, para contrarrestar la atracción de esos dictadores que ofrecen un espejismo de estabilidad en medio del caos. La sociedad democrática debe ser capaz de ofrecer algo más. Claramente no lo hizo ni ante los nazis ni ante los bolcheviques, y no lo hace ahora. No resulta difícil deducir las consecuencias.