Manifestantes irrumpieron a la fuerza en sede del Congreso de Ciudad de México

Autoridades de Ciudad de México han encendido las alarmas este martes, 21 de febrero, luego de que en medio de una manifestación adelantada por miembros de colectivos LGTBI+ –según precisan medios locales–, un grupo de ciudadanos partícipes de dichas protestas irrumpió de forma irregular en la sede del Congreso de ese país, adelantando a su vez una serie de actos vandálicos en su interior.

Según precisan medios locales, una vez dentro de la sede gubernamental, los manifestantes rompieron algunos vidrios e intentaron ‘grafitear’ algunas zonas del interior del recinto, empleado generalmente para los debates de control político y la creación de leyes, causando a su vez algunos daños en la zona exterior de la edificación.

A través de las redes sociales se ha difundido una serie de videos que dan cuenta, desde dentro y fuera del recinto legislativo, de las acciones adelantadas por los manifestantes, pertenecientes a colectivos trans, para ingresar al lugar, y la forma como los cuerpos de seguridad y policías antidisturbios han llegado a la zona para hacerse cargo de la situación y controlar a los usurpadores empleando extintores y gases.

Los manifestantes han hecho explícito su deseo de que, desde estos órganos encargados de formular las leyes, se derogue una serie de normativas que ellos califican como discriminatorias y que atentan contra personas de su comunidad y pacientes contagiados de VIH.

En medio de los disturbios, un grupo de comunicadores que se encontraba realizando el cubrimiento de las sesiones legislativas quedó atrapado en el interior de la edificación, en compañía de algunos funcionarios que manifestaron preocupación debido al manifiesto inconformismo de los manifestantes, y las muestras entregadas por estos de recurrir a la fuerza para lograr su cometido.

Debido a los hechos presentados a las afueras de la sede de Gobierno, más aún cuando los manifestantes consiguieron ingresar, la sesión del órgano legislativo, prevista para este martes, tuvo que ser suspendida para evitar que eventualmente los hechos pudieran escalar a mayores consecuencias, refiriendo con ello eventuales ataques en contra de los legisladores, más aún teniendo en cuenta que las propuestas impulsadas por algunos de ellos sirvieron como combustible para la indignación de los colectivos LGTBI+ en México.

Sobre el particular, algunos medios locales en México han referido que una reciente intervención adelantada por la diputada América Rangel, adscrita al partido político PAN, despertó especial indignación en la comunidad trans de la capital mexicana, al haber propuesto que, desde las mismas leyes, se pudieran crear instrumentos orientados a evitar que miembros de referida comunidad, aún menores de edad, puedan tomar, de forma autónoma, la decisión de realizarse operaciones para cambiar de sexo.

En ese sentido, la referida legisladora advirtió que decisiones como esas deberían esperar hasta que los ciudadanos fueran mayores de edad y estuvieran en plena capacidad de tomar decisiones, advirtiendo que dar posibilidades previas podría representar un error en casos en los que, más adelante, las personas objeto de esas intervenciones pudieran arrepentirse de ello.

En los exteriores de la sede de gobierno, según reportan medios mexicanos, se pueden percibir algunos grafitis realizados en la presente jornada por los manifestantes, en los que se llama al respeto por las decisiones de los individuos, se rechazan las muestras de discriminación y se arremete directamente en contra de la referida diputada del partido PAN.

El artículo discriminatorio que también enciende la llama de la protesta

En las exigencias de la masa manifestante, se destaca la solicitud de derogación del artículo 159 el Código Penal que aplica para la capital de México, en el que se establece que las personas contagiadas de enfermedades ‘graves’ que pongan en peligro a otras al realizar prácticas sexuales u otros medios en que se pueda pasar la enfermedad, son susceptibles de una condena de “prisión de tres meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa”.

En ese mismo artículo se establece que “si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrá prisión de tres meses a diez años y de quinientos a dos mil días de multa”.

Los manifestantes advierten la necesidad de derogar dicho mandato al considerarlo discriminatorio en contra de la población que padece VIH.