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Más de 400 personas que participaron en el ataque al Gobierno de Brasil fueron liberados este viernes; 942 siguen presos
En los días posteriores a la asonada, la justicia determinó que por motivos humanitarios fuesen liberados, bajo investigación, casos especiales como ancianos, embarazadas y madres de hijos pequeños.
Este viernes, 464 personas que fueron capturadas por haber –presuntamente– participado en la violenta asonada en Brasilia fueron liberadas por un juez del Supremo Tribunal Federal, STF. Aún permanecen detenidas 942 personas, de acuerdo con los informes de las autoridades brasileñas.
Un total de 1.406 sospechosos
El juez Alexandre de Moraes concluyó el análisis de 1.406 casos de las personas sospechosas de estar involucradas en la invasión y saqueo de las sedes de los poderes públicos.
Más de 2.000 personas han sido detenidas desde el 8 de enero, cuando miles de seguidores del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro asaltaron la Presidencia, el Congreso Nacional y la Corte Suprema. Los manifestantes destruyeron muebles, obras de arte invaluables y parte de la infraestructura de los lugares que invadieron.
El asalto se produjo una semana después de la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en las presidenciales de octubre por un estrecho margen de 1,8 %.
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En los días posteriores a la asonada, la justicia determinó que por motivos humanitarios fuesen liberados casos especiales como ancianos, embarazadas y madres de hijos pequeños, entre otros, para responder en libertad.
Moraes decretó la prisión preventiva de 942 personas bajo el argumento de que hay evidencias de que los detenidos participaron en actos de “terrorismo”, asociación criminal, abolición violenta del estado de derecho y golpe de Estado.
Para el juez, los detenidos podrían haber incurrido en conductas “ilícitas y gravísimas”, y la prisión preventiva, que es indeterminada, es necesaria para “garantizar el orden público y garantizar la efectividad de las investigaciones”.
Los 464 detenidos que quedarán libres bajo condición provisional tendrán que hacer uso de una tobillera electrónica monitoreada por las autoridades y se les prohibirá el uso de redes sociales.
En estos casos, el juez indicó, aunque haya fuertes indicios de autoría y participación en delitos, especialmente en el intento de deponer a un gobierno legalmente constituido, hasta el momento no fueron recolectadas las pruebas necesarias.
Las 1.459 audiencias relativas a los 1.406 casos fueron realizadas entre el 8 y el 17 de enero, dijo la corte.
Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos dos días antes de terminar su mandato y de la transmisión de mando, está siendo investigado por las autoridades brasileñas bajo sospecha de instigar el ataque.
El exmandatario, quien durante años sembró dudas sobre la transparencia de las urnas, es objeto de 16 investigaciones por irregularidades electorales, rechaza los señalamientos.
¿A qué penas se enfrentan quienes continúan presos?
De acuerdo con el testimonio del abogado Philipe Benoni, presidente en Brasilia de la Asociación Nacional de Abogados Criminalistas, y quien conversó con el diario El País de España, las penas a las que se enfrentan los cientos de brasileños detenidos podrían llegar hasta los 30 años.
Benoni asegura que la defensa de estos sindicados no será nada fácil: “Claramente, las penas sumadas pueden llegar a más de 30 años. Hay que entender que fueron actos graves, sin precedentes en la historia de Brasil. Ni el golpe de 1964 llegó a esa magnitud y (no tuvo la) osadía de invadir las instituciones de aquella forma, los tres poderes”, resume para El País.
La mayoría estaba en un campamento, instalado hace dos meses frente a un comando del Ejército, desde donde exigían la intervención de los militares para impedir la llegada de Lula a la Presidencia, elegido en las urnas en octubre.
Todos los detenidos se encuentran en una condición que es la de “detenidos in fraganti”, una condición legal distinta a la de prisión preventiva o prisión temporal y que es difícil de predecir, respecto a la forma como podría terminar, para los arrestados.
*Con información de la AFP.
