Miles de demandas para reparar daños de la crisis de opioides en EE. UU.

Miles de municipios y condados han emprendido uno de los litigios más complejos de la historia para hacer rendir cuentas a los responsables de los fallecimientos por adicción a los opioides y ayudar a pagar los daños causados.

El viernes, el fabricante de medicamentos Johnson & Johnson y tres grandes distribuidores confirmaron que van a pagar 24.500 millones de dólares para poner fin a la lluvia de demandas en los tribunales. Pero hay en curso muchos otros litigios.

“En 2014 denunciamos ya que estábamos preocupados por la agresividad de los fabricantes para incitar al consumo de opioides, que llevaba al abuso, y el consecuente impacto devastador para las comunidades”, cuenta James Williams, responsable jurídico del condado de Santa Clara, en California.

El objetivo era doble, explica a la AFP: responsabilizar a las empresas de sus actos y recuperar dinero. Por la crisis de los opioides, el condado tuvo que gastar más en sus hospitales, programas de salud mental, servicios sociales, ayuda a las personas sin hogar, etc.

El condado, asociado a otros municipios, perdió el juicio en primera instancia el año pasado contra los fabricantes, pero apeló. Al mismo tiempo, participa en las negociaciones con las empresas que desean llegar a un acuerdo para evitar la justicia.

¿Será suficiente el dinero pagado? “Nunca compensará la muerte de las personas en el país a causa de los opioides”, dice Williams. Y “los miles de millones de dólares previstos en los acuerdos representan poco en comparación con las necesidades”, agrega.

Evitar el ejemplo del tabaco

Estados Unidos ya ha conocido grandes batallas judiciales relacionadas con el tabaco, el amianto, los pesticidas, pero en la crisis de los opioides todo parece alcanzar una amplitud mayor.

“Los demandantes son numerosísimos no solo en cantidad, sino también en variedad”, dice Mark Lanier, abogado contra las cadenas farmacéuticas: los estados, los condados, las ciudades, las tribus nativas, hospitales, grupos que representan a bebés nacidos prematuramente.

Usuarios que se hicieron dependientes o sus familiares también emprendieron acciones judiciales individuales, pero las compañías respondieron que la culpa era de los toxicómanos y su punto de vista prevaleció. Pero en nombre del interés público, las colectividades han tomado el relevo.

Si tantas entidades decidieron dar la batalla, fue en parte para no repetir lo que ocurrió con el tabaco, dice Christine Minhee, jurista que dirige una página web en la que censa los diferentes procesos.

Tras un acuerdo en 1998 con las grandes tabacaleras, el sector se comprometió a pagar unos 246.000 millones de dólares a lo largo de 25 años, al tiempo que pagaba impuestos importantes.

Pero menos del 3 % de estos fondos sirven para financiar programas para prevenir el tabaquismo o ayudar a los fumadores a dejar el tabaco, calcula la Campaña para Menores sin Tabaco. La gran mayoría del dinero va a parar a los presupuestos generales, que sirven, por ejemplo, para construir carreteras. Las colectividades “han dejado de confiar en los estados para redistribuir el dinero”, dice Minhee.

Para Alexandra Lahav, jurista de la Universidad de Connecticut, el funcionamiento del sistema jurídico estadounidense también influye: mientras los estados están representados por fiscales, pagados por el servicio público, la mayoría de las colectividades están representadas por abogados “que tienen interés financiero en que prosigan los casos”.

Recetas

Al otro lado, los acusados son también particularmente numerosos. Los fabricantes de opioides como Purdue o Johnson & Johnson, a los que se reprocha que incitaran a los médicos a recetar en exceso esos analgésicos pese a conocer el potencial adictivo que tenían. Algunos se declararon en quiebra y su caso se ventila en tribunales específicos.

También están en el punto de mira los distribuidores de opioides, así como las farmacias que se los vendieron a los pacientes. Por razones prácticas, más de 3.000 denuncias han sido agrupadas ante el juez Dan Polster, en Ohio.

Al mismo tiempo que promueve acuerdos entre las partes, ha iniciado algunos juicios a modo de prueba. El abogado Steven Skikos participó en las negociaciones que concluyeron con el pago de 665 millones de dólares a las tribus nativas, particularmente golpeadas por la crisis de los opioides.

Bajo el impulso del juez, que creó comités específicos, los denunciantes rápidamente constituyeron un frente común, explica a la AFP este asiduo de los juicios contra las compañías médicas.

“No hay duda de que se trata de un caso muy complicado”, dice. Pero los interrogantes jurídicos siguen siendo los mismos: “¿Son responsables los acusados? ¿En qué medida causaron los daños?”.

*Con información de la AFP.