Más de 17.000 pandilleros detenidos en 30 primeros días del estado de excepción en El Salvador

La Policía de El Salvador ha detenido a un total de 17.143 pandilleros desde el comienzo del estado de excepción para combatir la ola de asesinatos en el país centroamericano, impuesto a finales de marzo y recién ampliado.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la Policía salvadoreña ha informado de que el domingo los agentes detuvieron a 1.090 pandilleros. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha hecho eco de la cifra en la red social y ha garantizado continuar con la llamada “guerra contra las pandillas”.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el domingo la ampliación del estado de excepción declarado para combatir a las pandillas después de una petición por parte Bukele, por lo que la medida estará vigente 30 días más.

Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones “defienden a los pandilleros”. Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.

Por encima de todos: Nayib Bukele y su lucha contra las pandillas

Después de unos meses de relativa calma en materia de seguridad, los asesinatos en El Salvador se dispararon hasta niveles históricos, en algunas ocasiones superando los registros que se vivían durante la guerra civil. Ejemplo de esto, es que hace tres semanas el país vivió uno de los fines de semana más violentos de su historia reciente, con 87 homicidios.

De estos asesinatos, 62 fueron en un solo día, cifra que superó los 51 homicidios registrados en un día en agosto de 2015. Estos números son los más altos desde el fin del conflicto interno del país y desconcertaron, pues parecía que nunca se iban a volver a alcanzar. Ante esto, Bukele aumentó su apuesta contra las pandillas y parece lejos de dar reversa en su lucha.

La primera medida del presidente fue solicitar al Congreso aprobar el estado de excepción, que según la Constitución puede ser aplicada en ciertos escenarios. “En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras calamidades generales, o graves perturbaciones del orden público”. Con esto, el Gobierno pudo limitar la libertad de asociación, suspendió el derecho de ser informado de las razones de arresto, amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y además permite a las autoridades intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos.

Operativos militares y policiales las 24 horas con las Fuerzas Armadas con armamento avanzado se volvieron una constante en el país durante semanas en las que el Gobierno, además, volvió a pasarse por la faja las denuncias de tortura y trato inhumano contra los pandilleros presos, que hicieron los organismos internacionales y la oposición de Bukele.

Los miembros de la Mara Salvatrucha y otras organizaciones criminales fueron sacados de nuevo de sus celdas, primero fueron esposados con las manos atrás, fueron mezclados con las pandillas rivales y de nuevo puestos en ropa interior y tapabocas amontonados dentro de los penales, pero con una diferencia: se les aisló totalmente de la luz del sol y se les racionó de manera extrema la comida.

Asimismo, durante el periodo de excepción, el Gobierno amenazó a los pandilleros en múltiples ocasiones, diciendo que si no dejaban de delinquir y asesinar, sus compañeros en prisión iban a sufrir las consecuencias. Incluso, el mismo presidente dijo que si la situación no cambiaba, les iba a quitar del todo la comida a los presos, recalcando que poco le importa lo que piensen los organismos internacionales.

Esto, a la luz de las declaraciones de distintas ONG y la misma ONU, que mediante su secretario general, António Guterres, dijo que esperaba que “las medidas que se adopten estén en línea con las leyes y estándares internacionales de los derechos humanos”. Bukele, por su parte, respondió diciendo: “Vengan a llevarse a estos pandilleros si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno”.

Los medios de comunicación tampoco salieron exentos de la mano dura del mandatario, ya que aprobó sanciones para aquellos que difundieran los mensajes de los pandilleros contra el Gobierno y la ciudadanía. “Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo (...) Ahora nosotros haremos eso con las pandillas”, dijo Bukele.

El cambio drástico de la política contra las pandillas de Nayib Bukele es que la dura respuesta contra los grupos criminales pasó de centrarse en los penales a las calles, algo que el Gobierno califica como un gran éxito.

Ante la oleada de detenciones que parecen estar lejos de parar, Bukele anunció la construcción de una nueva cárcel para más de 20.000 presos, sin especificar cuándo y en dónde será construida. Actualmente, se estima que hay más de 70.000 pandilleros en El Salvador entre activos y capturados.

El gran dilema con las polémicas medidas de Bukele es que, para bien o para mal, están funcionando, según las estadísticas gubernamentales. En las redes sociales del presidente, que se han convertido en su principal forma de comunicación, mostró que durante la Semana Santa hubo cuatro homicidios en total, lo que la llevó a calificarla como la más pacífica de la historia reciente de El Salvador. En comparación, en 2015 existieron más de 100 homicidios en esa fecha.

*Con información de Europa Press.