MILITARES: BOTAS GASTADAS

Mientras en la noche del miércoles pasado, el general Guillermo Vildoso Calderón asumía el gobierno de Bolivia, tras la forzada renuncia del general Celso Torrelio, un paro nacional de protesta encabezado por la poderosa central obrera COB, rechazaba la decisión de la cúspipide militar de imponer a espaldas del pueblo un nuevo presidente.
El paro ocasionó el retardo de la posesión, durante 9 horas, aunque el jefe de la Casa Militar, Víctor Hugo Balderrama, adujo la no llegada de todos los nuevos ministros como razón para haber postergado el acto.
Vildoso, 45 años, es considerado como parte de la línea dura de las fuerzas armadas, donde se desempeñó hasta el 21 de julio como jefe del Estado Mayor del Ejército. En su primer discurso como presidente prometió entregar el poder el 6 de agosto del año entrante, a quien resulte ganador de unas elecciones generales, que serían realizadas el 24 de abril de 1983. Pero tal declaración ha sido recogida con excepticismo por sectores civiles, duchos conocedores de que en su país las definiciones políticas de retorno a la democracia son un tanto aleatorias.
De todas formas, la presión que sobre el estamento militar boliviano ejercen los más diversos sectores de la sociedad para la constitucionalización del país, es cada vez más creciente y sostenida.
Encabezando esa presión se hallan los trabajadores de la COB quienes el 5 de julio realizaron una exhibición de fuerza al hacer desfilar por las calles de La Paz a más de 50.000 personas, en protesta por la política económica de Celso Torrelio, y la presencia en el poder de los militares durante 18 años últimos, con excepción de menos de 20 meses de gobiernos civiles.
Tal protesta tuvo lugar cuatro días después de que fracasara el diálogo entre la COB y el gobierno militar, iniciado bajo auspicio de este último. El objetivo de Torrelio era llegar a un "acuerdo nacional" entre su administración y los sectores políticos, sindicales y empresariales y que posibilitara el retorno de Bolivia al sistema democrático.
Aunque los empresarios concurrieron al diálogo, la COB lo desahució, ante la negativa del gobierno de efectuar las reuniones en forma pública, ante la prensa. Otro obstáculo lo constituyó la no convergencia de opiniones entre la parte empresarial y la central obrera, sobre cómo remontar la crisis económica. Para los empresarios la solución consistía en llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que para la COB ese organismo financiero pretende imponer condiciones intolerables para los trabajadores.
El FMI ha postergado varias veces, desde septiembre de 1981, una solicitud de préstamo de 119 millones de dólares que le formulara el gobierno de La Paz, ante el total agotamiento de las divisas. La falta de una política económica coherente de los militares ha colocado a varios nacionales al borde de la bancarrota. La elevación -por ejemplo- de la cotización del dólar en un 550% ( en marzo pasado desató protestas de las Cámaras de Industria y Comercio al revelar que el sistema de cambio mixto flotante amenazaba con quebrar a varias empresas de su sector.
De hecho, en vísperas de la posesión del general Vildoso, los bancos privados y estatales se vieron obligados a cerrar sus puertas por carecer de circulante.
Encarando esta situación, el gobierno de Celso Torrelio Villa sufrió un rápido desgaste político, máxime por ser visto como el sucesor directo del presidido por el general Luis García, quien derrocara el 17 de julio de 1980 a Lidia Gueiler Tejada y fuera acusado de corrupción, violación de los derechos humanos y vinculación con el narcotráfico.
Su sucesor, ante el embate de las corrientes civilistas, anunció en marzo pasado que convocaría la elección de una asamblea constituyente que remodelara la superestructura jurídica irracional del país, que conoce la existencia de setenta partidos para apenas 2 millones de electores, y que fracasó en la designación de un presidente de la República tras las elecciones de 1978, 1979 y 1980.
Vildoso, ante el panorama explosivo que ha heredado, prometió además, plenas garantías para los sectores sindicales y elaborar un "plan de emergencia a corto plazo" para buscar la recuperación económica.