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Merkel y los socialdemócratas alcanzan un acuerdo de gobierno en Alemania
Después de 136 días de negociaciones, la canciller alemana concretó el acuerdo de coalición con los socialdemócratas para gobernar Alemania.
Los conservadores de la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas alemanes alcanzaron este miércoles un acuerdo de coalición gubernamental, poniendo fin posiblemente a cuatro meses de punto muerto político en la primera economía europea.
"Tenemos un contrato de coalición" entre los demócrata-cristianos (CDU/CSU) y el Partido Social Demócrata (SPD), anunció el ministro de Finanzas y de la Cancillería, Peter Altmaier, tras una última ronda de negociaciones de 24 horas seguidas en Berlín.
"Estamos satisfechos", indicó por su parte Alexander Dobrindt, uno de los principales negociadores de la CSU.
Ante las reticencias del SPD para aliarse de nuevo con los conservadores, estos tuvieron que hacer varias concesiones. Los socialdemócratas de Martin Schulz obtendrán así varias carteras clave, como la de Finanzas, según el contrato de coalición, del que la AFP obtuvo una copia.
Ruptura en Finanzas
Esto marca una ruptura con la herencia del ortodoxo Wolfgang Schaeuble, conservador y titular de Finanzas durante ocho años, hasta finales de 2017. Según la prensa, la responsabilidad la asumirá Olaf Scholz, alcalde de Hamburgo, la segunda ciudad del país, y una figura respetada del SPD.
Los socialdemócratas alemanes obtendrán también los ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo, Familia, Justicia y Medioambiente.
Los demócrata-cristianos (CDU) de Merkel controlarán Defensa, Economía y Energía, Sanidad, Educación y Agricultura. Sus aliados bávaros (CSU) liderarán el Ministerio del Interior y la Patria, el de Transportes y el de Desarrollo y Cooperación Económica.
Según varios medios alemanes, Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, podría convertirse en jefe de la diplomacia alemana y dejar la presidencia del SPD.
Este reparto de carteras representa un importante avance para el SPD respecto a la gran coalición del gobierno saliente (2013-2017) en el que también participaba.
A Angela Merkel no le quedaba margen de error si quería permanecer en el poder. En las elecciones legislativas de septiembre, marcadas por el repliegue de los partidos tradicionales y el avance de la extrema derecha, no proporcionaron una mayoría clara en la cámara de diputados.
La canciller se veía obligada a entenderse con el SPD, con el que negociaba desde principios de enero, después de no haber logrado formar una coalición con los Liberales y Los Verdes en noviembre. Desde octubre se limitaba a gestionar los asuntos corrientes, lo que le hizo perder brillo en el escenario internacional.
Las discusiones se atascaron en la cuestión del gasto militar y, sobre todo, en el mercado de trabajo y una reforma de la seguridad social dirigida a reducir las desigualdades entre la sanidad pública y privada.
Para comenzar su nuevo mandato de cuatro años, la canciller, de 63, aun tiene que superar un importante obstáculo: el del voto de los alrededor de 460.000 militantes del SPD, que se pronunciarán en una consulta interna por correo que se llevará a cabo durante varias semanas.
El partido alemán, creado a finales del siglo XIX, sigue muy dividido sobre la decisión de apoyar un nuevo Ejecutivo liderado por los conservadores del bloque CDU-CSU.
Si los militantes rechazan el acuerdo de coalición, la canciller se enfrentará a un difícil decisión: o formar un gobierno en minoría o celebrar nuevas elecciones, dos escenarios inéditos en la Alemania de la posguerra.
Tanto el SPD como los conservadores temen unos nuevos comicios, de los que se beneficiaría sobre todo la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), como muestran los últimos sondeos, y complicarían aún más la búsqueda de mayorías.
La extrema derecha conmocionó la escena política al lograr en septiembre 13% de los sufragios, aprovechando la preocupación generada por la llegada a Alemania de más de un millón de solicitantes de asilo desde 2015.
En este terreno, el contrato de coalición prevé limitar su número a entre 180.000 y 220.000 al año, como deseaban los conservadores. También limita la reagrupación familiar de los refugiados.